La Comisión de Derechos Humanos de Rio Grande do Sul presentó dos denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre. La primera de ellas refiere al desalojo violento de 70 familias de un edificio público que estaba desocupado en la capital de Rio Grande do Sul; la segunda, a la situación del sistema penitenciario gaúcho, que cuenta cada vez con menos presupuesto y expone a los detenidos y presos a continuas violaciones de los derechos humanos. El presidente de la comisión gaúcha, el diputado estadual Jeferson Fernandes, dijo a la diaria que este tipo de casos muestran que la violencia institucional que comenzó a ejercerse en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff se traslada también a los gobiernos estaduales y municipales.
Fernandes llegó a la entrevista con la diaria con varias fotos. Fueron tomadas de noche y muestran a muchos policías militares con chalecos antibalas, porras, armas, cascos, escudos. Se ve a decenas de personas hablando, conversando, calmadas, reunidas alrededor de un edificio. También aparecen poco más de una docena de personas, mujeres y niños, con expresión de miedo en la cara. Las siguientes imágenes muestran el enfrentamiento, los escudos presionados contra la gente, las personas resistiendo con la fuerza de sus brazos, el propio Fernandes pidiéndoles a los policías, con gestos, que se detengan. Algunas personas son detenidas, entre ellas Fernandes; se ve la ceniza blanca que dejan los gases lacrimógenos. Las personas asustadas desaparecen; se escondieron dentro del edificio porque tenían miedo, explicó Fernandes a la diaria.
En la siguiente foto se las ve salir del edificio, con las mismas expresiones, asustadas, pero ahora llevan colchones, sillas, bolsas enormes que parecen repletas de ropa. Se trata de quienes vivían en lo que se conocía como Ocupação Lanceiros Negros, un edificio público en el centro de Porto Alegre que estaba abandonado desde hacía años y había sido ocupado por varias familias. Las imágenes, publicadas en su momento por el diario Sul21, muestran que se quedaron en la vereda, con sus cosas alrededor y los bebés envueltos en mantas, los osos de peluche enganchados en las mochilas.
“No tenían a dónde ir, nadie pensó en una solución para ellos”, lamenta Fernandes. Esto ocurrió en junio del año pasado y la mayoría de estas familias fueron reubicadas, pero gracias a su propio esfuerzo y el de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, no por la acción del gobierno local, liderado por Ivo Sartori.
Fernandes subraya que no se trata de un hecho aislado, sino que estos desalojos suelen hacerse de noche, sin importar si la mayoría de las personas que viven en esos lugares sean mujeres y niños, y estos después queden a la deriva. Este caso en particular “ganó mucho destaque” porque fue transmitido en vivo y se convirtió en noticia. “No pudieron ocultar nada”, agregó.
Se trata de una de esas situaciones en las que la responsabilidad aparece difusa, y eso se muestra en un video de lo sucedido al que tuvo acceso la diaria y que fue transcripto para entregar como prueba ante la CIDH. En el desalojo se ve a un representante del Poder Judicial que no quiso revelar su nombre; al ser cuestionado sobre cómo se llevó adelante, dice que sólo está ahí para que se cumpla una orden judicial, que nunca muestra. Se ve también a un encargado del operativo, identificado como el comandante teniente Amorin, que señala que tienen que cumplir con la orden de desalojo. “¿Dónde está la orden de que se desaloje a esta hora?”, pregunta Fernandes, señalando que es de noche, hace frío y las familias quedarán en la calle. “Esto no es razonable [...] uno se imagina que por lo menos hay que conversar antes”, agrega. El representante judicial le responde que la orden debe cumplirse sea la hora que sea, y dictamina que si Fernandes y los activistas que están presentes siguen intentando detener el operativo, serán detenidos. La Policía se hace eco de esas palabras lanzando gases lacrimógenos.
Varias personas fueron heridas y hubo niños que sufrieron problemas respiratorios por los gases utilizados por la Policía. “El Estado de Rio Grande do Sul, utilizando sus más extremos y rigurosos instrumentos de represión, actuó con injustificada urgencia”, afirma la denuncia presentada ante la CIDH por la Comisión de Derechos Humanos presidida por Fernandes. Allí también se señala que la ocupación había comenzado hacía dos años, cuando el edificio público estaba sin ser utilizado desde hacía más de una década y no le fue atribuida ninguna función desde lo sucedido, hace ya ocho meses.
Fernandes considera que este tipo de hechos muestran la violencia institucional que vive Brasil desde el “golpe” parlamentario que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff. La represión, la criminalización de los movimientos sociales y una visión limitada de los derechos de la población no son exclusivos del gobierno nacional, señala, sino que también se extiende a los estados y municipios. Este aspecto también es destacado en la denuncia: “El lamentable y reprobable evento es otra expresión evidente del proceso de reversión civilizatoria del Estado brasileño, inaugurado por el reciente golpe impuesto al voto popular que se profundiza cotidianamente con acciones concretas que violan los límites consagrados en la Constitución”, señala el texto. Luego, agrega que “tratar el derecho constitucional a la vivienda con gases lacrimógenos y agresiones constituyen gravísimas violaciones a los derechos humanos que se suman a decenas de ejemplos que muestran que Brasil vive en un estado de excepción”.
En particular, en la denuncia presentada en octubre ante la CIDH, que todavía está siendo sometida a estudio, se pide al organismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos inste la Justicia a que avance con la investigación sobre los abusos cometidos durante el desalojo y que trabaje con el Ejecutivo para elaborar un plan para que los desalojos se lleven adelante respetando los derechos humanos.
