La decisión del Partido Socialista (PS) de apoyar el tratado de libre comercio (TLC) con Chile puso en un brete al Movimiento de Participación Popular (MPP), el único de los sectores mayoritarios del Frente Amplio (FA) que todavía no se pronunció sobre el acuerdo. El Partido Comunista y Casa Grande ya se manifestaron en contra, y el Frente Liber Seregni (FLS), a favor. El FA tiene previsto resolver sobre el respaldo a este TLC en su próximo Plenario Nacional, el 5 de mayo.
El MPP discutirá el tema mañana, pero fuentes del sector dijeron a la diaria que tras el pronunciamiento del PS “está más difícil para oponerse”. La secretaría de Relaciones Internacionales del MPP elaboró un documento técnico crítico con el acuerdo, pero esta posición convive con visiones más pragmáticas sobre la necesidad de respaldar al gobierno en este tema.
En el plenario también se discutirá el documento “Orientaciones políticas para la inserción comercial internacional del país en los próximos dos años (2018-2020)”. El texto fue elaborado por una comisión ad hoc creada por la Mesa Política, integrada por el vicecanciller Ariel Bergamino; el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), José Bayardi; el secretario del Sistema Nacional de Cuidados, Julio Bango; y Gustavo Buquet, del sector frenteamplista Casa Grande.
Fuentes del MPP sugirieron que una posibilidad es que el sector utilice este documento como una especie de moneda de cambio: si el plenario respalda los lineamientos para negociaciones futuras, entonces el MPP podría acompañar el TLC con Chile. “Eso nos permitiría discutir específicamente sobre Chile, y no sobre las implicancias futuras de este TLC” porque eso ya estaría laudado, explicó una fuente del sector.
El documento sobre orientaciones políticas plantea condicionamientos al gobierno para negociar este tipo de tratados. Por ejemplo, sugiere que no podrá hacerlo mediante listas negativas; en esta modalidad se liberalizan todos los sectores que no se excluyen expresamente, incluso aquellos que no existen, y en ese sentido se argumenta que puede ser una “trampa al desarrollo”.
El FLS está en contra de limitar al gobierno en este punto, y también se opone a otros contenidos en el texto. Según explicó a la diaria el representante del FLS en la Carifa, Sebastián Hagobian, el espacio entiende que no se puede ir “con una posición rígida de antemano” porque eso “no le sirve a Uruguay”, y que no conviene “cerrarse” a negociar sólo con listas positivas. De todos modos, Hagobian señaló que al texto “hay que negociarlo, trabajarlo, para lograr saldar un documento lo más consensuado posible”.
El documento plantea que Uruguay debe “privilegiar la integración regional” y sostiene que el Mercosur “sigue siendo un espacio clave para la inserción del país”. En la negociación de acuerdos comerciales, se señala que estos deben servir tanto al sector agroexportador como al industrial, y al mismo tiempo respetar el medioambiente y los derechos humanos y laborales.
Establece que la negociación de acuerdos deberá estar respaldada por estudios previos que analicen sus impactos y que se deberá promover la participación de la sociedad civil en el transcurso de la negociación. Sugiere implementar mecanismos de seguimiento de los acuerdos y su impacto en los derechos de la población, también con participación de la sociedad civil.
“Todos los sectores de servicios vinculados a políticas sociales, por sus implicancias en los derechos humanos, como por ejemplo la salud, la educación, la vivienda, el agua o la cultura, quedarán excluidos de cualquier acuerdo comercial, económico o de inversiones”, propone también el texto. Asimismo, plantea “preservar” en las negociaciones a “sectores estratégicos”, como aquellos en los que Uruguay tiene empresas estatales (“energía, telecomunicaciones, agua, comunicaciones, servicios financieros”).
En el documento se propone reservar las contrataciones y compras públicas como mecanismo de estímulo al desarrollo nacional. En materia de propiedad intelectual, señala que Uruguay no negociará este tema en forma bilateral sino multilateral, y que los acuerdos “no podrán restringir el acceso a la salud, educación, ciencia, la tecnología, el conocimiento, y la cultura, según lo establecido por nuestras leyes nacionales y compromisos internacionales en la materia”. “Por ejemplo, no aumentar la extensión de los años de protección del derecho de autor o de las patentes, así como tampoco proteger los datos de prueba; [...] así como tampoco aceptar la protección bajo indicaciones geográficas”, especifica.
En cuanto a los mecanismos de solución de controversias, propone evitar organismos como el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones o la Cámara de Comercio Internacional.