La defensa de militares acusados por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura ha presentado diversos recursos para intentar entorpecer el avance de las investigaciones. Esta semana, la defensa del coronel retirado Mario Simón y el médico militar Nelson Fornos, procesados por violación a los derechos humanos, en el Grupo de Artillería No 2, del departamento de Flores, transitó un nuevo camino: solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 19.550, que creó la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.
En la respuesta del fiscal Ricardo Perciballe, a la que accedió la diaria, se alude a los distintos argumentos que presentó la defensa para intentar demostrar la inconstitucionalidad de la ley. Se sostiene que la creación de la fiscalía va en contra del Artículo 19 de la Constitución, que establece que no se pueden crear tribunales específicamente para un caso concreto que sucedió con anterioridad. También se plantea que se viola el principio de igualdad establecido por los artículos 8 y 9 y se pone en tela de juicio la “autonomía técnica” del fiscal.
Ante estos planteos, el fiscal hace un repaso de las distintas “chicanas de la defensa” y pone en evidencia que el recurso presentado tiene un “ánimo meramente dilatorio”. Perciballe responde que es “claro” que quienes denuncian tienen un “interés personal” y se argumenta que la fiscalía especializada en el caso que los involucra tan sólo se limitó a ratificar el pedido de procesamiento realizado por otro fiscal, por lo que no habría ningún “perjuicio” contra ambos. Se sostiene que lo que no está permitido es que, con la “manipulación de órganos decisores” ‒como lo es un tribunal‒ se pueda “beneficiar o perjudicar al imputado” y también se marca que la creación de la fiscalía no es para un caso concreto, sino para una “universalidad importante de causas”.
Sobre la eventual violación del principio de igualdad, Perciballe argumenta que el “tratamiento diferente no es a las personas [...] sino al fenómeno criminal en sí”. “Se intenta dar una respuesta diversa frente a una realidad compleja y muy diferente a la criminalidad común”. Luego se argumenta que la ley que crea la fiscalía tiene como obligación dar una “respuesta adecuadas a las víctimas” y es sólo mediante una fiscalía especializada que se podrán “alcanzar mejores respuestas”.
Los militares argumentan que la ley se “comporta como un mensaje político-partidario, revestido de ley” y se sostiene que es una ley “arbitraria, con aversión y odio, elige y toma en consideración sólo determinadas hipótesis y, al mismo tiempo”, se descartan “otras por conveniencia política y afinidad ideológica”. También se plantea que es una ley “vindicativa” y “de cancha flechada” y se afirma: “Es una ley de guerra o de posguerra, que contiene en forma manifiesta un desquite, una revancha o una represalia de claro signo ideológico”. En tanto, Perciballe argumenta que tiene 27 años de trabajo como fiscal y destaca que la norma contó con el respaldo de todos los partidos políticos, además de sostener que no ha hecho más que “cumplir con su obligación” como fiscal.