Desde que asumió la presidencia de México, el 1º de diciembre, Andrés Manuel López Obrador pasó rápidamente de los dichos a los hechos. En menos de un mes ya tomó varias medidas concretas para comenzar con un gobierno que, según él mismo ha dicho, pretende dejar una profunda huella en el país y marcar el “fin de las presidencias imperiales”.
El dirigente, que ganó las elecciones el 1º de julio como candidato de una coalición liderada por su Movimiento Regeneración Nacional (Morena), estableció como ejes de su discurso la “austeridad republicana” y la lucha anticorrupción. En ese marco, López Obrador ya tomó varias decisiones, algunas de ellas con una fuerte impronta simbólica y otras más prácticas.
La semana pasada, en el momento de cobrar su primer sueldo quincenal como presidente, López Obrador informó que devolvió a la Tesorería de la Federación 22.313 pesos mexicanos, algo así como 1.100 dólares. La reducción de los altos ingresos de algunos funcionarios fue una de las medidas adoptadas en los primeros días de gobierno por el presidente, y en sintonía con él la Cámara de Representantes aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos, que establece que ningún trabajador del Estado percibirá un sueldo superior al del presidente de la República.
López Obrador predicó con el ejemplo y percibirá un salario que es aproximadamente 40% inferior al que cobraba su predecesor, Enrique Peña Nieto. Según se informó, el nuevo presidente cobrará 108.000 pesos mexicanos por mes (5.375 dólares). López Obrador dijo que este recorte en los sueldos públicos permitirá que haya “recursos suficientes” para financiar el desarrollo o impulsar actividades productivas.
Entre las medidas de austeridad con un cariz más simbólico, el nuevo presidente puso en venta el avión presidencial que utilizaba Peña Nieto, un Boeing 787 Dreamliner, una impresionante nave con capacidad para 80 pasajeros que por dentro estaba fastuosamente decorada. “Ni Trump tiene un avión como el de Peña”, había dicho López Obrador durante la campaña electoral, y una de sus primeras acciones de gobierno fue ponerlo en venta.
Según afirmó Jorge Mendoza, director general del Banco de Obras y Servicios Públicos de México, se garantizarán “las mejores condiciones en su proceso de venta y el uso eficiente de los recursos públicos”. El funcionario agregó que se contará con la asesoría de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, cuyo “apoyo será de gran utilidad para dar certeza y garantizar al pueblo mexicano completa transparencia en este proceso. Todo se realizará con estricto apego al derecho”, dijo.
Además de vender el avión presidencial, López Obrador adoptó otra medida con una fuerte carga simbólica: convirtió en un centro cultural la residencia presidencial que los mandatarios mexicanos ocuparon durante 84 años. La residencia de Los Pinos, situada en plena Ciudad de México y construida sobre un terreno de 55.000 metros cuadrados –diez veces más de lo que ocupa la Casa Blanca en Washington–, era inaccesible para los ciudadanos y estaba fuertemente custodiada por personal militar; a partir del 1º de diciembre sus puertas fueron abiertas al público, que por primera vez pudo ver las lujosas instalaciones en las que vivieron sus mandatarios durante décadas.
Salario mínimo y migración
La semana pasada López Obrador anunció un incremento de 16,21% en el salario mínimo, el mayor aumento de los últimos 25 años. Según se especificó en el decreto, en la región fronteriza con Estados Unidos el aumento será de 50%, con el objetivo de mejorar el bienestar de los mexicanos y frenar la emigración. De esta manera, a partir del 1º de enero el salario mínimo pasará de 80,36 pesos mexicanos por hora –aproximadamente cuatro dólares– a 102,6 –cinco dólares–, y a 176,7 –ocho dólares– en la frontera norte.
“Con esta medida nos vamos a beneficiar todos, porque cuando hay más ingresos se fortalece el mercado interno. Si la gente no tiene ni siquiera para comprar lo indispensable no hay crecimiento”, dijo el presidente durante el acto en el que hizo pública la medida. López Obrador aseveró que el objetivo es llegar a un salario digno, para saldar así una deuda histórica de México con los trabajadores con más bajas remuneraciones.
Otro de los pilares de la campaña del nuevo presidente mexicano fue el de la migración. Históricamente miles de mexicanos emigran cada año a Estados Unidos, pero en los últimos años, además, a través del territorio de México migran hacia el norte personas que llegan desde países de América Central, principalmente de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Es por esta razón que un día después de asumir como presidente, López Obrador firmó, junto con autoridades de Honduras, Guatemala y El Salvador, un acuerdo para diseñar un Plan de Desarrollo Integral del Triángulo Norte de Centroamérica y atender la causas que generan la migración. En el acuerdo, que también contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los gobiernos de los cuatro países hicieron una declaración política en la que manifiestan su voluntad de impulsar acciones que generen desarrollo y oportunidades a escala local, contribuyendo a la prevención de la migración irregular y atacando sus causas estructurales.
