El fiscal de Crimen Organizado de 2º Turno, Luis Pacheco, solicitó archivar la denuncia presentada contra el senador Leonardo de León por uso irregular de las tarjetas corporativas cuando estaba al frente de Alcoholes del Uruguay (Alur). “Surgen dudas” sobre algunos “gastos excesivos” del senador, aclaró a la diaria el fiscal, pero “no se pudo, ni se va a poder acreditar” que gastó dinero de la empresa de manera irregular, porque ya pasaron muchos años y porque “no se le puede pedir que justifique un gasto” si, en su momento, no estaba obligado a hacerlo.
El principal argumento que barajó el fiscal para llegar a este dictamen fue que la empresa no tenía un reglamento de uso de tarjetas corporativas. En el dictamen, el fiscal indicó que “el denunciado ha acreditado el motivo de la mayoría de los viajes denunciados, y que la mayoría de los gastos incurridos responden a alojamientos, transportes o alimentación”. El único gasto inusual fue la compra de un celular, pero “la situación fue debidamente explicada” por el senador. De todos modos, acotó que algunas “situaciones puntuales” causan “serias dudas”. Una es el alojamiento en el hotel Santa Cristina de Durazno, en 2013, ya que el senador se “hospedó allí para asistir al evento de la fundación Propuesta Uruguay 2030”. Por otro lado, consideró “insuficientes” las explicaciones brindadas por De León acerca de otro alojamiento, el 6 de abril de 2014 en el hotel Alvear de Buenos Aires, fecha que coincide con la presentación de la fórmula presidencial frenteamplista en esa capital. Pacheco explicó a la diaria que el gasto en el Santa Cristina fue de 1.500 pesos: “Yo no proceso a nadie por 1.500 pesos y no voy a procesar a un senador por eso. Todos estos gastos generan dudas, pero no hay una reglamentación” que se haya incumplido, comentó.
Por otra parte, el fiscal señaló en el dictamen que Alur es una sociedad anónima que se rige por las normas del derecho privado, y aunque su paquete accionario sea controlado por ANCAP, sus directores no pueden ser considerados funcionarios públicos. De todas formas, indicó que “un director de una empresa cuyos 90,79% de activos y dineros son públicos debe cumplir con las normas de conducta preceptuadas para los restantes funcionarios públicos”. Según dijo a la diaria, existió un “uso indebido” de las tarjetas por parte de De León, y este debería haber realizado los gastos “con mayor cautela”, pero sin reglamento es “muy difícil decir hasta qué punto existió un incumplimiento”.
A diferencia del caso de Raúl Sendic, en el que aparecían “casos extraños” de compras realizadas en tiendas de ropa y joyerías, “en este caso no aparecen gastos de este tipo”, señaló Pacheco. “Se puede discutir mi dictamen”, aseguró, pero no “me pareció justo ni jurídico imputarle a De León un delito de apropiación indebida”, ante todo porque no existió denuncia de un presunto damnificado. Pacheco fue categórico sobre este punto: “Si Alur hubiera hecho la denuncia, el dictamen habría cambiado”.
Arden
“Este señor utilizó fondos que no eran de él, que son del Estado, para beneficio propio”, expresó el diputado nacionalista Pablo Iturralde. En la última reunión de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de su cámara, Iturralde propuso estudiar la posibilidad de llevar adelante un juicio político contra De León, y sugirió convocar a diversos constitucionalistas para escuchar sus opiniones al respecto. Para él, “ahora adquiere mucho más sentido” aquella propuesta y es necesario “avanzar fuerte” con ella.
Más cauto fue el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, denunciante en este caso, quien dijo estar “a la espera de lo que digan los constitucionalistas citados por la comisión”. De todas formas, se mostró indignado por la resolución fiscal y la consideró “un escándalo”, porque “Pacheco archivó el caso reconociendo que existen irregularidades” y el único argumento que esboza es que “no encuentra la manera de tipificar el delito”. Para Mieres, “la ciudadanía va a leer que los políticos son todos impunes”. El senador agregó que el uso de viáticos no es indebido, pero sí lo es utilizar tarjetas corporativas para gastos que ya están cubiertos por viáticos. A partir del dictamen del fiscal Pacheco, aseguró, cualquier empleado público o privado podría gastar dinero de su empresa con “total impunidad”. “La única esperanza que me queda es que la dirección de Alur, en la medida en que existe un reconocimiento de la justicia de que hubo gastos indebidos por parte de De León, reclame por daños y perjuicios, pero pensar que eso puede suceder es como creer en los Reyes Magos”, concluyó.
Extra
El fiscal solicitó también el archivo de la denuncia contra el ex director colorado de ANCAP, Juan Maspóli, cuyo caso había dejado en suspenso porque no lo había interrogado acerca de la intermediación de la firma Exor entre la empresa pública uruguaya y la venezolana PDVSA. Resulta que en el acta correspondiente del directorio de ANCAP, por error, “figura la palabra ‘unanimidad’”, pero Máspoli votó en contra.
Por otra parte, Pacheco citó a De León como indagado para analizar cuál es su vínculo con el empresario Daniel Mercado, acusado de lavar dinero del Partido Popular en España.