Las excavaciones en busca de restos de desaparecidos realizadas en la sede del Grupo de Artillería Antiaérea (GAA) Nº 1, en la zona de Villa La Montañesa (ruta 34, kilómetro 41,5), terminaron sin resultados positivos, pero la causa no está cerrada. El abogado denunciante, Óscar López Goldaracena, anunció que pedirá a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos una nueva búsqueda, ahora en el predio del Grupo de Artillería Nº 1, llamado cuartel de La Paloma por su ubicación (en Santín Carlos Rossi y camino La Boyada), donde funcionó el GAA antes de mudarse en 1975 al predio de Canelones, que fue expropiado al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).
La investigación comenzó en 2006, a partir de un croquis en el que se indica la ubicación de un presunto enterramiento y que le fue entregado al abogado en forma anónima. López Goldaracena señaló que el papel tiene la inscripción manuscrita “Cuartel La Paloma”, y aclaró que no menciona el nombre de la víctima de desaparición forzada, pese a que algunos medios publicaron que se trata de Eduardo Pérez Silveira, quien integraba el MLN-T y era conocido como “el gordo Marcos”.
En aquel momento se trabajó en el predio del GAA con participación del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF), pero no se hallaron indicios de enterramientos. En 2011 hubo una ampliación de la denuncia con base en nuevos testimonios, y se realizó un desmalezamiento de otra zona sin encontrar nada. En 2015, otras personas aportaron datos a la jueza Isaura Tórtora, que estaba en ese momento a cargo de la causa.
La semana pasada, el abogado solicitó que el expediente fuera revisado por sus “asesores de confianza”: se trata de José López Mazz y Octavio Nadal, que formaban parte del GIAF en la primera etapa de investigación. En opinión de López Goldaracena, en la actualidad ese grupo de antropología forense, a cargo de Alicia Lusiardo, está subordinado a Presidencia de la República y no ofrece garantías de “imparcialidad”.
El responsable de la Fiscalía Especializada, Ricardo Perciballe, agregará sus comentarios a la solicitud antes de que pase a consideración del juez de Pando, Emilio Baccelli. López Goldaracena reconoció la importancia de esta nueva fiscalía, pero piensa que aún no hay una verdadera política de Estado en materia de derechos humanos, y que en ese sentido los poderes Ejecutivo y Judicial “están fallando”.