El gobierno uruguayo respondió a la observación realizada por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la discapacidad y el relator especial del mismo organismo para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, con respecto a la acción presentada por Silvia Flores Mosquera. Según informó la diaria en noviembre de este año, los relatores especiales advirtieron al gobierno que debía encontrar una solución para que Flores Mosquera pueda acceder a su derecho de reparación, ya que es “víctima y viuda de víctima del terrorismo de Estado, y cómo ello afectaría la repetición de su pensión contributiva por discapacidad”.
Desde 2011, Flores Mosquera está amparada en la Ley 18.596, que establece el “reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado, entre 1968 y 1985, y, además, su esposo fallecido, Carlos Robles, era beneficiario de la Pensión Especial Reparatoria (Ley 18.033), por lo que, ante su muerte, los relatores especiales remarcaron que la pensión debería ser asignada a Flores. Sin embargo, se le informó que para ello debía renunciar a su pensión por discapacidad.
El gobierno, en su respuesta a la ONU, plantea que Uruguay ha dado pasos “significativos” y “paulatinos” por cumplir con el derecho de las “víctimas a obtener medidas reparatorias”. Así, se hace referencia a las leyes 18.596 y 18.033 y se sostiene que fueron un “gran avance” en el “cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado”. Sin embargo, también se reconoce que “se han presentado insuficiencias a la hora de su aplicación”.
Se agrega, además, que el gobierno “tomó debida nota” de las recomendaciones del relator especial Pablo de Greiff –realizada en 2014– y las de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo –de 2012–, en las que se considera que “tal asimilación –y consecuente incompatibilidad– no sería procedente dado que el origen de los beneficios es diverso en virtud de que las prestaciones de seguridad social tienen su fundamento en los derechos laborales y en los aportes realizados en tal período, mientras que la reparación consagrada por la Ley 18.033 tiene base en la violación a los derechos humanos que sufriera la víctima”. También se alertó que si bien la norma promueve la reparación, también establece “condiciones que serían excluyentes”, como la obligación de elegir entre la reparación o el derecho de cualquier otra prestación.
El gobierno se compromete a “avanzar” en esta temática y sostiene que se le enviará una “propuesta en materia reparatoria” al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ). Finalmente, el gobierno plantea que “el Estado reafirma su voluntad de cumplir con los estándares internacionales en la materia”.
En diálogo con la diaria, Flores Mosquera señaló que le parece “positivo” que el gobierno haya respondido a los relatores especiales, pero también advirtió que no se plantea ninguna “acción concreta”. Agregó que para que esa “voluntad de cumplimiento” efectivamente se traduzca en un “efecto concreto” habrá que ver qué hace el GVTJ con el planteo. Flores Mosquera también recordó que el grupo hace tiempo que no toma acciones y, por lo que ha trascendido públicamente, se encuentra “desmantelado”. Según expresó, habrá que que esperar a ver si la “propuesta” del GTVJ no termina quedando en un cajón.