“Siempre es un peligro tener a las Fuerzas Armadas en acciones como estas”, consideró Humberto Costa al ser consultado sobre la intervención militar en la seguridad de Río de Janeiro decretada días atrás por el presidente de Brasil, Michel Temer. Costa, jefe de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, opinó que Río llegó a una situación crítica en seguridad porque el gobierno federal redujo los recursos para el área y el estadual atraviesa una crisis de los poderes públicos. Además, advirtió que los proyectos acerca de la seguridad que podrían llegar al Congreso son “muy malos” y buscan ampliar el uso de armas de fuego y criminalizar a los jóvenes.
–¿Qué opina de la intervención militar de Río de Janeiro decretada por Temer?
–Esta es una gran jugada política, de propaganda y de marketing, que busca reducir la distancia entre el gobierno y la gente. Temer está intentando cambiar la agenda del país al colocar el tema de la seguridad pública en el centro para ganar algunos puntos en la población. Pero esta intervención es algo totalmente improvisado, no hay una preparación ni una previsión adecuada para hacerla. El gobierno no ha tomado esta decisión basado en las estadísticas de Río de Janeiro. En Brasil tenemos varios estados que tienen una situación mucho más grave que la de Río, pero no hay un plan para la situación de inseguridad pública de todos los estados. La intervención intenta ser ejemplificadora y crear la expectativa de que, si Temer permanece, las cosas van a cambiar.
–Pero no hay datos que respalden la hipótesis de que una intervención militar mejorará la situación de la seguridad.
–No hay datos que muestren que se estén produciendo buenos resultados. En 2017 hubo intervenciones de las Fuerzas Armadas en los complejos de favelas Alemão y Da Maré y no hay información sobre cuáles fueron los resultados. Tampoco sabemos cuál es la opinión de los comandantes de las Fuerzas Armadas; todo lo que se dice es que están muy enojados con esta situación porque esto parece un intento de usar a los militares con objetivos claramente políticos. Tampoco sabemos cómo van a hacer esta intervención o de dónde viene el dinero para solventar estas acciones. En Brasil el gobierno de Temer aprobó una enmienda constitucional que prohíbe que el presupuesto anual aumente de un año al otro por encima de la inflación [y el previsto para 2018 ya está en ese límite]. Entonces, si se van a invertir recursos en esta intervención, tendrán que salir de otras partes del presupuesto. Queremos saber de dónde: ¿de la salud, de la educación? Esto está hecho de forma muy precaria.
–Usted mencionaba que en varios estados los indicadores de criminalidad son peores que en Río. ¿Por qué cree que se eligió a ese estado para la intervención?
–Porque Río es mundialmente conocido, es la puerta de entrada del turismo en Brasil, es un estado en el que todo lo que ocurre tiene una gran repercusión y es, también, donde está la mayor de las empresas de medios de comunicación de Brasil [la cadena O Globo], que hizo un trabajo muy efectivo para crear en la población la idea de que la situación es terrible.
–Lula ha dicho que con esta medida Temer busca posicionarse para la reelección. ¿Coincide con él en esto?
–No creo, porque es completamente rechazado por la población, es el peor presidente de toda la historia de la República. Además, no hay un consenso en torno a la figura de Temer en los partidos que se aliaron para dar el golpe en contra de Dilma Rousseff y que ahora respaldan al gobierno. Cada uno de esos partidos tiene sus intereses y quiere presentar a su propio candidato, y si bien él no puede ser candidato quiere, por lo menos, poder tener una influencia en la elección al darle su apoyo a alguien. Sin embargo, actualmente cualquier candidato que obtuviera el respaldo de Temer estaría completamente derrotado.
–¿Qué otros impactos tiene esta decisión sobre la agenda electoral?
