Organizaciones defensoras de los derechos humanos encabezarán mañana, en Buenos Aires, una movilización que se dirigirá a la Plaza de Mayo por el aniversario del golpe de Estado de 1976. Este 24 de marzo las encuentra en medio de denuncias de “retrocesos” en materia de derechos humanos durante el gobierno de Mauricio Macri, y del repudio a los intentos de liberar a represores que están cumpliendo sus condenas y de borrar la memoria de esos crímenes.
Son varias las noticias de ese tenor que preceden al aniversario del golpe. El miércoles, se supo que el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, dispuso que se borraran los pañuelos de Madres de Plaza de Mayo que fueron pintados en la Mansión Seré, donde funcionó un centro clandestino de detención. Las pintadas eran parte de una campaña de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida, que, en respuesta, anunció que volverían a pintar los pañuelos allí y en varias plazas.
También esta semana, se informó que Cecilia Pando, que dirige la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, defensora de los condenados por crímenes de la dictadura, daría clases de primaria como maestra en un colegio católico. La decisión fue revertida debido al repudio general, y del sindicato de docentes y los padres de los alumnos en particular. Distintas voces se preguntaron cómo una militante a favor de la dictadura educaría acerca del 24 de marzo. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires manifestó que su contratación no era decisión suya sino de las instituciones privadas de enseñanza.
A estos hechos se sumó la inclusión del nombre de Alfredo Astiz, uno de los represores que son objeto de mayor rechazo, a la lista de más de 90 condenados por violaciones a los derechos humanos que según el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia, podrían quedar en libertad. Ayer, la Cámara de Diputados argentina aprobó una resolución para repudiar esa lista.
Varias organizaciones que convocan a marchar el sábado a la Plaza de Mayo dijeron en un comunicado que “el llamado a la unidad resulta necesario por el reclamo de la libertad de las presas y presos políticos, y para denunciar los retrocesos en las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia, la lentitud en los procesos judiciales y la pretensión del gobierno del otorgamiento indiscriminado de las domiciliarias a los genocidas”. El comunicado, publicado por el diario Página 12, es respaldado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos Capital y Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros. “El gobierno de Macri y la alianza Cambiemos ha incrementado su escalada de ajuste y despidos, profundizando los retrocesos en derechos humanos”, agrega el comunicado. También el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, integrado por organizaciones sociales y políticas de izquierda, convocó en un comunicado a protestar el sábado y a “conseguir la máxima unidad de acción en las calles”.