La comisión especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes aprobó la semana pasada, por unanimidad y en general, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado (SNI). En junio comenzará la votación en particular del articulado.
La iniciativa establece que los organismos encargados de la inteligencia estatal “desarrollarán sus actividades actuando bajo el más estricto cumplimiento de los principios del régimen democrático republicano de gobierno, en pleno respeto a los derechos humanos y dentro del marco de la Política Nacional de Inteligencia”. Les estará prohibido encargarse de tareas represivas, salvo dentro de sus cometidos legales específicos o por requerimiento judicial. Tampoco podrán “intervenir en la actividad política, social o económica del país, en su política exterior o en la vida interna de los partidos políticos”, ni “influir de cualquier forma en la opinión pública, en personas, medios de difusión, asociaciones o agrupaciones de cualquier naturaleza”.
El sistema estará bajo la coordinación de una Mesa Coordinadora de Inteligencia, presidida por la figura del Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado. La secretaría se constituye como un órgano desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo y se comunicará directamente con los organismos del Estado encargados de la inteligencia. Tendrá como cometidos formular un plan de inteligencia, coordinar el funcionamiento del sistema y disponer la aplicación de medidas de inteligencia y contrainteligencia, “con objeto de detectar y enfrentar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, de organizaciones criminales transnacionales, así como de otras amenazas al Estado”.
El proyecto contiene un capítulo sobre “procedimientos especiales de obtención de información”. Allí se establece que toda operación de búsqueda de información que involucre acciones que “puedan afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos” deberá ser autorizada por el Poder Judicial. Asimismo, autoriza al personal de inteligencia a actuar en forma encubierta para obtener información, lo que incluye la emisión de documentos que preserven la identidad de los agentes. También se autoriza la utilización de informantes, “entendiéndose por informante a la persona que, no siendo funcionario de un órgano de inteligencia, proporciona información pertinente a los fines del SNI”, según define el proyecto.
La iniciativa dispone además la conformación de una comisión parlamentaria bicameral para controlar y supervisar el SNI, en la que participarán legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. “El Poder Ejecutivo estará obligado a facilitar información detallada sobre la actividad general de los Servicios de Inteligencia y sobre los hechos de especial relevancia. En la medida en que le sea requerido, deberá facilitar el acceso a los archivos y expedientes y permitir la visita a las instalaciones utilizadas para aquellos; únicamente podrá negar el acceso a la información e instalaciones requeridas por motivos imperativos de protección a las fuentes o de protección de la identidad de terceros, o en el caso en que se vea afectado el núcleo de la actuación esencial en un caso de su responsabilidad ejecutiva”, y en esos casos deberá fundamentar su decisión, establece la iniciativa.
El diputado frenteamplista José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) considera positivo que exista un marco legal para las actividades de inteligencia del Estado, porque hoy se hacen “de manera independiente y con un secreto por encima del deseado y del necesario”, dijo el legislador a la diaria. “Creo que es un proyecto que tiene altos niveles de consenso, un largo trabajo, y es más que necesario”, destacó.
El Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente propusieron en comisión una serie de modificaciones al texto. El PN pretende que la secretaría de Inteligencia tenga no sólo la función de coordinar el sistema, sino también de dirigirlo. Y tanto blancos como independientes pretenden que el director de la secretaría sea designado con venia del Parlamento.
En la última sesión de la comisión de Seguridad y Convivencia, el jueves 16, la diputada frenteamplista Orquídea Minetti (Movimiento de Participación Popular, MPP) aseguró que su sector presentará cambios a algunos artículos del proyecto, pero no dio detalles y todavía no presentó las modificaciones. Según dijeron a la diaria fuentes frenteamplistas, se trata de cambios propuestos por el MPP pero que todavía no fueron acordados en la bancada del Frente Amplio. El sector encabezado por el ex presidente José Mujica pretende sustituir la idea de un “sistema de inteligencia” por una idea más cercana a una “comunidad de inteligencia”. “Que haya un director [de Inteligencia], pero que los organismos que dependen de cada uno de los ministerios sigan teniendo su vínculo con el jerarca respectivo”, explicó una fuente. Se busca evitar que los ministros de cada una de las carteras pierdan su rol de “hombres de confianza” del presidente de la República en materia de inteligencia, así como evitar que ese rol quede centralizado en el director de la secretaría.