En 2003 Maira Verónica Figueroa, una salvadoreña de 19 años, perdió su embarazo mientras trabajaba como empleada doméstica. Fue condenada a 30 años de prisión por la Justicia de su país, que consideró que era responsable de “homicidio agravado” por haberse practicado un aborto.
En enero de 2017 las organizaciones civiles Agrupación Ciudadana y Centro de Derechos Reproductivos presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo una conmutación de la pena. El dictamen fue emitido en marzo y dispuso que la condena se redujera a la mitad, 15 años.
Figueroa fue liberada el martes, después de haber pasado 15 años en prisión por la pérdida de su embarazo, según informó su abogada defensora, Ana Martínez. A la salida de la cárcel de mujeres la esperaban su familia y amigos, activistas y también Teodora Vásquez, que fue liberada hace un mes después de pasar diez años en prisión por haber perdido su embarazo en 2008.
Al salir, Figueroa manifestó su alegría por su liberación y por volver junto a su familia, pero además dijo que se incorporará a la lucha por la liberación de otras mujeres que están presas por los mismos motivos que ella. En la misma línea, Vásquez celebró la salida de Figueroa, de quien fue compañera en la cárcel de mujeres, y reafirmó su compromiso con la lucha de las demás mujeres.
Figueroa y Vásquez forman parte de un grupo de mujeres condenadas por estos motivos. Son 13 según organizaciones civiles salvadoreñas y 27 de acuerdo con Amnistía Internacional. El Salvador es, junto a Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta, uno de los pocos países que mantienen la prohibición del aborto para todos los casos. En 2016 el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional impulsó un proyecto de ley para despenalizarlo en tres supuestos –en caso de riesgo de muerte para la madre, inviabilidad fetal o cuando el embarazo es resultado de una violación–, pero la iniciativa fue rechazada. Desde hace meses está en tratamiento en el Parlamento un proyecto en el sentido contrario presentado por la derecha, que aumenta a hasta 50 años las penas para las mujeres que pierden sus embarazos y luego son condenadas, acusadas de haberlos interrumpido de manera voluntaria.
El oficialismo insistió el lunes, mediante la diputada Lorena Peña, con la presentación de un proyecto de ley para despenalizar el aborto que contempla las mismas tres causales que en 2016. Peña pidió que esto se apruebe antes de que termine la actual legislatura, el 30 de abril, porque con su nueva conformación el Congreso será todavía más conservador.