–Creo que no tendrá un impacto tan importante como ellos piensan. Primero, porque, si bien es cierto que hay un gran apoyo a esta medida en Río y en el resto del país, ya fueron hechas unas 15 intervenciones militares y las únicas dos que tuvieron éxito fueron las que se hicieron durante el Mundial de Fútbol, en 2014, y los Juegos Olímpicos, en 2016, que fueron operaciones en las que no era necesario que el Ejército entrara a las favelas. Es mucho más difícil cuando ese ingreso es necesario. Las Fuerzas Armadas no tienen experiencia en seguridad pública, los soldados son entrenados para matar, para una guerra, entonces les es muy difícil hacer operaciones como estas. Hay otro aspecto muy importante: la posibilidad de que integrantes de las Fuerzas Armadas sean cooptados por el narcotráfico o de que empiecen a colaborar con él. Esto sucedió en Colombia y también en México, donde uno de los principales cárteles [Los Zetas] está compuesto por ex militares que combatían al narcotráfico. Los soldados de las Fuerzas Armadas tienen un sueldo inferior al salario mínimo y son muy vulnerables a la corrupción que puede ejercer el narcotráfico. Esta es, sin duda, una de las preocupaciones de los comandantes militares.
–El comandante en jefe del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, ha marcado distancia con respecto a la intervención en Río.
–Ellos están muy preocupados por que no parezca que los militares están al frente de esta intervención. Quieren dejar claro que esta es una acción del presidente, del gobierno. En una comisión parlamentaria, Villas Boas señaló que el Ejército estuvo 17 meses en el Complexo da Maré, pero un mes después de que se fuera el narcotráfico ya había vuelto. También tenemos mucho miedo de que este papel que se da a las Fuerzas Armadas pueda crear un clima en el que los militares deseen tener protagonismo en todas las áreas o en el que la población los vea como salvadores. Es siempre un peligro tener a las Fuerzas Armadas en acciones como estas.
–Usted mencionaba las intervenciones militares en la seguridad durante el Mundial y los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es la diferencia entre esas y la actual?
–Hubo una planificación previa de muchos años que permitió una integración total entre los gobiernos municipales, estaduales y el federal. No fue una acción hecha en las favelas; era solamente para la ciudad, y no tenía como objetivo enfrentar al narcotráfico, sino aislarlo.
–Más allá de la última decisión de Temer, ¿por qué cree que la violencia avanzó hasta este punto en Río?
–Los gobiernos anteriores intentaron tener un fuerte protagonismo en el área de la seguridad pública, pero eso cambió con la llegada de Temer. En el ajuste fiscal que se está haciendo se han reducido en gran medida los recursos para el Ministerio de Justicia, la Policía y otras organizaciones vinculadas con la seguridad. A esto se agrega que en Río de Janeiro el poder público prácticamente se ha agotado en todas las áreas. Hay muchos dirigentes del Poder Judicial, del Legislativo y de la Policía que están detenidos o son acusados de muchas cosas, entonces el Estado está roto, sin reunir las condiciones para cumplir con su rol. Las fuerzas de seguridad del Estado están muy, muy involucradas con el crimen organizado.
–El diario O Estado de São Paulo hizo un relevamiento entre diputados y senadores, y concluyó que en el Congreso se multiplicarán los proyectos vinculados con la seguridad. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto?
–Las consecuencias serán muy malas, porque la mayoría de estos proyectos son para ampliar el uso de armas y para la criminalización de los jóvenes. Por ejemplo, hay una enmienda constitucional que busca bajar la edad de imputabilidad, que felizmente no puede ser votada porque durante la intervención no se puede modificar la Constitución. Sin embargo, hay otros proyectos que sí pueden ser votados y que también son muy malos, especialmente para niños y jóvenes. Algo que buscan desde hace tiempo algunos legisladores y las empresas que producen armamento es que las personas puedan acceder a las armas con mayor facilidad.
–¿El PT tiene pensado tomar alguna medida para contrarrestar esta intervención? El Partido Socialismo y Libertad ya anunció que va a recurrir a la Justicia.
–Hay otras instituciones que ya han presentado recursos ante el Supremo Tribunal Federal; las primeras fueron denegadas en su totalidad. Para nosotros, esta es una cuestión mucho más política que legal.
–¿Qué caminos piensa seguir el PT en el ámbito político?
–Vamos a denunciar ante la población que esta es una acción de marketing político, que el objetivo del gobierno es solamente intentar salir de las dificultades en las que está. Estamos haciendo el debate político. También vamos a generar una comisión en el Senado para que supervise este proceso.