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Declaración de organizaciones y personalidades contra los cambios al nuevo CPP

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Aseguran que los cambios propuestos por el Ejecutivo suponen “un retroceso enorme”

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Varias organizaciones y personalidades expresaron ayer, mediante un comunicado, su rechazo a la modificación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) propuesta por el Poder Ejecutivo (PE). Aseguran que hay una “intensa campaña mediática” contra el CPP, prematura porque sólo lleva seis meses de vigencia, y que esto “ha incentivado” una “contrarreforma” con “una concepción de la Justicia conservadora”. A mediados de este mes, el PE envió un proyecto de ley al Parlamento para acotar el beneficio de la libertad anticipada, hacer obligatoria la prisión preventiva para reincidentes y dar mayores potestades a la Policía.

La declaración fue firmada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), la Asociación de Defensores Públicos (Adepu), Ovejas Negras, el Servicio de Paz y Justicia Uruguay (Serpaj), la ex fiscal Mirtha Guianze y el director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Luis Eduardo Morás, entre otros.

Según afirman,estas modificaciones suponen “un retroceso enorme”, porque “se elimina el pilar fundamental del nuevo proceso, que es la no preceptividad de la prisión preventiva”, al tiempo que “se limita el recurso a la libertad anticipada en los juicios abreviados, para muchos delitos y en los reiterantes y reincidentes”. Los firmantes consideran que esos cambios generalizarán la prisión preventiva, y que eso no sólo contradice la intención del nuevo CPP, sino también la Constitución. Por otra parte, evalúan que el proyecto del PE “desestimula el proceso abreviado, que es un elemento crucial para un nuevo proceso de justicia”.

Sobre los motivos de esa contrarreforma, el documento interpreta que responde a un “pedido a gritos” de “mano dura” por parte de la opinión pública, pero acota que “no parece lógico” intentar prevenir el delito “atacando a quien ya lo cometió”, y menos aun si se tiene en cuenta que la situación carcelaria “está lejos de adaptarse a los estándares internacionales o a lo que la misma Constitución refiere”.

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