Manuela d’Ávila, candidata a la presidencia por el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), hizo una fugaz visita a Montevideo entre la noche del miércoles y el mediodía del jueves (en principio estaba previsto que participara en el acto por la democracia en Brasil que se llevó a cabo el miércoles, pero motivos familiares se lo impidieron). Ayer, en el edificio anexo del Palacio Legislativo, D’Ávila se reunió con representantes de varios sectores del Frente Amplio (FA) para analizar la situación que vive el país vecino tras el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Siva, a quien acompañó en el estrado cuando dio su último discurso antes de ir preso.
Recibieron a la candidata los diputados Gerardo Núñez (Partido Comunista), Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo), Roberto Chiazzaro (Partido Socialista), Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Margarita Libschitz y Óscar Groba (Movimiento de Participación Popular), junto con Mónica Xavier y Juan Castillo, responsables de las secretarías generales de los partidos Socialista y Comunista, respectivamente. Chiazzaro explicó a la diaria que “los dirigentes progresistas de Brasil buscan tomar contacto con las fuerzas políticas de la región que defienden la libertad de Lula, para que sigan movilizados”, y dijo que D’Ávila habló del momento que atraviesa su país, planteando “con preocupación la situación que vive Lula” y el rol que cumplen “los militares brasileños, que quieren tener bajo control a Lula mientras esté en prisión”.
A su vez, Núñez contó a este medio que en el encuentro se intentó “generar acciones de solidaridad conjunta que nos permitan colocar encima de la mesa la denuncia de lo que está sucediendo en Brasil, que forma parte de una ruptura institucional”. El legislador adelantó que a tal efecto “se está armando un calendario de actividades”.
El viernes de la semana pasada, la Mesa Política del FA aprobó una declaración tras el rechazo del recurso de hábeas corpus de Lula por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Expresó que esa decisión confirmaba “las acciones impulsadas por la élite económica que, con la complicidad de los grandes medios de comunicación, actores del Poder Judicial, la Procuraduría General y la Policía Federal”, promovieron “una acusación y una sentencia carentes de pruebas, que ponen en cuestión” el Estado de Derecho en el país vecino. En la declaración se añadió que “estas acciones” del STF “son continuidad del proceso llevado adelante contra la presidenta Dilma Rousseff, para alejar al Partido de los Trabajadores del gobierno de Brasil y para impedir la candidatura presidencial” de Lula en las elecciones de octubre.
El FA informó que ese pronunciamiento fue aprobado por unanimidad, lo que es técnicamente cierto, pero la representante de Asamblea Uruguay (AU), Daniela Payssé, se retiró cuando se iba a votar. Rafael Michelini, aliado de AU en el Frente Liber Seregni, participó el miércoles en el mencionado acto de apoyo a Lula, ante la Embajada de Brasil.