La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje militar y policial en democracia finalizará su actuación el 30 de agosto, cuando deberá elaborar uno o varios informes con las conclusiones tomadas en base al análisis del extenso “archivo Berrutti” y de los testimonios de las decenas de militares retirados que desfilaron ante la comisión. Algunos integrantes oficialistas de ese cuerpo señalaron en varias oportunidades que el informe final seguramente será enviado a la Justicia para que esta investigue, pero integrantes de la oposición todavía no se habían pronunciado al respecto. Consultado por la diaria, el vicepresidente de la comisión, Gerardo Amarilla, del Partido Nacional, indicó que de las entrevistas no se obtuvo mucha información –la mayoría señaló que no sabía nada sobre el espionaje–, pero que en base al archivo Berrutti “hay algunas actuaciones que deberían ser evaluadas por la Justicia”.
A su vez, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, dijo a la diaria que “claramente hay material como para hacer una denuncia ante la Justicia”. No obstante, indicó que hay delitos que pueden haber prescripto. De todos modos, más allá de la actuación de la Justicia, Posada señaló que el archivo Berrutti debería ser estudiado por su valor histórico, como testimonio del espionaje en democracia.
Hoy a las 15.30 comparecerá ante la comisión el ex presidente Julio María Sanguinetti. Amarilla votó en contra de la convocatoria, porque entendió –de manera similar al diputado Tabaré Viera– que “generaba cierta suspicacia” que se lo cite “justo cuando anunció que vuelve al ruedo político”, algo que “no le hace bien a la comisión”. Amarilla aseguró que hubo espionaje tanto en el gobierno de Sanguinetti como en el de José Mujica y Tabaré Vázquez, por lo tanto, “con el mismo criterio, habría que llamar a todos”. En cambio, Posada cree que, como Sanguinetti fue presidente durante el período inmediatamente posterior a la dictadura, “sí corresponde su convocatoria”.