La semana pasada los principales gremios de Grecia, tanto del sector público como del privado, organizaron movilizaciones y paros en protesta contra los recortes y el plan de austeridad que mantiene el gobierno encabezado por Alexis Tsipras, de la Coalición de la Izquierda Radical, agrupación más conocida por su acrónimo: Syriza.
Ninguna de las movilizaciones logró la masividad que tuvieron las manifestaciones que se registraron en 2010, 2011 y 2012, los años más álgidos de la crisis que desde hace casi una década vive Grecia, uno de los países con peores indicadores económicos de la Unión Europea (UE). Se estima que en las marchas de la semana pasada, en el centro de Atenas, participaron cerca de 7.000 personas. Según explicaron algunos asistentes y dirigentes sindicales griegos a agencias internacionales de noticias, la asistencia baja se debe a que la gente ya no cree que estas movilizaciones tengan impacto alguno sobre las políticas del gobierno de Tsipras.
Si bien Grecia salió oficialmente del tercer rescate el 20 de agosto, siguen pesando sobre su economía las mismas medidas coercitivas sobre el presupuesto impuestas en los tres rescates financieros que se llevaron adelante con la troika europea, conformada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional, que comenzaron a regir en el país luego de la enorme crisis económica que se desató en 2009.
Estas medidas, acordadas por el gobierno y sus acreedores, afectan a buena parte de la población e implicaron una gran retracción de la economía y un enorme recorte en el gasto público, incluyendo numerosos despidos.
A pesar de que el gobierno de Tsipras llamó a la movilización y a votar por el referéndum del 5 de julio de 2015, finalmente no respetó la voluntad popular de 61,5 % de los griegos, que se opusieron a obedecer las exigencias de los acreedores internacionales. Por el contrario, el primer ministro dio el brazo a torcer y cumplió paso a paso todas las imposiciones de la troika. Es por esta razón y por las políticas que ha llevado adelante en los últimos años que el gobierno de Tsipras se ha convertido en blanco de críticas, principalmente por parte de la izquierda.
En octubre dos destacados intelectuales griegos, Stathis Kouvelakis –doctorado en filosofía política y ex integrante de Syriza– y el economista Costas Lapavitsas, publicaron un texto difundido por medios de izquierda europeos –la edición en español fue publicada por sinpermiso.info– en el que manifestaron su visión sobre la situación actual de su país.
“Muchos en la izquierda internacional creen que las cosas en Grecia están mejorando lentamente, y que el gobierno de Syriza sigue siendo una fuerza de izquierda que protege los intereses de los trabajadores y a los pobres, incluso a pesar de unas condiciones muy difíciles. Para aquellos que todavía creen en esta visión, los recientes acontecimientos en el país serán una sorpresa desagradable”, afirman los autores en el inicio del texto, en el que enumeran los pasos que ha dado el Ejecutivo griego durante sus tres años de gobierno. “La amarga realidad”, afirman los autores, “es que, desde que se entregaron a la troika en julio de 2015, Tsipras y su gobierno han seguido las mismas radicales políticas neoliberales implementadas por todos los gobiernos griegos desde 2010, cuando el primer rescate se firmó con la troika”.
El gobierno de Tsipras –siguiendo al pie de la letra esos lineamientos impuestos desde el exterior–, además de efectuar drásticos recortes en el gasto público, promovió la desregulación laboral y la privatización. Además redujo los salarios, las pensiones y los beneficios sociales y limitó la inversión pública, al tiempo que elevó las cargas fiscales directas e indirectas a niveles sin precedentes, golpeando de manera significativa a los hogares de ingresos bajos y medios. Según Kouvelakis y Lapavitsas, “la única diferencia con los gobiernos anteriores es que Tsipras y su partido fueron elegidos en enero de 2015 precisamente para revertir estas políticas. Su gobierno hizo un inconcebible cambio de dirección, provocando un shock traumático para la ciudadanía griega, apenas días después de que 61% del electorado rechazara en un referéndum la imposición de las políticas de austeridad”.
A partir de su acuerdo con la troika, Grecia recibió por parte de dos fondos dependientes de la UE un total de 203.770 millones de euros. De las condiciones impuestas a cambio, una de las más controvertidas fue la reforma de la ley hipotecaria para reducir la morosidad bancaria. La impulsó el gobierno en 2015 como condición para recibir los fondos del tercer y último rescate financiero.
La medida, según informó el diario español Público, tuvo sus peores efectos a partir de noviembre de 2017, con la puesta en marcha de un sistema electrónico de ejecuciones hipotecarias, que en principio sólo afectaría a las viviendas cuyo valor superara los 300.000 euros. Hasta entonces, los remates se podían hacer únicamente de forma presencial, pero la presión de los acreedores del Estado causó que esta nueva medida golpeara a los griegos más profundamente.
