Durante más de un año, la unidad temática de Economía de la Comisión Nacional de Programa (CNP) del Frente Amplio (FA) se reunió semanalmente, con participación de todos los sectores, de las bases y de integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta semana llegó a un documento de consenso sobre “propuestas de orientaciones, objetivos e instrumentos de política económica 2020-2025”, que remitió a la CNP. Esta última es la encargada de reunir los insumos de todas las unidades temáticas y presentar una síntesis de cara al Congreso programático del FA.
El documento, al que accedió la diaria, define como objetivos del próximo período de gobierno, en materia económica, el crecimiento sustentable; un incremento en los niveles de ocupación, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo (en términos de formalidad y equidad); y la reducción de la desigualdad social, con especial énfasis en la infancia y la adolescencia.
A continuación enumera las condiciones a preservar para cumplir con estos objetivos: la estabilidad macroeconómica y la credibilidad; la sostenibilidad del financiamiento en el mediano y largo plazo de las políticas públicas previstas en el programa; los bajos niveles de inflación, así como “evitar los desalineamientos del tipo de cambio real respecto de sus fundamentos; la estabilidad del sistema financiero uruguayo; la negociación colectiva y los Consejos de Salarios; la provisión de bienes públicos de calidad por parte del Estado; y el del rol de las empresas públicas “como uno de los actores centrales en la estrategia de desarrollo”.
En materia de instrumentos de política, se señala que para la sostenibilidad del crecimiento en el mediano y largo plazo se requieren “políticas de transformación productiva” que apunten tanto a la diversificación como al incremento de la productividad. Según detalla el documento, la diversificación productiva debe apuntar al “despliegue a lo largo de las cadenas de valor de base primaria en las que participa el país”, a la profundización del cambio de matriz energética, “aprovechando las oportunidades que ofrece el cambio tecnológico en el plano de la biología, la nanotecnología y la informática”, así como a un “amplio despliegue de las industrias culturales y los sistemas educativos”. Además, la transformación productiva también supone “la transformación del sector público, haciéndolo más eficiente y profundizando su efecto dinámico sobre el sector productivo”.
Inversiones e impuestos
En el documento se señala como necesidad “mantener el estímulo a la inversión como uno de los motores del crecimiento, revisando los instrumentos transversales existentes para minimizar el apoyo a proyectos que tienen viabilidad sin el apoyo público y generar un mayor direccionamiento a inversiones que no se realizarían en ausencia de las políticas”. Se añade que la Ley de Promoción de Inversiones “provee un marco adecuado en este sentido, generando transparencia y flexibilidad al sistema y permitiendo que se adecue a distintas fases del ciclo económico”. “Complementariamente, se requiere definir políticas sectoriales para la transformación productiva con mirada estratégica, que pueden requerir instrumentos y fondos específicos”, acota el texto.
En cuanto a la inversión extranjera directa, se valora que “ha sido bienvenida” y que “deberá seguir jugando un rol potente, aunque es muy importante trabajar para fortalecer sus vínculos con el resto del tejido empresarial y sus derrames tecnológicos y de productividad”. “También es fundamental fortalecer al empresariado nacional, buscando contrarrestar la creciente extranjerización de empresas”, se advierte.
En el capítulo de propuestas de cara a la reducción de la desigualdad social, se menciona que “resulta clave mantener la priorización del gasto público social y profundizar su redistribución” hacia las generaciones más jóvenes. En materia impositiva, se propone “continuar aumentando gradualmente” la participación de los impuestos a la renta y a la riqueza respecto de los impuestos al consumo, así como “fortalecer el Impuesto al Patrimonio a las Personas Físicas”.
También se sugieren nuevos instrumentos tributarios. Para “minimizar el impacto de la transmisión intergeneracional de la desigualdad”, se propone implementar un impuesto a las “herencias elevadas, exonerando del gravamen a los hogares de los estratos bajos y medios”. Además, se sugiere “estudiar la utilización de instrumentos tributarios como forma de penalizar usos que sean perjudiciales para el medioambiente”, en el marco de la política ambiental general, así como evaluar la posibilidad de “aliviar en términos relativos la tributación sobre el consumo de bienes básicos en relación a otros consumos”, y “diferenciar en el marco de las políticas de inclusión financiera los gravámenes a los consumidores más vulnerables”.
Más sobre este tema: Proponen universalizar asignaciones familiares y eliminar afiliación obligatoria a las AFAP