Pero si de migración se habla la clave, en este caso, es hablar con Estados Unidos, y eso es lo que hizo López Obrador, que la semana pasada anunció un acuerdo con ese país. Este convenio se basa en un paquete de inversiones conjuntas para que el sur de México y los países centroamericanos puedan hacer frente a la crisis migratoria de la región. De acuerdo con una declaración conjunta consensuada por los dos gobiernos y difundida por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, el gobierno de Donald Trump se comprometió a destinar 4.800 millones de dólares en cooperación para el desarrollo de México.
Además, según informaron medios mexicanos, la administración de López Obrador prometió una inversión de 25.000 millones de dólares para los próximos cinco años en la región sur del país, donde se encuentran los estados más pobres. Paralelamente, Washington ofrecerá, además, 5.800 millones de dólares para mejorar la gobernanza e impulsar reformas institucionales en El Salvador, Guatemala y Honduras. Si bien el compromiso ya existe, aún quedan por aclararse varios puntos sobre la puesta en marcha de la nueva estrategia. Por ejemplo, está pendiente definir cuáles serán los proyectos beneficiados, qué zonas recibirán la financiación y el calendario de reparto de las ayudas.
Lo que sí está definido es que los programas de inversión para México recibirán fondos mediante la Corporación para Inversión Privada en el Exterior, una institución del gobierno estadounidense para apoyar proyectos para el desarrollo, según explicaron a periodistas fuentes de la Cancillería mexicana. Por ahora López Obrador se comunicó con Trump por teléfono para tratar la cuestión migratoria, pero el presidente mexicano no descarta viajar a Washington cuando haya que definir los detalles del acuerdo.
Todos los movimientos del gobierno de López Obrador sobre migración se están haciendo sobre la base de una nueva política, el Programa Nacional de Migración 2018-2024, que fue presentado oficialmente la semana pasada, el mismo día que 152 países –incluido México– firmaron el Pacto Para una Migración Ordenada y Segura impulsado por la Organización de las Naciones Unidas.
Según anunció el canciller Ebrard, la nueva política migratoria mexicana estará regida por dos ejes: el respeto y la promoción de los derechos humanos de todos los migrantes y el desarrollo social y económico en las regiones que los expulsan. En estos aspectos se trabajará de manera estrecha con la sociedad civil.
Durante la presentación de esta política, se anunció que se va a atender de manera prioritaria a los ciudadanos mexicanos que viven en el exterior, en particular a los que lo hacen en Estados Unidos, que suman unos 24 millones de personas.
Energía y marcha atrás
Después de Estados Unidos, Canadá es el segundo destino de las exportaciones mexicanas, y la relación comercial y técnica de México con ese país es muy fluida. En este contexto, López Obrador acordó la semana pasada un convenio de inversión conjunta con la empresa paraestatal canadiense Hydro-Québec que tendrá como objetivo modernizar más de 60 plantas generadoras de luz ubicadas en todo el territorio mexicano. “Se va a firmar un acuerdo de cooperación entre Canadá y México para modernizar nuestras hidroeléctricas, va a haber una coinversión, esto va a significar aumentar nuestra inversión eléctrica, potenciar lo que ya tenemos modernizando las hidroeléctricas con las tecnologías actuales”, anunció el presidente mexicano en sus redes sociales, y agregó que si se logra modernizar y mejorar su funcionamiento estas plantas hidroeléctricas funcionarán al máximo de su capacidad, lo que repercutirá en una disminución de los costos para los consumidores.
La popularidad de López Obrador –que fue electo en julio con 53,19% de los votos y ganó en todos los estados mexicanos con la excepción de Guanajuato– está en un momento alto, pero en los últimos días tuvo uno de sus primeros choques con un sector de la opinión pública.
En el marco de la presentación en el Congreso del proyecto de presupuesto para 2019, se estipularon recortes a los recursos de las instituciones públicas de educación superior de todo el país, lo que generó una fuerte respuesta por parte de estudiantes y trabajadores universitarios, de las propias instituciones educativas, así como de intelectuales y figuras públicas. López Obrador afirmó que se trató de un “error” y que no habría recortes a las instituciones públicas.
El jueves, durante un acto público celebrado en el estado de Hidalgo, en el este del país, el presidente dijo: “Hice el compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades y se presentó un presupuesto en donde hay una disminución de 5.000 millones de pesos mexicanos [unos 249 millones de dólares], pero se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde. El tema de la educación puedo decirles que es de los ramos que más presupuesto público van a manejar”.