Esta situación generó protestas por parte de la población y el gobierno respondió elaborando una ley que castiga “con penas de hasta seis meses de prisión a aquellos que se oponen a las ejecuciones hipotecarias y a los desalojos”, como denuncian en el manifiesto, en el que se considera que es “un momento crítico para la democracia y las libertades civiles en Grecia”.
Debido a esta nueva normativa el ex ministro de Energía Panagiotis Lafazanis –una figura de larga trayectoria en la izquierda griega– puede ser condenado a nueve años de prisión por los cargos que se le imputan. El dirigente forma parte de un campaña denominada “Yo no pagaré”, en la que se agrupan deudores de créditos hipotecarios.
Más críticas
Éric Toussaint es un académico belga que además es el portavoz de la red internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), organización de la que también es cofundador.
En un artículo publicado recientemente en el portal web de la CADTM acerca de los retos de la izquierda en la Unión Europea, Toussaint se mostró particularmente crítico con el gobierno griego. “Aunque Grecia salió oficialmente del tercer memorando el 20 de agosto, siguen pesando las mismas medidas coercitivas sobre el presupuesto. El gobierno de Tsipras se comprometió a garantizar un superávit presupuestario primario durante los próximos diez años. Todas esas nuevas medidas y contrarreformas refuerzan la injusticia y la precariedad. Ninguna reducción del stock de la deuda fue concedida a Grecia y debe continuar pagando sin concesiones al BCE y al FMI”, afirma Toussaint.
Esto es efectivamente así. La UE activó por primera vez con Grecia un mecanismo de vigilancia reforzada, que asegurará a los acreedores del Estado griego que se apliquen las reformas aprobadas y se cumplan las metas fiscales hasta que el país haya devuelto al menos 70% del dinero que se le prestó. Además, siguiendo las políticas impuestas por la troika, Grecia debe conseguir un superávit primario de 3,5% de su Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2022, y de 2,2% hasta 2060. También deberá implantar un sistema de privatizaciones para vender una veintena de puertos, aeropuertos y participaciones nacionales de otros bienes.
Cumplir estas metas no será nada fácil para Grecia, que con una tasa de 20%, es el país que lidera el desempleo dentro de la UE, además de tener la mayor deuda pública de todo el bloque. “Grecia todavía encara numerosos desafíos”, reconoció hace pocas semanas el vicepresidente de la Comisión Europea para el euro, Valdis Dombrovskis.
Justamente la cuestión de la entrada en la zona euro es una de las cuestiones más críticas, y para muchos fue un tema decisivo para el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad griega.
El ex ministro de Economía de Grecia Yanis Varoufakis, que ejerció el cargo hasta julio de 2015, se explayó sobre este tema en una entrevista que concedió en el mes de setiembre al diario español La Razón. “El euro nunca fue una red de seguridad o paraguas para los griegos, excepto para la oligarquía. Fue un auténtico veneno”, aseveró Varoufakis, que el año que viene se postulará a un cargo en el Parlamento Europeo por el movimiento DiEM25, un bloque conformado por dirigentes izquierdistas de varias nacionalidades.
Por otra parte, Varoufakis negó que la era de los “rescates” haya terminado, y dijo que la situación es la misma aunque se modificaron los rótulos. “Lo único que ocurrió es que el dinero del tercer rescate se acabó y que entramos en un cuarto rescate, con un nombre distinto. La absurda política de austeridad sigue con más recortes en las jubilaciones, el incremento de impuestos a los más pobres y la presión fiscal punitiva para las clases medias, todas medidas que entrarán en vigor en 2019. En consecuencia, mientras el estado de insolvencia del país se extenderá hasta 2060, los desalojos se acelerarán, los jóvenes seguirán abandonando el país y las empresas seguirán quebrando o yéndose”, afirmó el ex jerarca, que también dijo que los únicos que ganaron con los anteriores préstamos otorgados por la troika a Grecia fueron los bancos franceses y alemanes, que lograron recuperar la mayor parte del dinero que habían puesto en el país y que sólo 5% de los fondos llegaron al Estado griego.
Finalmente, Varoufakis se manifestó “arrepentido de haber sido demasiado complaciente con la troika”. Afirmó que asumió “que ellos negociarían de buena fe”, pero “nunca estuvieron interesados en negociar”. Por eso, agregó: “En perspectiva, tendría que haber abandonado las negociaciones en febrero de 2015, haber procedido con el impago de nuestra deuda al BCE y haber activado nuestro propio sistema de pagos”.
Mientras tanto, el gobierno de Tsipras sigue adelante y hace pocas semanas, en su presupuesto para el año que viene, el primero que presentó luego del –discutible– final del rescate financiero anunció que no introduciría recortes de jubilaciones y apuntaría a un objetivo de superávit primario de 3,6% del PIB, en línea con su compromiso de controlar las finanzas públicas.
Tsipras –que el año que viene probablemente se presente a la reelección en los comicios previstos inicialmente para octubre– también ha dicho que restablecerá la negociación colectiva y aumentará –por primera vez desde 2009– el salario mínimo, que actualmente se sitúa apenas por encima de los 500 euros.