La Comisión de Vivienda del Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley para la enajenación de viviendas abandonadas y degradadas. El texto todavía no pasará a la cámara porque los integrantes de la comisión consultarán con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con la Agencia Nacional de Vivienda y con la cátedra de Derecho Privado de la Facultad de Derecho para ver si es necesario introducirle modificaciones.
Según el proyecto, se podrá enajenar “los inmuebles ubicados en suelo urbano, cualquiera sea su destino, que se encuentren vacíos y degradados”. Se considerará que el lugar está vacío cuando “se encuentre desocupado por un plazo no menor a 24 meses continuos”, período en el que no tenga conexión o consumo de agua potable o energía eléctrica. Si el inmueble está ocupado de manera irregular ese período será comprendido dentro de los dos años. El texto dice que la ocupación precaria se configura cuando hay una tenencia sin contrato, ya sea por “ignorancia” de la persona que ocupa o por “mera tolerancia del propietario”.
La senadora del Frente Amplio (FA) Patricia Ayala dijo a la diaria que en la zona metropolitana hay muchas viviendas que hace más de dos años que están desocupadas. El objetivo del proyecto es que esos inmuebles se ocupen para que la población no se vaya del área urbana. Además, sostuvo que, aunque el proyecto de ley prevé que los inmuebles sean rematados si están abandonados, los propietarios tendrán un tiempo para poner en condiciones la vivienda.
El artículo 11 del proyecto dice que después de que la intendencia departamental establezca que el inmueble se encuentra degradado (en situación de ruina, deteriorado, o que tenga una edificación paralizada), se deberá intimar judicialmente a los titulares de la propiedad para que “en un plazo de 20 días presenten, y luego ejecuten, un proyecto de rehabilitación”. Se establecerán, según el caso, las condiciones técnicas y los plazos para la ejecución de las obras.
Si el inmueble pasa a remate, tendrá como precio base 75% de su valor de tasación fijado por la Dirección Nacional de Catastro, y podrá ser comprado por un privado o por el Estado. Si en el remate no hay postores, se podrá volver a rematar a la mitad de precio de la tasación, y si en ese segundo proceso tampoco hay interesados, se venderá a la mitad de precio, sin remate.
Ayala dijo que es una preocupación de la bancada del FA la posibilidad de que inversionistas especulen con la compra de estas viviendas, y por eso se seguirá trabajando en el proyecto. “Nos interesa que la gente pueda acceder a una vivienda a un precio módico”, dijo.
En tanto, la senadora del Partido Nacional Carol Aviaga dijo a la diaria que se trata de un proyecto “bastante controversial, porque tiene que ver con la propiedad privada”. Según aseguró, está esperando el informe técnico de sus asesores para expedirse sobre el texto.