El reclamo y la violencia

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El módulo 12 es el sector de aislamiento de la Unidad 4 Santiago Vázquez, la cárcel más grande del país. Allí habitan unas 3.500 personas, la mayoría en condiciones inhumanas.

Las personas que están en el módulo 12 “no caminan” en ningún otro lado por su alto nivel de conflictividad. Están encerradas en jaulas individuales. Es un espacio de máxima complejidad, con serias dificultades que impiden montar estrategias penitenciarias para alterar las trayectorias delictivas.

Ayer, pasadas las 4.00, las 31 personas que viven ahí se amotinaron. Tomaron tres policías como rehenes, dos varones y una mujer. A media mañana liberaron a la funcionaria. Luego de casi 12 horas de motín liberaron a los dos funcionarios policiales que quedaban y se entregaron. Los policías fueron trasladados sin lesiones físicas al Hospital Policial.

El motín fue el corolario de otro acto fallido. Dos de los líderes de la toma intentaron una fuga que fue frustrada por la guardia externa. Ante la alerta, entraron por la ventana de la cocina donde se encontraron con los policías que luego retuvieron. No parece haber sido un reclamo programado; la improvisación gobernó cada etapa.

El reclamo fue, entre otras cosas, mejores condiciones de reclusión. Pidieron que la comida se repartiera en cuanto llegue al módulo para evitar que las ratas –que abundan– circulen entre el alimento. También pidieron cambiar el régimen de visitas.

“Rompimos el módulo porque no nos daban de comer. Porque no teníamos contacto con la visita, teníamos apenas 30 minutos. Estamos pasando mal, nosotros y nuestras familias. Estamos pidiendo que los pocos derechitos que tenemos acá adentro se respeten. Que el pan y la leche, si entran a las 10.00, se repartan a las 10.00. Y que la visita sea como en otros sectores, durante varias horas. Nosotros ya estamos en un sector de castigo, ya estamos privados de libertad. La familia no tiene nada que ver con esto, la familia sólo nos viene a ver”, dijo uno de los voceros a la prensa.

“La vaca y el marroco [la leche y el pan] llegan a las 10.30. A las 11.30 llega el rancho [la comida]. A las 13.30 recién reparten todo junto. Las ratas andan entre la comida, yo nunca vi tantas. Les explicamos la situación, pedimos que tomen medidas y siguió todo igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la punta y quedarnos con el 12. Esto se lo dije en la cara a los jefes”.

Uno de los policías también pudo comunicarse con el exterior mientras estaba tomado como rehén: “Estamos bien, nerviosos pero bien. Se han portado bien, no nos han judeado. Esperamos que las autoridades carcelarias resuelvan esto lo antes posible. Comimos, almorzamos, nos dieron agua y Coca-Cola. Dentro de lo posible estamos bien”.

Inicialmente trascendió que también habían pedido 150.000 pesos por la liberación de un privado de libertad alojado en el módulo. Luego fue desmentido: “Lo de la plata es mentira, lo dijo la prensa para ensuciarnos”, afirmó el vocero de los reclusos. Se dice que el pedido de dinero formó parte de la negociación, hasta que advirtieron que el recluso que creían que era hijo de un dirigente de la empresa CUTCSA en realidad no lo era.

Para entregarse pidieron garantías y ser traslados. “El módulo se rompió porque había malos tratos, no nos daban de comer. Llegamos a un acuerdo porque nos dijeron que nos van a llevar a otras cárceles”, agregó. “Queríamos hablar con la prensa para que esto se haga público. Para que las cosas no sean internas y no queden acá. Porque mañana empieza todo de vuelta en el mismo sistema”, dijo el vocero.

Gonzalo Larrosa (Director del INR) garantizó en las negociaciones que no iba a haber agresiones y que iban a tener una reunión con ellos una vez que terminara la toma. Según familiares de las personas privadas de libertad del módulo 12 que participaron en el motín, la mayoría serán trasladados al sector G del Penal de Libertad, de similares características al lugar que están abandonando. Además, suponen que los espera una golpiza.

Inmediatamente luego del motín, el sindicato de los policías se reunió para negociar sus condiciones laborales dentro del establecimiento.

Finalmente, el grueso de los reclusos fue trasladado al Penal de Libertad. Otros fueron derivados a la Unidad 10 Juan Soler y los restantes fueron realojados en otros módulos de Santiago Vázquez.

Motines en la historia

Los últimos grandes motines que se recuerdan datan de 2002 en el Penal de Libertad y de 2009 en el ex Comcar. Antes y después hubo muchos episodios concretos. Sin ir más lejos, la semana pasada murió un privado de libertad en la Unidad 7 Canelones, en la quema de un colchón por causas que aún no se definen.

