Aún hay personas que piensan que quienes tienen síndrome de Down padecen una enfermedad. También quienes todavía piensan que su expectativa de vida no supera la adolescencia. Son varios los mitos y muy pocos quienes se acercan a fuentes de información con ganas de derribarlos, y esa misma discriminación se profundiza en el mercado laboral. A pesar de que los responsables de las empresas que han optado por incluirlas en sus plantillas valoran especialmente su empatía, capacidad de observación, voluntad de trabajo en equipo y su punto de vista innovador, se estima que menos de 100 de las 3.000 personas con ese síndrome en Uruguay están empleadas. Agrupando todo tipo de discapacidad –auditiva, visual, de movilidad e intelectual–, la naturalidad de la exclusión se hace más visible: 15,9% de la población presenta al menos una de estas limitaciones –mayormente mujeres, afrodescendientes y mayores de 65 años de edad– y, sin embargo, son activos sólo un tercio, cuando el promedio nacional supera los dos tercios.
La realidad es que no hay muchos datos que ilustren la trayectoria de las personas con limitaciones en el sistema educativo y el mercado laboral. Las más recientes son del censo de 2011 y muestran que existen 514.286 personas –mayores de cinco años de edad– con al menos una limitación: 310.287 para ver, 203.899 para caminar, 117.825 para oír y 83.063 para entender. Entre los menores de 14 años, 3,4% no asiste a centros educativos –porcentaje que más que dobla a los que no tienen limitaciones–. Los más excluidos son aquellos con dificultades para caminar (42,9%), y les siguen los que tienen dificultades para ver (36,7%), entender (29,9%) y oír (21,8%). 70% de las personas que directamente no pueden oír, ver, entender o moverse apenas alcanzan a completar la primaria.
La diferencia se profundiza en el tramo de personas de entre 15 y 29 años de edad: sólo 34,5% de las personas con alguna limitación asiste a una institución educativa, contra 41,4% entre las que no tienen dificultad. Las búsqueda de razones desde la Asesoría Macro en Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) da cuenta de “la falta de adecuación del sistema –en todos sus niveles–”.
Como es de esperar, la baja participación en el sistema educativo formal repercute en las oportunidades dentro del mercado de trabajo. En este sentido, las cifras resaltan la discriminación: sólo 36,9% de las personas con alguna limitación se encuentra económicamente activa, y la cifra desciende a 8,6% entre las que presentan limitaciones “severas”.
Los cálculos indican que entre 30% y 40% de las personas con discapacidad intelectual tienen síndrome de Down, la alteración genética humana más frecuente, con tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente. Está presente en todas las etnias y todos los países, con una incidencia de una cada 900 concepciones, según dijo a la diaria la presidenta la Asociación Down del Uruguay, Nidia Viña. En el mundo se estima que hay un total de 6.000.000 de personas con esta trisomía 21, pero para Uruguay no hay datos oficiales: “El BPS [Banco de Previsión Social], que es el que da las pensiones por discapacidad, debería tener una cifra bastante exacta, pero hasta ahora no han publicado nada”, afirmó Viña. Un sondeo de la asociación junto a la Organización Panamericana de la Salud en el año 2000 arrojó un total de 3.000 personas, y de estas se estima que sólo 50 estarían insertas en el mercado laboral.
Segundo Seminario de Inclusión Laboral y Discapacidad Intelectual en el edificio anexo del Palacio Legislativo, el jueves. De izq. a der. José Mercant, Sabrina Tridas, Nicolas Pan, Maite Fuentes, Carolina Falciani. Foto: Andrés Cuenca
Datos y programas
Para visibilizar esta exclusión y crear oportunidades para revertirla, la Asociación Down del Uruguay, creada en 1986, realizó el jueves un seminario en el Palacio Legislativo que puso el foco en el “apoyo” como “clave” para una inserción laboral exitosa.
En Uruguay se encuentra vigente, desde el año 2000, la Ley 18.651, cuyo artículo 49 obliga al Estado a contratar en sus concursos una proporción mínima no inferior a 4% de sus vacantes anuales. No obstante, según el último informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, de 2016, el total de contratadas apenas alcanza 0,66%. En diálogo con la diaria, la directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Mides, Begoña Grau, dijo que sospecha que para el informe de 2017 “el dato tendría que subir, por los concursos que ha habido y porque los hemos seguido de cerca”. En este contexto, hay tres programas que destacan por cumplirla: Yo Estudio y Trabajo, Uruguay Trabaja y la Ley de Empleo Juvenil.
Ahora falta regular el ámbito privado. El tema no es prioridad para legisladores pero al menos ocupa su agenda: impulsada por el Sindicato Único de la Construcción y apoyada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados estudia un proyecto de ley que prevé que aquellas empresas con más de 25 trabajadores incorporen en todo nuevo ingreso personas con discapacidad en la misma proporción que la ley dicta en el ámbito público. Según el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, de aprobarse, se obligaría a hacerlo a unas 5.000 empresas, mayoritariamente de industria y comercio, que hoy ocupan a unos 550.000 trabajadores, que recibirán en contrapartida beneficios en la exoneración de sus aportes patronales.
En vistas a su aprobación, el jerarca también llamó la atención sobre una “realidad” de sobreexplotación que se da entre los trabajadores con discapacidad: “Así como en su momento las curtiembres producían con un sobreuso de las personas con discapacidad auditiva por su mayor productividad, hoy esto pasa con las personas con autismo en las TIC [tecnologías de la información y la comunicación]”, denunció.
El texto en trámite parlamentario también introduce la figura del operador laboral, que acompaña en el proceso de reclutamiento y preselección de personal, sensibilización a los equipos de trabajo, asesoramiento sobre accesibilidad y apoyo en la inclusión laboral del trabajador con discapacidad. En vistas a la aprobación de la ley, según Viña, se estima que entre este año y el próximo sean formadas en este oficio unas 40 personas. Por su parte, Murro aportó que los cursos comenzarán en tres meses.
Mientras tanto, la Asociación Down hace de puente a aquellas empresas que buscan emplear a personas con síndrome de Down, en la actualidad, nueve: el colegio Saint Brendan’s, el hotel Sheraton, supermercados Ta-Ta, Celistics, Farmalog, Doña Coca, Integer, VTV y Barraca Uno. La psicóloga Laura Cortés advirtió que lo que se busca es que sea un empleo “real”: “No estamos para la caridad. Si la empresa no tiene para ofrecer un puesto para una persona con discapacidad intelectual, no lo promovemos, porque no es justo ni para la empresa, ni para el resto de los trabajadores, ni para el potencial empleado, que es valioso y cuyo trabajo es importante”. También y, a pesar de la baja adhesión, dijo que no se genera ningún “techo” y que aspiran a que se acerquen más empresas que las 30 que lo han hecho en los últimos 30 años.
Ampliando a todo tipo de discapacidad, también Pronadis ofrece la elaboración de un perfil profesional con el fin de recibir orientación sobre posibilidades laborales. Para esto, las empresas deben registrarse en trámites.gub.uy y seguir las instrucciones. De momento, Grau indicó que se han acercado mayoritariamente cooperativas y empresas de tamaño reducido.