Decenas de mujeres se manifestaron ayer frente al Ministerio de Salud de Chile contra la modificación del protocolo de objeción de conciencia incluido en la ley que permite interrumpir el embarazo en tres causales, promulgada por la ex presidenta Michelle Bachelet en agosto.
Los cambios, que fueron anunciados oficialmente el viernes, permitirán que los centros de salud que se oponen a practicar abortos sigan recibiendo aportes del Estado. Además, reducirá los requisitos para las instituciones, excluyendo –entre otras cosas– la necesidad de justificar “en base a creencias o valores idearios” la decisión de objetar, según se lee en el documento publicado en el Diario Oficial.
La portavoz del gobierno chileno, Cecilia Pérez, aclaró que, de todas maneras, los establecimientos que se nieguen a practicar abortos deberán trasladar a las mujeres a otro centro de salud y pagar los costos adicionales.
El ministro de Salud, Emilio Santelices, defendió la decisión el lunes –mientras tanto, en las puertas del ministerio, se llevaba adelante otra protesta–. Dijo que el año pasado el antiguo protocolo puso en riesgo la atención de más de 700 mujeres embarazadas en estado crítico que fueron derivadas a centros privados para recibir prestaciones obstétricas. A su entender, retirar los fondos del Estado a los centros que se nieguen a hacer abortos podría afectar que se cumpla con otros procedimientos de salud necesarios que se traspasan al sector privado cuando no hay disponibilidad en la salud pública.
Santelices también aclaró que la ley atribuye al Ministerio de Salud la responsabilidad de elaborar un protocolo que determine los pasos a seguir ante la manifestación de objeción de conciencia, ya fuera individual o institucional. Por eso, la modificación del contenido del documento es competencia de “la autoridad administrativa” y no del Parlamento.
Esas protestas son una muestra del rechazo que la modificación generó. Los ex ministros de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez; de la Mujer, Claudia Pascual; de Salud, Carmen Castillo, y de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, se reunieron el lunes con organizaciones de mujeres para ver cómo hacer frente a la decisión de la administración de Piñera.
En tanto, el senador del Partido por la Democracia y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi, anunció el martes que junto a la directora ejecutiva de la organización Miles, Claudia Dides, y un grupo de parlamentarios, solicitarán a la Contraloría de Chile una “clarificación” del accionar del ministerio que dirige Santelices. Girardi advirtió que si ese pedido “no prospera”, evaluarán la posibilidad de presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “porque es un tema de derechos humanos fundamentales, del derecho de la mujer a decidir sobre su propia vida”.
Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, cuestionó que la decisión del gobierno es “un tanto irreflexiva, [tomada] sin darse cuenta el peso de cada una de estas modificaciones y el impacto que podría tener”. Además, consideró que “la objeción de conciencia, que antes era excepcional, termina ahora siendo casi un derecho de las instituciones, perdiendo de vista que hay que resguardar el derecho de las mujeres para acceder a la ley”.