En 2002, 336 personas privadas de libertad destrozaron el Penal de Libertad. Durante cuatro días tomaron las instalaciones de la cárcel y tuvieron diez policías como rehenes (todos liberados sin lesiones físicas). Los líderes de la toma fueron Mario Silva (alias Marito) y Néstor Peña Otero (alias Rambo), ambos asesinados en años subsiguientes. El reclamo era por mejores condiciones de reclusión. También denunciaban corrupción policial y golpizas. Generaron daños por casi un millón y medio de dólares. Las obras para reacondicionar la cárcel demoraron seis años.

Corrupción había. Al tiempo, José Felipe Sande Lima, el director de la unidad en la época del motín, fue procesado por diversos cargos. Entre ellos, por haber robado varios elementos que quedaron de la toma. Vendió escombros que sacó de la cárcel, se apropió de materiales e insumos y de un inodoro, que instaló en su casa.

Sande Lima ingresó durante la dictadura militar al Ministerio del Interior. Participó en varias operaciones militares. A la vuelta de la democracia fue nombrado director de Institutos Penales hasta que pasó a dirigir el Penal de Libertad.

El otro motín recordado por sus lamentables consecuencias fue en 2009 en el ex Comcar. 24 privados de libertad tomaron un sector del módulo 6. Cinco de ellos murieron en un incendio, atrapados en la quema de colchones.

Comisionados

“El medio es ilegítimo, especialmente cuando se toman rehenes, pero el reclamo no deja de ser válido”, dijo Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario penitenciario, en declaraciones a la televisión. Agregó también que “invertir en cárceles es invertir en seguridad, descuidar las cárceles es descuidar la seguridad”.

El actual comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, siguió de cerca el motín. El módulo 12 “no tiene las condiciones mínimas requeridas para un tratamiento, ya que hay un confinamiento solitario”, dijo. A su vez, destacó el rol de las autoridades en la negociación: “Quiero recalcar que ante la emergencia de la toma de rehenes hubo un accionar del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Rehabilitación [INR] muy profesional y muy eficiente. Se logró canalizar una situación de enorme tensión con 31 internos que habían tomado control de un módulo con armas, con el descontrol que eso puede generar. Por suerte, con una negociación larga y cuidadosa, se logró canalizar este problema”.

Destacó el trabajo en territorio que hicieron Gonzalo Larrosa (Director del INR), Henry Fagúndez (director de la unidad), Gerardo Bidarte (subdirector operativo nacional del INR), los negociadores del Ministerio del Interior y el director de la Guardia Republicana. Agregó que “tuvieron una delicadeza quirúrgica y mucho criterio para reorientar a dónde van a ir los internos”.

“No es el momento para sacar conclusiones, ahora solamente tenemos que decir que no ocurrió nada que no tuviera arreglo. Los rehenes pudieron ser liberados y volver con sus familias. Ahora hay que seguir pensando y trabajando”.

Todo tiene un por qué

Lo que pasó en el módulo 12 es consecuencia de la acumulación de tensiones y de la falta de condiciones mínimas para garantizar una adecuada gestión penitenciaria, cuestión que se repite en este sector y en otros tantos.

Según Petit, “esta situación es un emergente de las causas estructurales que siguen sin ser resueltas del todo. No viene de ayer, de anteayer, ni de hace cinco o diez años. Esto pasa por no contar todavía con un sistema penitenciario acorde al siglo XXI. Más allá de que se avanzó mucho en los últimos años, todavía estamos muy lejos”.

“Están haciendo un enorme esfuerzo para evitar males mayores. Lo lograron en esta situación. Pero no está en sus manos la política pública, tienen recursos muy limitados. La política pública es la que debe atender justamente las causas estructurales que llevan a estos episodios periódicos, que se están volviendo demasiado frecuentes y nos deben hacer reflexionar sobre cómo están las cárceles de nuestro país”, dijo.

Cuando en la toma escuchamos que alguien dice “me importa un huevo morir y matar también” tenemos que encender la alerta. Porque algo pasa para que la vida no valga nada. Y, como dice Garcé, “cuando la vida deja de valer se está dando una señal muy peligrosa”.

Si queremos cambiar la seguridad tenemos que hacernos cargo de las cárceles, para que no perpetúen el delito y la violencia. “Un sistema penitenciario malo, violento y sin recursos va a generar mayor reincidencia y más delitos. Forma parte de la armonía social tener un sistema penitenciario eficiente. Esto requiere una política pública y recursos. Requiere un salto cualitativo. Sobre las bases que se han logrado, generar realmente un salto cualitativo”, remató Petit.