Tras lograr un trabajoso consenso en el gabinete, el Poder Ejecutivo presentó en mayo de 2017 a la bancada del Frente Amplio (FA) el proyecto de ley que reforma el Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Atrás quedaban las diferencias que situaban en un extremo al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que buscaba una reforma más beneficiosa para las cuentas públicas, y en el otro al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, que pretendía cambios más graduales. La propuesta que triunfó, planteada en su momento por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y respaldada por el presidente Tabaré Vázquez, se ubica a mitad de camino.
Todo parece indicar que en la bancada del FA se reproducirá esta divergencia de opiniones, aunque todavía no está claro si habrá sendero del medio. Ayer se reunió la comisión bicameral de la bancada frenteamplista que estudia el tema, integrada por diputados, senadores y asesores de todos los sectores. Según informaron a la diaria fuentes de los distintos sectores del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP) propuso reducir la cantidad de militares en actividad a los que abarcaría la reforma.
El proyecto actual dispone que los cambios se aplicarán a los efectivos que ingresen con posterioridad a la vigencia de la ley y también a los militares en actividad que al 31 de diciembre de 2018 cuenten con menos de 20 años de servicio; establece además que para aquellos que tengan entre diez y 19 años de servicio se aplicará un régimen de transición. El MPP propuso, en cambio, que la reforma se aplique sólo para aquellos militares en actividad con menos de diez años de servicio, lo que reduce significativamente el número de uniformados que comprendería el nuevo régimen.
Esta propuesta no tiene ninguna chance de ser aceptada por otros sectores frenteamplistas que, en cambio, preferirían que la reforma abarcara a un mayor número de militares en actividad. “[La propuesta] va en un sentido que nosotros entendemos que retrocede respecto de la propuesta del Poder Ejecutivo”, dijo a la diaria la diputada de Ir, Macarena Gelman, y adelantó que su sector no respaldará la iniciativa del MPP. Ir propuso el año pasado reducir el monto que los militares cobrarían por sus jubilaciones, bajar el tope jubilatorio y acortar el período de transición a cinco años, en lugar de los diez que fija el proyecto del Ejecutivo.
El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) tampoco acuerda con la propuesta del MPP. El diputado suplente del sector, Carlos Coitiño, que participa en la comisión, dijo a este medio que el PVP pretende lograr “una síntesis que sea modificativa en el sentido de disminuir la alta generosidad [hacia los militares] que el proyecto tiene”. “Si tenemos una mirada de que es muy generoso el proyecto del Poder Ejecutivo, si ampliamos la generosidad vamos para el lado totalmente opuesto”, advirtió el legislador. Señaló que en la propuesta del MPP no se plantea ninguna modificación para los militares con más de diez años de servicio, y que para estos “queda como está todo lo que contiene el actual régimen, que es el que estamos queriendo cambiar”. Recordó que está previsto que para financiar la Caja Militar el Estado tendrá que destinar 600 millones de dólares hasta 2020. “Estamos teniendo miradas por ahora no coincidentes”, resumió, aunque acotó que su sector procurará “contribuir a una síntesis” para lograr los votos que permitan aprobar el proyecto.
El diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti explicó que para su sector, el proyecto del Poder Ejecutivo es “el piso”. “Podemos subir ese piso, nunca bajarlo. Hay propuestas que intentan bajar el piso y nosotros no estamos de acuerdo”, afirmó.
Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y presidente de la comisión bicameral del FA que estudia el tema, admitió que hay una discusión en ese ámbito que “refiere al tiempo que alcanza la transición y a quiénes comprende”, pero no quiso dar más detalles. Dijo que el PCU hubiera preferido cambios “algo más radicales y más en sintonía con el resto del sistema de seguridad social”. “Pero en esto somos conscientes de que ha sido lo posible, y como nuestro objetivo es que salga la reforma de la Caja Militar en este período de gobierno, estamos dispuestos a trabajar en la línea de lo que marca el proyecto del Ejecutivo”, indicó. El senador del PCU explicó que la intención es que esta comisión frenteamplista defina un proyecto de consenso, para que luego “lo que se acuerde en el Senado sea ya una cuestión asumida por la Cámara de Diputados” y así no tener que “reabrir la discusión otra vez”.
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores continuó ayer con la votación del proyecto. Se están aprobando los artículos en los que hay acuerdo entre oficialismo y oposición, y se están desglosando aquellos en los que hay discrepancias, y que refieren a los aspectos centrales de la reforma. Por ejemplo, la oposición pretende que la reforma no afecte a los militares en actividad y que no haya tope jubilatorio.