Ecuador llamó a consultas a su embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Valencia, que debía regresar ayer mismo al país. Así respondió a los reparos que manifestaron instituciones vinculadas con esa organización acerca de la consulta popular del domingo.
La misión de observación electoral de la OEA consideró que “muchos de los cuestionamientos a esa consulta popular podrían haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional” sobre la legalidad de las preguntas, y sugirió que lo emita ahora. Uno de esos cuestionamientos fue el del ex presidente Rafael Correa, que denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la consulta se llevó adelante sin el aval de la Corte Constitucional. Por su parte, el gobierno alegó que al vencer el plazo para que ese tribunal se pronunciara al respecto, se consideró tácita su aprobación a la convocatoria.
Además, ayer la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “ordene” a Ecuador que mientras las denuncias y reclamos se procesan “se abstenga de destituir” a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, que designa a las autoridades de contralor y cuya reforma fue aprobada el domingo. Los miembros de ese consejo fueron designados por la administración de Correa.
Fue ese pedido el que decidió al gobierno de Lenín Moreno a llamar a consultas a Valencia. La cancillería ecuatoriana manifestó en un comunicado que tomó esa determinación en respuesta al “accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales” de la CIDH, y agregó: “El gobierno de Ecuador reitera la plena legalidad y legitimidad del referéndum y consulta popular, así como el rechazo a la actuación desde la CIDH”.