Ricardo Perciballe, responsable de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, confirmó a la diaria que, a pedido suyo, del 9 al 30 de abril se citará a declarar a militares y médicos como imputados por delitos de tortura y abuso sexual cometidos de 1972 a 1983.
Los delitos fueron denunciados por 28 mujeres en 2011. Federico Álvarez Petraglia, el abogado a cargo de la causa, recordó que las víctimas son ex presas políticas que integraban distintos sectores de izquierda, entre ellos el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el Partido Comunista, y que en los delitos se identificaron “líneas de acción similares” por parte de los represores.“Hubo manoseos, desnudez obligatoria, abusos sexuales de todo tipo, violación, etcétera, como una forma de torturar y de destruir a las personas”, indicó. Además, el abogado subrayó que para las víctimas no fue nada fácil llegar a elaborar la denuncia –la trabajaron con psicólogos durante bastante tiempo–, e incluso que algunas decidieron no presentarse ante la Justicia.
Los denunciados fueron cerca de 100 militares, entre ellos algunos tristemente célebres, como Manuel Cordero y José Nino Gavazzo, “que estaban en los lugares donde se practicaba este tipo de tortura”, y otros directamente acusados de cometer los abusos, como Ricardo Turco Arab (condenado en 2017, junto con Gavazzo y otros ex militares por el “homicidio muy especialmente agravado” de María Claudia García de Gelman). Tanto Gavazzo como Arab supieron “trabajar” en el infame centro de detención clandestino de Buenos Aires llamado Automotores Orletti.
“Las víctimas siempre estaban encapuchadas, en aquel entonces sólo los conocían [a los torturadores] por los sobrenombres, pero cuando volvió la democracia los empezaron a identificar. Hay algunos de los que no saben los nombres, y sólo pudimos identificarlos en la denuncia por sus apodos”, explicó Álvarez. Además, dijo que los médicos denunciados estaban presentes durante las torturas, “controlando que no se les fuera la mano” y “asesorando”. “Es bastante sádico”, comentó.
También señaló que una de las víctimas reconoció entre los torturadores y denunció a alguien a quien consideraba antes un compañero de militancia, pero resultó ser una especie de “paramilitar”.
Álvarez subrayó que en el proceso no se habían producido novedades durante bastante tiempo, y destacó la importancia de la creación de la Fiscalía Especializada, ya que, a su juicio, no se puede investigar a un grupo de personas “que trabajaba en forma organizada”, como los militares en la dictadura, dividiendo las causas en distintos juzgados penales. “En vez de unificar y compartir información, se dividía. Es incuestionable que si hubiesen hecho de entrada una megacausa, o una fiscalía o juzgado especializado para investigar estas causas, con gente que supiera manejarse, estas citaciones se habrían realizado mucho más rápido y mejor”, opinó. Además, destacó que el tiempo es un factor clave, ya que de las 28 mujeres que hicieron la denuncia en 2011, ya fallecieron dos. De todos modos, agregó que las denunciantes están “muy contentas” de que se haya reactivado la causa, y que esperan que por lo menos sirva para que se “visualice el tema” y haya una respuesta. “A esta altura del partido ya había muchas que habían perdido las esperanzas de que se pudiera avanzar en algo. Ahora tenemos alguna expectativa”, finalizó el abogado.