“Uruguay está en un momento histórico, con una nueva norma que aborda las diversas manifestaciones de la violencia, [y de esa manera] se aleja de una respuesta legal fragmentada”. Lo dijo ayer Magdalena Furtado, coordinadora de ONU Mujeres en Uruguay, al participar en el panel “Alcances y desafío en la implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género”, organizado por la Comisión de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Furtado dijo que los ojos de la región están puestos en Uruguay por la puesta en marcha de la Ley 19.580, aunque acotó que la aprobación de normas es “una condición necesaria pero no suficiente” para la eliminación de la violencia.
La especialista recordó que en 2016 se registraron por lo menos 1.831 casos de femicidios en 16 países de América Latina y el Caribe, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mientras que en 2015 habían sido 1.661. Aclaró que se trata de números inferiores a los reales, porque países como Brasil y México no informan en forma desagregada de este tipo de asesinatos, de modo que “la cifra debería ser mucho mayor”. Además, en algunos de los países que sí informaron hay un “subregistro” porque se dan situaciones que “no son adecuadamente identificadas”. Uruguay, por el contrario, tiene un “excelente registro” gracias al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, destacó.
Los números absolutos de Uruguay no se destacan en la región, pero sí llama mucho la atención la tasa: el número de femicidios en relación con la población total, apuntó Furtado. El año pasado hubo 30 en Uruguay, que tiene 3.400.000 habitantes, y 34 en Chile, que cuenta con 18.000.000.
En cuanto a la legislación, afirmó que América Latina se caracteriza por ser “pionera” en identificar la problemática, y que muchas de las respuestas fueron impulsadas por las organizaciones de mujeres y la sociedad civil organizada. La experta señaló que 22 de los 33 países que suscribieron en 1994 la Convención de Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer tienen leyes “de primera generación”, centradas en la protección de los derechos de las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género, y que el tercio restante ha dado un paso más, con la aprobación de leyes “de segunda generación”, que amplían su alcance a “las distintas manifestaciones de violencia en el ámbito privado y público”, y tienen un enfoque integral de la respuesta institucional. Estos datos surgieron de un estudio de ONU Mujeres llamado “Compromiso a la acción: políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe”, publicado a fines de 2017. Uruguay y Ecuador fueron los dos últimos países que aprobaron leyes de este tipo. Por otra parte, Furtado señaló que 18 países de la región aprobaron sanciones específicas para el femicidio.
La directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, destacó el avance que supuso la Ley 19.580 y las acciones que permite emprender pese a carencias de presupuesto; en tanto Teresa Herrera, de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, resaltó la importancia de una mayor asignación de fondos en la próxima Rendición de Cuentas.