Desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri hubo varios elementos que se conjugaron para transformar el panorama de medios de comunicación en Argentina: las modificaciones legales promovidas por el gobierno, la caída de grupos de medios que vieron desaparecer la publicidad oficial y la capacidad de crecer de los grandes conglomerados mediáticos.
Después de la salida de Cristina Kirchner de la presidencia, algunos grupos de medios se fueron desarmando por las diferencias entre sus socios, los fuertes descensos en la publicidad oficial y la falta de sustentabilidad de algunos proyectos. Uno de ellos fue el Grupo 23 –liderado por Sergio Szpolski (que fue candidato del Frente para la Victoria en 2015) y Matías Garfunkel–, que contaba con nueve medios, entre ellos el diario Tiempo Argentino –que se convirtió en una cooperativa de trabajadores– y las radios Rock & Pop y Vorterix.
Otro caso es el del Grupo Octubre, del empresario y sindicalista Víctor Santa María, que es dueño del diario Página 12, la revista Caras y Caretas y la editorial Octubre, y enfrenta dificultades económicas que lo han llevado a intentar vender, sin éxito, algunos de sus productos. Un tercer grupo cuya situación ha cambiado desde que asumió el gobierno actual es el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián de Souza, ambos en prisión preventiva, acusados de defraudar al Estado mientras su conglomerado –que incluye al canal C5N, el diario Ámbito Financiero y la productora Ideas del Sur– se acerca cada vez más a la quiebra.
El giro fue distinto para el Grupo Clarín, que se vio beneficiado por varias de las primeras medidas que adoptó Macri al llegar a la presidencia. El nuevo presidente emitió dos decretos: uno que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y otro que eliminó la restricción para que los medios se expandan a los servicios de telecomunicaciones. A su vez, el gobierno promueve modificaciones a la Ley Argentina Digital para permitir expresamente que las empresas presten, al mismo tiempo, servicios de telefonía, internet y televisión por cable.
Otro de los cambios promovidos por el gobierno que llegó en 2015 fue el de crear un Ministerio de Comunicaciones –el segundo en la historia de Argentina (el primero funcionó en 1958)– que pasó a supervisar todos los órganos generados durante los gobiernos kirchneristas para monitorear y regular el trabajo de los multimedios argentinos. El titular de la cartera, Óscar Aguad (actual ministro de Defensa), dispuso múltiples cambios en estos organismos –algunos de los cuales incluso fueron eliminados–, así como más modificaciones a la legislación vigente, que limitaba las áreas en las que podían expandirse aquellas empresas que tuvieran medios de comunicación.
El Grupo Clarín se reformuló y expandió en el corto período de 18 meses durante el cual existió este ministerio, que sería eliminado después en el marco de una política de recortes en el Estado. En primer lugar, frenó algunos de los procesos que había iniciado para dividir en distintos grupos empresariales sus diversos productos, una medida que era consecuencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En su adecuación voluntaria a la ley de medios, que anunció después de que fuera rechazado por la Justicia su intento de declarar inconstitucionales varios artículos de la norma, el Grupo Clarín planteaba una serie de divisiones de las distintas empresas de las que era dueño y tuvo que renunciar a la fusión entre Cablevisión, el mayor proveedor de servicios de televisión por cable en Argentina, y Telecom, una de las principales operadoras del mercado de telefonía y redes.
Esta fusión fue el primer proceso retomado por el Grupo Clarín, y sólo falta el aval del gobierno para que se concrete. El nuevo gigante tendrá un valor estimado de 11.000 millones de dólares y tendrá el control de 42% de la telefonía fija, 34% de la móvil, 56% de las conexiones de hogares a internet, 35% de las de celulares y 40% del servicio de televisión por cable. El diario Clarín lo presentó como el primer operador de servicios “cuádruple play”: telefonía fija y móvil, internet y televisión.
Los beneficios que representó para el Grupo Clarín la llegada de Macri a la presidencia no fueron sólo denunciados por la oposición, sino también por Telefónica y América Móvil, que gestionan Movistar y Claro en Argentina. Ni bien Macri eliminó la limitación de las empresas de medios de comunicación para dominar también en el terreno de las telecomunicaciones, el Grupo Clarín aumentó su participación en Nextel de 49% a 100%.
Sólo unos meses después, el Ente Nacional de Comunicaciones autorizó a Nextel a dar servicios de datos 4G, un aval con el que sólo contaban Claro (de América Móvil), Movistar (de Telefónica) y Personal (de Telecom). La española y la mexicana denunciaron públicamente y en conjunto que el gobierno de Macri daba un trato preferencial al Grupo Clarín al no exigirle las inversiones que sí se les pidió a ellas en 2014 y que implicaron el desembolso de 1.600 millones de dólares.
Telefónica y América Móvil también criticaron que se permitiera la fusión de Cablevisión y Telecom, que se convertirá en el “operador monopólico” del cuádruple play, según denunciaron en un comunicado conjunto. Mientras que el Grupo Clarín sólo precisa el aval del gobierno para empezar a brindar este servicio, las demás empresas deben esperar a que se apruebe la reforma de la Ley Argentina Digital para empezar a recorrer el camino que les permita incursionar en el cuádruple play. En este sentido, uno de los objetivos de la visita de Mariano Rajoy a Argentina en abril fue pedirle a Macri que acelerara el tratamiento de esta reforma para mejorar la competitividad de la empresa española que opera en Argentina. La operación no parece haber dado resultados: a mediados de junio el gobierno anunció que suspendía el tratamiento parlamentario de la reforma de la Ley Argentina Digital debido a la falta de consenso en el Senado.
Las críticas también llegaron desde la academia. “La fusión expresa un hito en la concentración de los mercados de información y comunicación de la Argentina y supera todos los niveles previos, que ya eran elevados. La prédica del gobierno de Macri acerca de inyectar mayor competencia en los sectores de la comunicación es un fracaso, porque en lugar de agregar nuevos concurrentes estimuló la fusión de los actores industriales dominantes”, dijo al diario español El País el argentino Martín Becerra, experto en políticas y tecnologías de la comunicación.
Otra avivada de Grupo Clarín que generó críticas de otros operadores en Argentina fue la creación del servicio Cablevisión Flow, que permite consumir on demand producciones audiovisuales transmitidas por Cablevisión. Con este nuevo producto el grupo esquiva una de las pocas limitaciones que sigue teniendo en la legislación argentina: la que le impide brindar servicios de televisión por cable en algunas provincias del país.
“Si el servicio de telecomunicaciones no es regulado, todos presentaremos amparos judiciales. Vamos a ver qué hace el gobierno cuando tenga una ola de amparos contra Cablevisión”, amenazó a fines de 2017 el gerente de una de las empresas que brindan servicios de televisión por cable en el interior del país. El directivo hizo estas declaraciones a la revista Noticias –pidiendo que su nombre no se revelara–, después de que prestadores de estos servicios en el interior se reunieran para tratar la amenaza que significa para ellos Cablevisión Flow.