Con la compañía del secretario general de la comuna y su secretario particular, el intendente de Artigas, Pablo Caram, asistió el jueves 6 de diciembre a la Junta Departamental para responder las preguntas que los ediles le habían formulado por escrito mediante varios pedidos de informes. Luego de que su equipo hablara sobre diversos temas, el intendente le otorgó el uso de la palabra a los ediles.
El edil colorado Francisco Bandera comenzó su discurso cuestionando el estado de algunas obras que se hicieron recientemente en el departamento. Dijo que el “ojo humano” podía captar a simple vista algunos errores, como los del cantero central de la calle Bulevar Artigas de la ciudad de Artigas, que quedó “desprolijo, con distintas medidas y roto”. Se constató además, continuó el edil, que la comisión de contralor de la comuna “estaba fallando” porque no había “advertido estos errores”, y deslizó que, quizás, si no se hubiera “adjudicado tan rápidamente” la extensión de la licitación para la misma empresa que había hecho la obra en Bulevar Artigas, el problema se podría haber subsanado. Bandera mencionó que existen 16 licitaciones que tienen “vicio de conjunción de intereses”, en las que uno de los miembros de la comisión de adjudicación de las obras es hermano de uno de los socios del dueño de la empresa adjudicataria, y “esto, en otro lugar del mundo, se llama corrupción”, sentenció.
Luego de escuchar esas palabras, el intendente se paró de su asiento y se retiró de sala.
El fondo del asunto
Bandera dijo a la diaria que la actitud del intendente fue “bochornosa” porque se fue de sala “haciéndose el ofendido” y no contestó ninguna pregunta. Para el edil, Caram se puso el “sayo solito” y acotó que, después de esperar tanto tiempo, esperaban que diera explicaciones, pero lo que hubo fue “victimización”. Caram, por su parte, dijo a la diaria que él no va a estar “aguantando atrevimientos” y por eso se paró y se fue. “¿Cómo un edil va a decir que hay actos de corrupción si no tiene pruebas?”, retrucó el intendente, que sostuvo que “todo tiene un límite”.
El tema que suscitó la polémica en la sesión fue presentado por el edil colorado a la Justicia en agosto de este año y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Bandera explicó que la comuna le ha otorgado 16 licitaciones, desde junio de 2015 a febrero de 2018, a un grupo económico encabezado por Rodrigo Jiménez. El empresario tiene tres empresas: Prenorte y Rodrigo Jiménez Felice, vinculadas al ramo de la construcción e infraestructura vial, y Pedrera del Norte, vinculada a la venta de piedras, arcilla y arena. En esta última empresa, según consta en el registro de Registro Único de Proveedores del Estado, Jiménez figura como socio de Martín Bicera. “El problema es que el contador Omar Bicera, que trabaja en la unidad de proyectos de la Intendencia de Artigas, integró la comisión de adjudicaciones, en las que se le otorgaron las 16 licitaciones al socio de su hermano”, detalló Bandera. Asimismo, continuó el edil, se constató que a Pedrera del Norte, empresa de la que Martín Bicera es socio, se le hacían compras directas. Según la información que recibió de la intendencia por medio de un pedido de informes, el grupo económico recibió un total de unos cuatro millones de dólares por estos negocios. “Cuando digo que hay conjunción de interés es porque el hermano de uno de los socios participa en la comisión de adjudicaciones. Y lo digo textual: esto, en cualquier parte del mundo, se llama corrupción”.
“Son hermanos, pero no tienen nada que ver con la empresa constructora”, manifestó Caram. Agregó que las adjudicaciones fueron a una de esas empresas, que es de Rodrigo Jiménez y su esposa, y esa empresa constructora “le compra las piedras al hermano de [Omar] Bicera [es decir, a Pedrera del Norte]. Nada más”. Además, valoró como positivo que esa empresa gane las licitaciones porque es oriunda de Artigas. “Cuando gana gente de Artigas yo me quedo bien contento, porque eso significa trabajo para Artigas”, acotó.
Show
Otro de los puntos cuestionados por el edil colorado fue los gastos en la organización del show del cantante Martinho da Vila. Con su gira 8.0, el 20 de octubre, el cantante de samba llegó al estadio Matías González para brindar un espectáculo a los artiguenses. Según la información proporcionada por la comuna al edil, el artista recibió unos 32.000 dólares más IVA y un total de 4.400 dólares de viáticos para él, la productora y sus músicos. Ante el pedido de información a la comuna, se dio información sobre algunos gastos que, en total, suman 2.399.556 pesos. Pero Da Vila, además, recibió pasajes aéreos ida y vuelta de Río de Janeiro a Montevideo, un taxi aéreo ida y vuelta de Montevideo a Artigas, servicio de seguridad para él y su staff, un auto de lujo para circular por el departamento, un micro de transporte de Montevideo a Artigas para los músicos y 14 habitaciones de hotel para una noche. Todas estas exigencias del artista aparecen en el contrato firmado con la Intendencia de Artigas, explicó Bandera. Según aseguró, la comuna hasta el momento no informó cuánto se gastó en todas estas demandas. “Se habla de un global de tres millones de pesos. Queremos saber si con el show se recuperó el dinero o no y nadie nos da las respuestas”, afirmó.