Dos por uno
La situación caótica del Sistema Penitenciario de Rio Grande do Sul permite la violación de derechos humanos y el gobierno local no busca solucionarlo, pese a que la Justicia brasileña le ha ordenado que adopte medidas. Este es el corazón de la segunda denuncia presentada por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de ese estado ante la CIDH. Ni siquiera la denuncia ante el órgano de la Organización de los Estados Americanos, presentada en octubre, hizo que el gobierno de Sartori tomara acciones para terminar con una situación que permite que se generen violaciones de todo tipo.
En el texto presentado ante la CIDH, al que la diaria tuvo acceso, se denuncia que existe una “parálisis de las autoridades que tienen poder para resolver esta violación de derechos humanos”, una parálisis que persiste actualmente. La situación del sistema penitenciario gaúcho siempre fue precaria, pero se agravó en 2015, con la llegada al gobierno de Sartori, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. El nuevo gobernador redujo 30% el presupuesto para la seguridad pública y el sistema penitenciario y casi 90% el que estaba disponible para las inversiones en el sector. De esta forma, quedaron interrumpidas varias obras que aumentarían la capacidad del sistema carcelario, al menos en 2.800 plazas. Entre 2015 y 2016 no sólo no aumentó la capacidad de las prisiones, sino que se redujo de 24.914 plazas a 23.836.
La superpoblación de las prisiones llevó a que el gobierno dispusiera que cientos de presos, algunos de los cuales no tienen condena, sean retenidos en las celdas que tienen las seccionales policiales. De acuerdo con la denuncia presentada ante la CIDH, esto no sucedía en Rio Grande do Sul desde 1982, durante la dictadura. Como ejemplo, se menciona el caso de la seccional de Canoas, que tiene celdas para albergar a ocho personas, pero aloja a 70. “Son más de 400 presos los que están en esta situación en todo el estado”, agrega Fernandes en la entrevista.
Las condiciones en las seccionales son “pésimas”, ya que estas celdas no están preparadas para albergar a tantas personas durante tanto tiempo, sino para retener a alguien sólo durante algunas horas, como máximo dos noches. Por ejemplo, cuentan solamente con un wáter y una ducha, que están en una celda sin ningún tipo de intimidad y que no tienen un servicio para alimentar a tantos presos.
Ante la falta de camas en las seccionales, algunos de los presos son mantenidos en carpas en las partes de los predios que tienen algún techo, como estacionamientos, o incluso en las camionetas y ómnibus de la Policía, “en condiciones indignas, sin baño, sin alimentación adecuada y sin acceso a abogados”, indicó Fernandes en la entrevista. “Son tratados como basura”, agregó.
El diputado estadual dijo que colabora con esta situación el miedo de las autoridades, tanto gubernamentales como judiciales, a que cualquier persona que haya sido detenida sea liberada y cometa un delito. “Es miedo a la impopularidad”, consideró; “se termina deteniendo a todo aquel que parezca que puede significar un peligro, a todo el mundo, y se los convierte en personas anónimas y hacinadas”. En la misma línea, agregó que incluso cuando él y sus colegas de la comisión denuncian este tema en los medios de comunicación y el Parlamento gaúcho, se los acusa de estar “defendiendo a criminales”.
Además, los internos son atendidos por la Policía Civil, que no debería estar a cargo de esta tarea. De esta forma se cometen múltiples violaciones de los derechos de los presos, a lo que se suma que, como no hay lugar, es muy difícil dividir a facciones criminales rivales, por lo que tampoco se protege su derecho a la vida. En la denuncia se señala que se han registrado, dentro de las seccionales, amenazas de muerte, tentativas de fuga e incendios, intencionales y accidentales, así como infecciones de todo tipo, que incluso causaron la muerte de un preso mientras era trasladado a un hospital. “Son presos sin proceso, que pasan hambre y frío, sufren problemas de salud e incluso mueren”, agregó. Después de detallar algunas de las cosas que se ven en estos lugares de detención, señala que allí “se genera un clima como si fuera un campo de refugiados”.
Además, el cumplimiento de estas tareas impide que los policías civiles cumplan con sus funciones habituales, que son las de atender a la población para recibir denuncias y llevar adelante las investigaciones judiciales, así como asistir a la Policía Militar en el patrullaje de las calles. De esta forma, tanto policías como presos son perjudicados por una situación que “pone en riesgo” las vidas de ambos, afirma la denuncia. La superpoblación de presos en las seccionales “imposibilita que los policías civiles ejerzan sus actividades de rutina y el acceso de la población a las seccionales”, agrega.
A esto atribuye la comisión parlamentaria el aumento de la criminalidad en Rio Grande do Sul, donde el número de homicidios pasó de 38,9 a 47,6 cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los datos oficiales. Pero incluso estos datos han sido puestos en duda, ya que medios de comunicación pudieron comprobar que el número de homicidios fue mayor al informado en 2016, cuando se ocultaron 570 delitos.
La presentada ante la CIDH no es la primera denuncia sobre este tema: la Defensoría Pública y el Ministerio Público de Rio Grande do Sul impulsaron recursos ante la Justicia local; también hubo un pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal, que ordenó a las autoridades locales que transfirieran a los presos de las seccionales porque estaban violando sus derechos humanos. Sin embargo, nuevamente, no hubo respuestas del gobierno de Sartori.