El presidente de Brasil, Michel Temer, emitió ayer un decreto mediante el que pone al Ejército al mando de la seguridad en Río de Janeiro hasta el 31 de diciembre, día en el que él deja el cargo. El decreto se respalda en la figura de la “intervención federal”, que está prevista en la Constitución de 1988 pero nunca había sido utilizada, y debe ser ratificado en el Congreso en las próximas 24 horas. El texto dispone que el interventor designado, el general Walter Souza Braga, “ejercerá el control operacional de todos los órganos del estado de seguridad pública”.
La medida entró en vigencia ayer ni bien fue publicada, pero en una conferencia conjunta de Braga y varios ministros vinculados al área de seguridad quedó claro que la intervención no está planificada. Braga dijo que acababa de recibir esta “misión” y agregó: “Vamos a entrar en una fase de planificación. Por el momento no tengo nada que pueda adelantar”. En la misma línea, el ministro de Defensa, Raul Jungmann, dijo que Braga deberá hacer “un diagnóstico” y “un análisis” para proponer acciones a tomar. Sin embargo, se encargó de aclarar que la decisión de la intervención federal no implica ninguna restricción de derechos.
El partido opositor Rede Sustentabilidade ya anunció que recurrirá la medida ante el Supremo Tribunal Federal.
Algunos medios señalaron ayer que esta decisión puede no estar tan vinculada a la seguridad como a la reforma de la seguridad social, que Temer pretendía aprobar este febrero pero está teniendo enormes dificultades para conseguir los votos necesarios. Con una intervención federal en vigor no pueden aprobarse reformas constitucionales.
Se van sumando
El endurecimiento en materia de seguridad también amenaza en Chile y Perú, donde delitos cometidos recientemente contra niños despertaron pedidos para que se reinstale la pena de muerte.
En Chile, a comienzos de mes una beba de un año y 11 meses fue violada y asesinada por su padre, lo que generó movilizaciones espontáneas y convocadas para reclamar por el endurecimiento de las sanciones para este tipo de delitos e incluso la pena de muerte. La jueza que lleva adelante la causa contra el padre llegó a decir públicamente que la pena de muerte podría restablecerse pero “eso es labor del Parlamento”. A partir de esto, cinco diputados de la conservadora Unión Demócrata Independiente le enviaron una carta al presidente electo Sebastián Piñera, a quien respaldan, solicitándole que evalúe restablecer la pena de muerte. Piñera no se pronunció al respecto.
En Perú un caso similar generó una reacción semejante. Una niña de 11 años fue secuestrada, violada y asesinada en Lima y varios colectivos pidieron que se le aplique la pena de muerte al responsable. Congresistas de todos los partidos dijeron en medios de comunicación que el gobierno debería retirarse de los tratados internacionales que prohíben la aplicación de esta pena para reinstaurarla en este tipo de casos. Uno de ellos incluso presentó un proyecto de resolución en este sentido en el Congreso, que todavía no fue sometido a tratamiento parlamentario.
Una visión uruguaya
El senador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera trabajó en el Ministerio del Interior desde 2010 hasta 2017; en particular, como director general de Secretaría de esa cartera, fue uno de los principales asesores del ministro Eduardo Bonomi. Según Carrera, las situaciones de Uruguay y Argentina en materia policial son absolutamente diferentes: “En nuestro país pasamos por una profunda reforma. Actualizamos la doctrina y tenemos una nueva ley orgánica democrática, que garantiza los derechos de los habitantes”, destacó. El senador emepepista considera que los casos de “gatillo fácil” que se denuncian en estos días en Argentina “reflejan una situación que realmente asusta”. “No puede ser que desde que asumió Mauricio Macri, una vez al día tengan un muerto en manos de la Policía. Es una situación bien diferente a Uruguay, donde en todos mis años en el Ministerio del Interior tuvimos solamente un caso de gatillo fácil. Eso demuestra las diferencias”, señaló. Carrera también subrayó las diferencias respecto de cómo se aclararon los casos. “En nuestro caso, fue la propia fuerza policial la que se puso a investigar y entregó a la Justicia al funcionario infiel que cometió un delito. Y también hay una diferencia en cómo actuamos las autoridades políticas: acá el ministro salió públicamente a pedir disculpas a la familia y a toda la sociedad, mientras que en la otra orilla, la ministra y el presidente reciben al policía. Es una muy mala señal, que muestra que no les preocupa estas situaciones de desborde policial”, concluyó el senador oficialista.