Esa cifra, retrucó Caram, está “inflada”. Sostuvo que aunque pensaban que concurriría más gente, la comuna pudo recaudar dinero. “Metimos a unas 3.600 personas y también pusimos una entrada popular a 50 pesos, los palcos costaban 1.600 pesos”, dijo.
Diputado suplente contratado
El viernes pasado El Observador informó sobre la contratación del diputado suplente por el Partido Nacional, Remo Monzeglio, para que asesore sobre turismo a la comuna. En dialogo con ese diario, el edil colorado aseguró que derivará el caso a la Jutep. “Tiene actuación en el Parlamento como diputado suplente y trabaja para la Intendencia de Artigas, eso no se puede hacer”, remarcó a la diaria el edil.
Monzeglio es diputado suplente por el departamento de Canelones del diputado Amin Niffouri, de la lista 400, que apoya al líder del sector Todos, Luis Lacalle Pou, y del diputado Sebastián Andújar, del sector Todos. Luego de detectar un pozo de agua termal, la comuna lo contactó para desarrollar un proyecto turístico y buscar inversores, explicó Monzeglio a la diaria. Ante la duda sobre una eventual incompatibilidad de su cargo como diputado suplente y el trabajo en la intendencia, el empresario consultó a dos organismos para ver si podía asumir la banca. En 2016, la Cámara de Diputados lo convocó para ingresar como diputado titular en la sesión del 2 de junio. “En ese momento, a mí se me plantea la misma duda”, dijo Monzeglio, por lo que el empresario se contactó con la presidencia y la secretaría de la cámara baja y les notificó que, en ese momento, estaba bajo un régimen de contratación, por un plazo de un año, con la Intendencia de Flores y les preguntó, teniendo en cuenta el artículo 91 de la Constitución –que establece que “no pueden ser representantes” los empleados de los gobiernos departamentales–, si estaba habilitado. Si bien le respondieron que “no encontraban impedimentos”, le transmitieron que si tenía alguna duda hiciera la consulta al organismo que lo proclamó legislador.
El empresario planteó la misma consulta a la Corte Electoral y le respondieron que no pueden “asumir competencia” en el tema, porque eso “equivaldría a erigirse en juez en situaciones que le son ajenas”. Con esa respuesta, Monzeglio se dirigió nuevamente a la presidencia de la cámara baja y le dijeron que estaba convocado para asumir la banca como diputado. “Soy una persona muy precavida, meticulosa, ordenada, tengo una trayectoria de muchos años como empresario”, dijo Monzeglio, aclarando que tomó todas las precauciones “habidas y por haber”.
El 14 de noviembre de este año, Monzeglio también ingresó a la cámara baja para dar su voto al proyecto que habilitaba el ingreso de las tropas estadounidenses en territorio uruguayo para la cumbre del G20, en Argentina. “Los diputados suplentes cuando ingresan cobran solamente el día, no tienen ningún tipo de sueldo, fueros o privilegios, y me parece bien”, dijo el empresario. Según sostuvo, el “señor edil” tiene todo el derecho a preguntar y él a contestar: “Yo no soy diputado, hoy no soy diputado, yo actúo como diputado cuando la cámara me convoca”, marcó.
Para Bandera, hay dos “errores” en su justificación: el primero, que la respuesta de la Corte Electoral no determina que él esté habilitado; el segundo, que Monzeglio tendría que solicitar a la cámara que le otorguen una venia para que lo contraten y no simplemente preguntar a la presidencia si está habilitado, manifestó el edil colorado. Sobre el tema, Caram respondió: “Vos sabés que yo no sabía que era diputado suplente, con eso te digo todo, ni idea”. Según agregó, le pedirá información a su equipo al respecto.
En la cuerda floja
En la nota del viernes, El Observador consultó a varios especialistas para ver si Monzeglio está habilitado para realizar las dos tareas a la vez. El constitucionalista Martín Risso manifestó que si bien “es muy discutible”, a su entender, se estaría violando el artículo 124 de la Constitución, porque allí se plantea que tanto los diputados como los senadores no podrán “intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los gobierno departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados o cualquier otro órgano público”. Otro constitucionalista, Ruben Correa Freitas, también entiende que “no se puede estar simultáneamente contratado y ejercer como diputado. En el momento en el que ingresa a la cámara no puede estar contratado, tiene que renunciar al contrato”.