“Detrás de cada cartel hay una idea. Policía militarizada patrullando las calles”. Así empezaba en 2014 un spot del actual senador nacionalista Jorge Larrañaga, por entonces precandidato presidencial de la República. La idea, que originalmente incluía que militares pasaran a desempeñar tareas policiales tras un entrenamiento especial, ya se manejaba en la campaña anterior, la de 2009. El senador insistió con la propuesta en las internas de 2014, pero finalmente sería licuada en el programa que el Partido Nacional llevó a las presidenciales de 2014, por el que sería el candidato nacionalista el actual senador Luis Lacalle Pou, quien una y otra vez se ha opuesto a la iniciativa, al menos de la forma en que la plantea Larrañaga. En la pasada campaña, todo se arregló con una escueta mención a una “guardia nacional” en el programa nacionalista: se decía que esa guardia estaría “altamente entrenada y debidamente equipada” y que “tendrá a su cargo complementar el combate al delito en aquellas zonas donde se registran mayores índices de criminalidad”, aunque no se especificaba de qué forma se iba a integrar.
Luego de la derrota electoral de la fórmula nacionalista de 2014 y de presentar sin éxito varios proyectos de ley para crear esta guardia nacional, el senador ha decidido probar el único camino que le resta: la reforma constitucional. Claro, la propuesta que impulsa Larrañaga modifica otros puntos de la carta magna que el legislador entiende que son un obstáculo para la tan mentada lucha contra la delincuencia: el levantamiento de la prohibición de realizar allanamientos nocturnos con orden judicial, el cumplimiento completo de las penas en los delitos graves y la prisión perpetua revisable en los casos de delitos gravísimos. El texto de la reforma incluso dice que el Parlamento “podrá” aprobar las leyes con el contenido de esas cuatro propuestas, pero mediante sendas disposiciones transitorias establece que, mientras eso no ocurra, entrarán en vigencia. Todo esto se presenta en momentos en que las propias jerarquías del Ministerio del Interior admiten que este año habrá una suba histórica en los homicidios del país.
Luego de la derrota de la comisión “Para vivir en paz” y su propuesta para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, la iniciativa de Larrañaga se convierte en el primer impulso de un plebiscito de cara a 2019 que apunta a la seguridad. La anterior iniciativa no contó con su apoyo; fue impulsada por el senador colorado Pedro Bordaberry y apoyada por el herrerismo, por el entonces senador Luis Alberto Lacalle y, con mucho menos énfasis, por Lacalle Pou. Ahora, Larrañaga retoma esta bandera en solitario, sin el apoyo grupal de los sectores que apoyaron la campaña anterior. El nombre de la campaña de recolección de firmas incluso es similar al que se utilizó hace unos años: “Vivir sin miedo”.
Aunque no ha contado con respaldos sectoriales, son muchos los actores que firmaron la papeleta. Desde figuras de la televisión como el humorista Petru Valensky y el meteorólogo Núbel Cisneros, a políticos de arraigo departamental como los intendentes Dardo Sánchez (Treinta y Tres), Adriana Peña (Lavalleja), Carlos Enciso (Florida, del sector Todos, de Lacalle Pou) y senadores como Germán Coutinho (Partido Colorado). La campaña de Larrañaga suma, de forma vertiginosa, figuras de renombre todas las semanas, de diferentes regiones y colores partidarios.
La mirada blanca
El diputado Pablo Abdala, del sector de Larrañaga, sostuvo que la propuesta de reforma constitucional no es un signo de que el senador se haya derechizado. “Ese razonamiento parte de nociones muy rígidas y de una simplificación excesiva de una realidad que es más compleja y más rica”, argumentó. Se trata, explicó, de “adecuar la legislación y combatir una realidad que nos aqueja, haciendo frente a una situación que nadie ignora”. Abdala dijo incluso que si ser de izquierda implica una mayor sensibilidad hacia algunas preocupaciones de la población, “yo diría que las propuestas son de izquierda”. “Larrañaga en eso está muy lejos de haberse volcado a la derecha. Sigue representando una posición de centro o moderada”, afirmó.
Similar posición sostuvo la senadora Verónica Alonso, escindida de Alianza Nacional y quien hasta ahora ha decidido no acompañar la iniciativa del líder blanco. “Siempre se termina poniendo todo en esa dicotomía de derechizar o no. Si la propuesta es buena y la sociedad lo reclama, no la pondría en ese esquema de derecha o izquierda”, dijo la senadora. Alonso, no obstante, admitió que se trata de posturas “que no siempre identificaron a este sector del partido”. La legisladora cuestionó además que decir que la reforma va a solucionar el tema “mañana” no es ser honesto con “la gente”. “Firmando no tenés el tema solucionado mañana. Pero mañana sí se pueden buscar otras alternativas. Tenemos que hacer algo mientras tanto y tenemos las herramientas”, dijo. La senadora recientemente se reunió con Tabaré Vázquez para impulsar medidas que podrían aplicarse en este período de gobierno: por ejemplo, que la Guardia Republicana se vuelque más a patrullar las calles.
