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Nicolás Cendoya, exdirector de Ursec (archivo, setiembre de 2017).

Foto: Federico Gutiérrez

Cadena de radio religiosa adquirió una nueva emisora en Montevideo

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La Ursec estudia si excede los límites de concentración y si conforma un grupo económico con la iglesia católica.

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La cadena internacional Radio María, que nuclea a un conjunto importante de radioemisoras católicas en varias partes del mundo, desembarcó en Uruguay en 2005, y desde su llegada al departamento de Florida no ha parado de crecer. Actualmente se puede escuchar su contenido durante todo el día en 103.3 FM de San José, 104.5 FM de Florida, 1470 AM de Melo, 104.5 FM de Tacuarembó y 95.9 FM de Artigas.

A principios de este mes, como anunció a fines de noviembre la diaria, este grupo económico sumó una nueva emisora a su repertorio: Radio Imparcial. El 3 de diciembre, el Ministerio de Industria, Energía y Minería autorizó la transferencia de la titularidad de esa radio de Montevideo a nombre de Faditur SA, representante del mencionado grupo radial, cuyo único accionista e integrante es Miguel Alberto Tornaría Bentancur.

Tornaría también es titular de Radio María de Tacuarembó, ex FM Gaucha. La investigación Mapa de la radiodifusión en el ámbito departamental y regional, del actual relator especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, informó en 2010 que el año anterior Faditur SA, de Tornaría Bentancur, había adquirido FM Gaucha y, si bien en la transferencia no se hace ninguna referencia a Radio María, el autor sostiene que desde entonces la radio “pertenece a esa conocida cadena de emisoras católicas”.

Según el estudio, Radio María tenía en aquel momento presencia en 40 países y registraba en Uruguay una “cobertura de audiencia semanal del orden de 12%”. Lanza sostuvo en su investigación que la presencia de la cadena en nuestro país volvía a instalar el debate sobre el “usufructo de un bien público con objetivos de proselitismo religioso, así como la utilización de frecuencias apenas como repetidoras de contenidos de producción internacional”. También apuntó que las difusoras de Radio María, además de superar el “límite legal de concentración”, promovían “muy pocos proyectos comunicacionales locales” y que se habían perdido puestos de trabajo “en las emisoras adquiridas o subarrendadas”.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), en su artículo 53, prevé que una persona física o jurídica privada no puede obtener “la titularidad, total o parcial, de más de tres autorizaciones de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos para prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias [...] en todo el territorio nacional”. Esta prohibición también alcanza a los integrantes de un grupo económico “que tiene personas o empresas que son titulares de dichas autorizaciones”.

Radio María, según una investigación que publicó la diaria el 23 de noviembre, es uno de los principales aliados de la iglesia católica en su proyecto envangelizador, que incluye a tres emisoras propias: Radio Oriental, Encuentro FM (San José de Mayo) y Nueva Radio (Salto). Si bien en esa oportunidad una fuente del Departamento de Comunicación Social de esa iglesia negó que tuvieran relación con el grupo Radio María, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) comenzó una investigación para analizar si conforman un grupo económico y, por tanto, si han superado el límite de concentración establecido por la LSCA.

Nicolás Cendoya, director de la Ursec, dijo a este medio que, a raíz de esa investigación periodística, el organismo comenzó un proceso de investigación para chequear si la misma persona jurídica era dueña de todas las radios y si Radio María conformaba un grupo económico con la iglesia católica. “Nos pueden haber engañado con la declaración jurada, habría que estudiar cada declaración y ver. Si hay un error, habrá que corregirlo”, afirmó.

“Para constatar que existe un grupo económico, obviamente tenés que investigar. Yo te puedo decir ‘me huele a tal cosa’ pero sería una irresponsabilidad terrible, y además las personas tienen que tener la posibilidad de defenderse. Por ahora lo que tenemos es un expediente donde se está investigando el tema”, acotó Cendoya.

Las retransmisiones, además, están reguladas por la LSCA en su artículo 59. Allí se establece que toda emisora de radio o televisión, para retransmitir en forma “reiterada” o “permanente” los programas de otra, deberá contar con una autorización de la Ursec hasta que se cree el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), al que corresponderá esa competencia. Además, se establece un tope máximo para los tiempos de retransmisión: no pueden abarcar más de 70% de la emisión diaria total.

Cendoya explicó que la Ursec está a la espera de que se cumpla el plazo establecido por la ley para que las empresas que superen los límites de concentración regulen su situación. La fecha límite es el 25 de enero del próximo año, y después de eso la Ursec (si no se creó aún el CCA) hará un “paneo por todo el país”. “En los casos en que se ha constatado sospecha hemos pedido que se instruya e investigue, pero no son investigaciones que se hagan en 24 horas”, señaló.

“Obviamente, si alguien retransmite todo el día en primer lugar está infringiendo la ley, y en segundo lugar genera sospecha. Si constatamos que eso sucede, con la debida oportunidad de defensa tenemos que sancionarlos e intimarlos a que regularicen su situación. De todos modos, aún no tengo ninguno de esos elementos arriba de la mesa”, explicó.

La consecuencia

Ya en 2010, en Mapa de la radiodifusión en el ámbito departamental y regional se constataba que la llegada de Radio María a distintos puntos del país generaba un impacto laboral en los medios que pasaba a utilizar. “En varios de estos lugares, la compra despertó reacciones de los trabajadores de las emisoras, muchos de los cuales fueron despedidos para ser sustituidos por una computadora que repite la programación de la emisora situada en la ciudad de Florida”, sostiene Edison Lanza en esa investigación.

La compra de Radio Imparcial por parte de la cadena religiosa conllevó el despido de cinco trabajadores. Uno de ellos era periodista y operador de radio, contó a la diaria el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Fabián Cardozo, y agregó que a raíz de ese hecho se pusieron en contacto con los nuevos dueños de la radio para buscar una solución. “A nosotros nos preocupa que surja un cambio tan radical de titulares y en poco tiempo; es algo que hay que atender. Nos preocupa que venga un grupo y despida a trabajadores así”, recalcó.

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