El gobierno de Dinamarca presentó ayer un plan para habilitar un centro en una isla deshabitada con el fin de recluir a personas extranjeras indocumentadas que cometieron delitos graves y están pendientes de expulsión porque su petición de asilo fue rechazada. Apunta específicamente a quienes no pueden ser devueltos a sus países de origen porque no los aceptan o se arriesgan a sufrir torturas.
La iniciativa está incluida en un paquete de medidas con el que el gobernante Partido Popular Danés busca endurecer la política migratoria, a seis meses de que se celebren elecciones generales en la nación nórdica. “La propuesta está enfocada a mantener la ley y el orden”, explicó la formación en un comunicado. Más tarde, en Twitter, el partido de gobierno fue más allá y escribió: “Los criminales condenados no tienen nada que hacer en Dinamarca. Hasta que no nos podamos deshacer de ellos, los trasladaremos a la isla de Lindholm, en la bahía de Stege, donde estarán obligados a permanecer en el nuevo centro de expulsión. Habrá Policía a todas horas”.
Si bien la propuesta todavía tiene que ser aprobada por el Parlamento danés –en una sesión cuya fecha todavía se desconoce–, los planes para limpiar y remodelar Lindholm ya fueron incluidos en el presupuesto de 2019.
La iniciativa despertó las críticas de varias organizaciones civiles. El Instituto de Derechos Humanos la consideró “al borde de la legalidad”, ya que se trata de personas que ya han cumplido pena, por lo que no se las puede privar de libertad. “Estamos muy preocupados por las nuevas reglas, que dan aun más provisionalidad e inseguridad, menos ayudas y peores opciones de educarse. Es muy duro, destruirá familias”, criticó por su parte el secretario general de la organización Ayuda al Refugiado, Christian Friis Bach.