La figura del empresario que irrumpe en la política pregonando gestión, eficiencia y buena administración puede verse con mayor frecuencia, en los últimos años, en varios países de América Latina. Aunque el fenómeno puede ser explicado por el resurgimiento neoliberal en la región, la participación de la elite empresarial en la política ha recorrido un largo camino. En la presentación “Empresarios y política en América Latina. De los bastidores al escenario público”, que se realizó ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el sociólogo y doctor en Ciencia Política Miguel Serna expuso los resultados del estudio “El poder fáctico de las elites empresariales en la política latinoamericana”, del que es coautor junto al magíster en sociología Eduardo Bottinelli, y en el que se muestra el avance en las últimas décadas de la participación de los sectores empresariales en la vida política de ocho países de la región, y se analiza su espectro de influencia.
En los años 70 empezó a darse una relación diferente entre los empresarios y el Estado. En varias investigaciones se habló de “alianzas colusorias” (ilícitas y con daño para terceros) y de “anillos burocráticos” para definir ese nuevo vínculo, que venía de la mano con la liberalización económica y comercial. En los 80 aparecieron las empresas transnacionales, que comenzaron a trastocar la imagen tradicional de los empresarios. Con la restauración democrática, el empresario salió de los bastidores e irrumpió en la vida política. En Uruguay, por ejemplo, surgieron nuevas elites empresariales comandadas por managers, con incidencia en las decisiones de los grupos políticos.
El estudio se centró en un grupo de ocho países considerado representativo de la diversidad de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú y Uruguay. Los investigadores se plantearon algunas interrogantes disparadoras: ¿cuántos parlamentarios fueron empresarios antes de entrar en el terreno político? ¿En qué lugar del espectro ideológico se encuentran? Para buscar respuestas a estas preguntas, trabajaron con una encuesta elaborada por la universidad española de Salamanca, para la que se consultó a 800 diputados de 20 países. La primera sorpresa que encontraron es que el promedio regional de diputados que antes fueron empresarios resultó ser 24%. El caso nacional con una proporción más alta fue el de El Salvador (40%), y los porcentajes menores se registraron en Uruguay (17%) y Argentina (13%). Sin embargo, Serna aclaró que esos datos no abarcan a la totalidad de los parlamentarios: por ejemplo, la proporción en Uruguay si se tiene en cuenta a los senadores asciende a 25%. “Esto muestra el sobredimensionamiento empresarial. Cuando uno piensa el peso de los empresarios en el conjunto de la población en la región, se encuentran entre 5% y 12%, pero nunca llegan a 20%”, de modo que su representación en el terreno legislativo es “por lo menos el doble”, señaló.
El siguiente paso de la investigación fue analizar de qué modo se distribuyen los empresarios entre los partidos. Esto tuvo cierta complejidad, explicó Serna, porque en América Latina pasa algo muy curioso: los de izquierda asumen al autodefinirse que son izquierda, pero los de derecha dicen que son “de centro”. Para corregir esa autovaloración de los políticos utilizaron la pregunta “¿Cómo los catalogan los otros?”. De ese modo, los resultados indicaron que 30% de los empresarios integran partidos de derecha, 20% están en sectores de izquierda y 13% se ubican en el centro.
Para ver qué tipo de participación tenían los empresarios en la vida política de cada país, los investigadores realizaron un estudio con una base de 2.500 académicos de 64 universidades públicas y privadas de la región, de la cual se extrajo una muestra de 268. Lo primero que les preguntaron fue cómo percibían la democracia en su país, y “los datos son preocupantes”, porque 57% de ellos se manifestaron insatisfechos, comentó Serna.
A los académicos consultados se les preguntó cuáles eran los grupos que ejercían mayor influencia en los gobiernos. Las opiniones recabadas indicaron que las cámaras empresariales como tales siguen teniendo mucho peso, aunque también operan individualmente los empresarios. Entre las maneras más frecuentemente mencionadas de ejercer esa influencias se destacaron el lobby, el clientelismo y los procesos de “puerta giratoria”, en los cuales la misma persona alterna la actividad empresarial y la política.
Los investigadores concluyeron que existe un déficit de confianza en la democracia por parte de la población, vinculado a la percepción que se tiene sobre grupos de poder y su influencia en la política, subrayó Serna, aunque hay diferencias por subregión. En Argentina y Uruguay (justamente los países con menor proporción de diputados empresarios), la percepción de la democracia y las instituciones es “bastante más positiva”. En el lado opuesto están Brasil y México, “donde aparecen niveles de desconfianza más fuertes en relación a la democracia y los parlamentos son vistos como más permeables a la influencia de los grupos de poder”.