Desde antes de Turismo circulaba en el sector Alianza Nacional (PN) la posibilidad de lanzar una recolección de firmas para respaldar proyectos de ley que tengan como eje la seguridad. El senador Jorge Larrañaga, líder de AN, publicó el domingo 1º una extensa nota en el sitio web del sector, reclamando una reacción del oficialismo ante “el avance de una violencia desconocida en el país”. “Estamos convencidos que se necesitan mejores instrumentos jurídicos, por eso proponemos el cumplimiento efectivo de las penas para determinados delitos, de modo que en determinados casos no se apliquen institutos liberatorios. Consideramos que hace falta en nuestro ordenamiento un nuevo instrumento como lo es la reclusión permanente revisable para delitos muy graves. También que se debe aumentar las penas para los menores infractores como lo hemos propuesto desde 2009”, afirmó.
El diputado Nicolás Olivera (AN) dijo a la diaria que “hay que buscar un apoyo de la gente, sí o sí”, pero aclaró que el sector aún no definió qué instrumento va a proponer para esto. Su par Jorge Gandini aseguró que los legisladores de AN comenzarán a analizar hoy la iniciativa. “El planteo de Larrañaga es para darles más fuerza a los proyectos de ley. No es un referéndum [que tendría que impulsarse contra una norma ya aprobada] ni nada por el estilo”, dijo a la diaria.
Pablo Abdala, también diputado aliancista, coincidió en que “acá no hay ley a la que oponerse; es más, lo que estamos planteando es que faltan normas”, y agregó que tampoco se planteará una reforma constitucional. Como era previsible, desembocó en la otra posibilidad que implica una recolección de firmas: “No nos olvidemos de que existe el recurso de la iniciativa popular. Los ciudadanos pueden presentar al Parlamento uno o varios proyectos de ley. Hipotéticamente podría ser un camino, es una vía constitucional que está abierta. Cualquier iniciativa que llegue al Parlamento acompañada de una expresión popular importante tendría una fortaleza muy particular”, dijo, aclarando que no hablaba en nombre de Larrañaga.
El artículo 79 de la Constitución dice que 25% “del total de inscriptos habilitados para votar [actualmente, unas 600.000 personas], podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo”. El abogado constitucionalista José Korzeniak explicó que esta alternativa para presentar un proyecto de ley ante el Parlamento “se introdujo en la Constitución de 1967, que es la que está vigente”, y que desde entonces “se han presentado varios referendos contra leyes pero nunca una iniciativa popular de ley”. Korzeniak dijo que si bien el modo de procesar esa iniciativa no está reglamentado, “los preceptos de la Constitución que reconocen derechos a los individuos” no deben dejar de aplicarse “por falta de la reglamentación respectiva, sino que esta será suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”, como indica el artículo 332 de la propia Constitución. En este caso, la reglamentación análoga es la del referéndum.
En opinión de Korzeniak, aunque la Constitución no lo establezca así expresamente, el Parlamento tendría la obligación de tratar un proyecto presentado por iniciativa popular, y si no lo aprobara, debería decidir someterlo a plebiscito.