El fiscal de segunda instancia Luis Landa ordenó denunciar al ex presidente peruano Alberto Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas que se hicieron durante su mandato. La medida fue tomada como respuesta a una queja presentada por las víctimas contra el archivo parcial del caso dispuesto por la fiscal Marcelita Gutiérrez, a cargo del caso, en julio de 2016. En ese entonces, Gutiérrez argumentó que no había elementos suficientes para demostrar la responsabilidad de Fujimori.
En esta oportunidad, Landa consideró que Fujimori tiene que ser acusado como autor mediato por la ligadura de trompas que se hizo sin consentimiento previo a cinco mujeres. También por lesiones graves, en un contexto de violaciones a los derechos humanos, contra las 2.166 mujeres que hace 15 años presentaron la denuncia ante la Fiscalía por estos casos.
Las esterilizaciones forzadas se dieron durante la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que rigió en Perú de 1990 al 2000. La Defensoría del Pueblo constató que, en ese período, se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas, casi en su totalidad a mujeres de bajos ingresos, hablantes de la lengua quechua y de zonas rurales. Sin embargo, no hay registro de cuántas se hicieron de manera forzosa o mediante engaños.
La denuncia del fiscal Landa incluye, además, a los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga –quien es también el médico personal de Fujimori–, así como a otros antiguos funcionarios, como el ex director del Programa Nacional de Planificación Familiar Jorge Parra.
“Me siento feliz porque se presenta una oportunidad para que se haga justicia por el daño que nos hicieron. A mí me obligaron a esterilizarme en un hospital de Huancabamba en cumplimiento de una ley de Fujimori. Yo no quería operarme. Ahora hay esperanza de que los culpables se vayan a la cárcel”, dijo al diario peruano La República una de las víctimas de la política de Fujimori, Nilda Guerrero.
En tanto, María Ysabel Cedano, de la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que defendió a varias de las afectadas, dijo al mismo diario que la decisión de Landa pone a las víctimas “en el primer peldaño de la escalera hacia la justicia”. Después, detalló: “Tenemos todavía que pasar la investigación judicial, pasar el peldaño de la acusación fiscal y finalmente el gran peldaño del juicio mismo. Estamos hablando de crímenes que se cometieron en los 90. Hay que reconocer la persistencia de las víctimas y sus familiares en esta lucha por alcanzar una justicia cada vez más cercana”.
La investigación puede durar mínimo un año, según aseguraron fuentes judiciales consultadas por La República, hasta que la fiscal Gutiérrez formule la denuncia penal correspondiente para que se inicie el juicio.
Fujimori fue indultado en diciembre del año pasado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo que le evitó cumplir la totalidad de la pena de 25 años de prisión a los que había sido condenado por delitos contra la humanidad. El indulto fue acompañado de un derecho de gracia que inmunizaba a Fujimori frente a cualquier otro proceso. Sin embargo, la Justicia peruana desestimó el derecho de gracia en un juicio contra el ex presidente que ya estaba en marcha.
El ex ministro Aguinaga dijo ayer a periodistas que afrontará esta nueva denuncia “con la misma solvencia de siempre”. Y continuó: “No es la primera vez que nos denuncian, tenemos siete archivamientos, aunque no he recibido ninguna resolución, pero cuando llegue la veremos”.