La bancada frenteamplista de la Junta Departamental de Maldonado está muy preocupada por la forma en que la Intendencia de ese departamento, que encabeza el nacionalista Enrique Antía, otorga viviendas bajo la modalidad de comodato. El martes de noche, durante una sesión de la Junta, el edil Sergio Duclosson (Frente Amplio) denunció que la comuna entregó bajo esta modalidad viviendas a personas que son “adherentes y militantes del Partido Nacional”. El curul mencionó dos casos; uno de ellos refería a la adjudicación de una vivienda en Cañada Aparicio a una “comerciante de Maldonado, que tiene una peluquería en el centro de la ciudad, que lleva a su hijo a una institución educativa privada y que tiene un auto”.
Duclosson citó la resolución por la que se le otorga la vivienda a esta mujer, en base a un “informe técnico social” y “según la vulnerabilidad social constatada”. “Comerciante de Maldonado, peluquería, hijos en institución privada, auto. Y además la vemos en la hoja de votación del Partido Nacional” de las elecciones nacionales junto a Luis Lacalle Pou, en una lista encabezada por el ex alcalde de Punta del Este Martín Laventure. “Creo que los ediles de esta junta tenemos derecho de saber cómo se mide la vulnerabilidad, quiénes firman estos documentos y bajo qué elementos. Lo peor que nos puede pasar es que esta intendencia se convierta en una agencia de colocaciones y entrega de viviendas”, agregó el edil, para luego anunciar que haría un pedido de informes por escrito en el que se solicitaría más información sobre el caso.
El director de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich, aseguró a la diaria que la resolución del caso se basó en un informe técnico “que indica que la familia vivía en situación de hacinamiento y por debajo de la línea de pobreza”. Además, dijo que le llamó la atención “que se brinde esta información, violando la ley de protección de datos personales y exponiendo a un menor”, en referencia al hijo de la mujer que accedió a la vivienda.
“Estamos tranquilos. El proceso se hizo con todas las garantías legales y hay un artículo del presupuesto de 2011 que nos habilita”, agregó el jerarca, que explicó que el principal elemento a tener en cuenta son los ingresos de la persona. “El informe constata una situación de hacinamiento, ya que esta persona estaba viviendo en su propio local comercial”, aseguró, y luego resaltó que la Intendencia acaba de adjudicar 80 viviendas y 134 terrenos mediante un sorteo controlado por una comisión de ediles de todos los partidos”.