Una ola de reacciones sociales, políticas y judiciales se activó ayer en Brasil minutos después de que un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) dictara una medida cautelar que ordenaba la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por tribunales superiores. Este es el caso del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien esa medida podría haber dejado en libertad, junto con otras 169.300 personas que están en la cárcel.
La medida cautelar se apoya en un artículo de la Constitución que establece que una pena sólo puede ser ejecutada cuando se agota toda la fase de apelaciones y no una vez que la sentencia se confirma en segunda instancia. En el caso de Lula, que está preso desde abril, todavía le quedan dos instancias de recurrir a tribunales superiores contra su sentencia.
El primer obstáculo a la decisión de Mello llegó un par de horas después de que se hiciera conocida. Luego de analizar la medida cautelar con su equipo, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió al STF que la suspendiera con carácter de urgencia hasta que sea evaluada por los demás integrantes de esa corte, algo que recién podría ocurrir en febrero, cuando concluya el receso judicial que comenzó ayer mismo. Hasta ese entonces, la resolución quedaría en manos de José Antonio Dias Toffoli, quien presidirá el tribunal durante este período de descanso.
Dodge hizo la solicitud “a fin de evitar una grave lesión al orden y la seguridad”. Entre los argumentos expuestos, la titular de la Fiscalía defendió que la posibilidad de ejecutar la pena ya con una condena en segunda instancia, aun cuando resten apelaciones, fue establecida por el propio STF en 2016. Recuerda que este mismo año, al analizar un recurso presentado por la defensa de Lula, el tribunal ratificó esa posición.
Los fiscales que participaron en la investigación del caso de Petrobras, por el que fue juzgado Lula, dijeron ayer en una entrevista colectiva que la medida cautelar es “un estímulo a la impunidad” y pidieron a la Justicia “revertirla” para “restablecer la seguridad jurídica”.
En paralelo, el Partido de los Trabajadores presentó un recurso para liberar al ex presidente, confirmó la titular de esa organización política, la senadora Gleisi Hoffmann, en su cuenta en Twitter. Decenas de manifestantes se aglomeraron con el mismo reclamo frente a la sede de la Policía en Curitiba, la ciudad en la que está preso el ex presidente. A lo largo de toda la jornada se sumaron personas con carteles que exigían “Lula libre”, una consigna que también se replicó en las redes sociales.
Pero la posibilidad de que Lula quedara en libertad se alejó pocas horas después, cuando el presidente del STF accedió al pedido de la fiscal general y dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado Mello.