La jueza Dolores Sánchez, especializada en Crimen Organizado, hizo lugar al pedido del fiscal Luis Pacheco y decidió ayer archivar la causa penal por los negocios mantenidos entre Aire Fresco y Venezuela. En un dictamen del 26 de abril, el fiscal señaló que de las investigaciones no surgieron “elementos que permitan atribuir responsabilidades penales”.
En un dictamen anterior, el fiscal Carlos Negro ya había descartado la existencia de “firma alguna” del ex presidente y actual senador José Mujica y del ex canciller Luis Almagro en acuerdos comerciales entre privados. En esta nueva etapa, Pacheco trató de determinar cuál era el vínculo comercial entre Aire Fresco y las empresas extranjeras, es decir, si actuaba como “comisionista” o por su cuenta. La Fiscalía señala que “no se advierte la existencia de hechos con apariencia delictiva”, ya que lo que se desprende de las pruebas es que Aire Fresco no era seleccionada por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas, “por lo que no son de aplicación las normas de contabilidad y administración financiera del Estado, ni es preceptiva la exigencia de procedimiento competitivo”.
Además, como la denuncia no fue presentada por una empresa interesada en el negocio con Venezuela y no se comprueba la existencia de otros interesados, no se pudo comprobar que Aire Fresco haya sido favorecida por el Estado uruguayo, que cumplió la función de facilitador en la concreción de un negocio de comercio exterior.
La denuncia había sido presentada en 2015 por el abogado Gustavo Salle, y luego se sumó una ampliación de los diputados del Partido Nacional Jaime Trobo y Rodrigo Goñi, y del ex diputado escindido del Frente Amplio Gonzalo Mujica. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, también amplió la denuncia, pero a raíz de un pago a Aire Fresco con dinero de un fideicomiso creado para pagar el atraso que compañías venezolanas mantenían con empresas lácteas uruguayas.
Con respecto a las operaciones comerciales entre Venezuela y Aire Fresco, el dictamen señala que los empresarios venezolanos decidieron “libremente realizar los negocios concretados” para colocar sus productos en el mercado del país, porque la intermediación facilitaba la colocación de los productos, lo que fue evaluado como “positivo”, ya que “no les resulta posible tener oficinas instaladas en distintos países ni cumplir con todas las exigencias que impone cada mercado o autoridad del respectivo país”. En el texto se explica que de esa manera los productores uruguayos le vendían a Aire Fresco a un precio y esta empresa negociaba con el comprador venezolano otro importe, por lo que obtenía una ganancia.
Sobre la denuncia de Mieres, Pacheco sostuvo que “tampoco se advierten conductas pasibles de reproche penal, en la medida que no surge de las presentes actuaciones que el dinero afectado por la Corporación Venezolana de Exportación al fideicomiso haya tenido un destino distinto al debido”. De acuerdo con lo declarado por Aire Fresco, entre octubre de 2015 y abril de 2016 intermedió en la venta a Venezuela de “60.000 toneladas de arroz cáscara y 30.000 toneladas de arroz blanco”, por lo que, según Pacheco, resulta verosímil que el pago a favor de Aire Fresco “que se disponía realizar a Bandes Uruguay, con fecha 21 de marzo de 2016, respondía a esa operación comercial”.