El Ministerio del Interior (MI), la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) coinciden en que hay que modificar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) para aclarar los alcances de la tarea policial. Así lo expresaron ayer el titular del MI, Eduardo Bonomi; el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. El senador frenteamplista Charles Carrera dijo a la diaria que el MI y la Fiscalía enviarán una propuesta de redacción de modificaciones a la ley, que enviarán a la comisión, para “darle claridad al CPP”. Carrera aseguró que existe la idea de que la Policía “no puede hacer nada si el fiscal no le da instrucciones, pero que eso no es correcto”, y aclaró que, en principio, las modificaciones serán de forma y que hay acuerdo entre los partidos para aprobarlas.
El problema se relaciona con las tareas policiales de investigación primaria y con las facultades de detención en “materia de flagrancia” (cuando se está cometiendo un delito). Según relató Carrera, Chediak afirmó que la SCJ nunca consideró que el nuevo código limitara el accionar de la Policía, y se manifestó “totalmente de acuerdo” con que se mantengan expresamente los criterios de procedimiento anteriores, porque “funcionaban con eficacia”.
El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI), reconoció que “algunos fiscales” interpretan ahora de manera “más restrictiva” la tarea de la Policía, y Bonomi dijo en comisión que también habría que aclarar que en los procesos abreviados el cumplimiento de la pena tiene que ser efectivo. Esto se refiere a que cuando el fiscal llega a un acuerdo con la defensa para reducir la pena, en función de que alguien reconoce haber cometido un delito, esa persona no puede pedir luego la libertad anticipada. Chediak también estuvo de acuerdo con esto.
Díaz admitió que hubo dificultades de implementación del CPP, en parte porque hubo una resistencia de los fiscales a la adopción del sistema informático, y también porque se previó mal la cantidad de funcionarios necesarios. Según comentó Mieres, Díaz explicó que se ha producido “un incremento significativo” de las noticias criminales (lo que reporta la Policía), y anunció que en la próxima Rendición de Cuentas pedirá más personal.
No hubo coincidencia en lo referido al derecho de los reincidentes a permanecer en libertad mientras se desarrolla su proceso. Bonomi reiteró que en casos de delitos graves debe aplicarse la prisión preventiva, pero Díaz sostiene que eso sería inconstitucional.
“El ministro dijo que tenemos un problema cultural, porque hay un conjunto de personas que se han dedicado al mundo del delito, y en esos casos el sistema político ya había definido que las personas que son reincidentes no tienen derecho a un conjunto de libertades, de modo que les corresponde la prisión preventiva”, comentó Carrera.