Otros blancos, en cambio, critican la iniciativa de Larrañaga y marcan su carácter punitivo. “A Wilson [Ferreira Aldunate] de lo único que lo vi arrepentido en su vida fue de haber votado la Ley de Seguridad del Estado, que terminó siendo utilizada para sacar el Ejército a la calle. Y yo digo que esto va en esa misma línea”, dijo el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, quien encabeza el movimiento de intendentes escindidos de Alianza Nacional, el sector de Larrañaga. Para Botana tampoco se trata de un tema de derecha o de izquierda: “Fue Bordaberry el que sacó los militares a la calle, y también lo hacen Nicolás Maduro y otras izquierdas”.
Botana entiende que en la propuesta de Larrañaga hay cierta “confusión institucional”: “El Ejército debe respaldar el funcionamiento de las instituciones. Es la garantía cuando uno denuncia una irregularidad, pero para poder ser esa garantía se tiene que mantener ajeno a lo cotidiano. No es bueno que los militares se mezclen con el delito ni que empiecen a tener manifestaciones de opinión”.
Desde otras filas
Según Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo y ex vocera de la campaña No a la Baja, la propuesta de reforma constitucional de Larrañaga es aun más “regresiva” y “de derecha” que la de 2014. “Tiene una connotación ideológica más explícita. Por un lado se proponen cosas altamente punitivas, pero además está la propuesta específica de los militares, que tiene una connotación ideológica explícitamente regresiva y de derecha”. Para Goyeneche, Larrañaga se derechizó, y lo “curioso” de la situación, subrayó, es que la propia reforma que está proponiendo el blanco es contraria a los argumentos que él mismo dio para no apoyar la baja de la edad de imputabilidad.
En 2011, Larrañaga escribió una columna con 12 razones para no firmar la propuesta impulsada por Bordaberry. En aquel momento, el senador argumentaba, por ejemplo, que se incorporaba a la Constitución “un tema que debe ser regulado por ley”, lo que calificaba no sólo de un “error jurídico” sino también de un “exabrupto político”. Además, Larrañaga decía que “ante una realidad cambiante y dinámica, respondemos con cláusulas rígidas, de fácil modificación. Le imponemos al país que viene instrumentos que otra sociedad ideó para su momento y que debían ser regulados por la vía legislativa”. El senador hacía referencia al colapso del sistema carcelario y sostenía que “manejar el miedo o el hartazgo de la gente para una reforma constitucional y más aún, como plataforma política, no es ni jurídica, ni política, ni cívicamente aceptable [...]. Era el mecanismo utilizado por la izquierda y argumentábamos que estaba mal. ¿Por qué vamos hacer lo mismo?”.
Para Antonio Cardarello, del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, si bien Larrañaga inició su campaña política reivindicando al wilsonismo e identificándose con la centroizquierda, en los últimos años ha tenido un giro hacia posiciones menos identificadas con ese sector del nacionalismo, y esta reforma “se expide en ese marco”. “Con el discurso wilsonista ganó las primarias a Lacalle Herrera en 2004, pero luego pierde [en 2009] con el ex presidente y pierde votos desde su derecha. Luego de eso va a tener varios cambios de postura. Primero, de enfrentamiento en el primer gobierno de [Tabaré] Vázquez, luego de diálogo aperturista con [José] Mujica, y en los últimos años hay un giro hacia posiciones menos identificadas con el wilsonismo”. El politólogo también contextualizó en qué marco Larrañaga impulsa esta iniciativa: “Está perdiendo apoyos, como el grupo de intendentes o la senadora Verónica Alonso que lo abandonan, lo que hace que busque temas para estar en agenda”.
Resta ver si esta campaña lo beneficiará electoralmente. “Se puede ver como un objetivo de competencia electoral, sobre todo pensando en la interna del Partido Nacional, en la que Lacalle Pou es favorito. Dado que el principal malestar de la opinión pública gira en torno al tema de la seguridad, parece claro que esa era una bandera fácil de levantar: pegarle al gobierno en ese tema y pedir más mano dura, y eso en un electorado que es refactario al Frente Amplio es el lugar que tiene para ganar votos. Resta ver si esa estrategia le dará resultados”, dijo Cardarello. Para el politólogo, el hecho de que Alberto Zumarán o Gonzalo Aguirre firmaran la propuesta es un detalle no menor: “Fueron figuras del wilsonismo. Entonces el mensaje puede ser que se va en ese sector, pero no se abandona la bandera wilsonista”.
Se dio vuelta
“Apoyamos el pedido de interpelación de Pedro Bordaberry y apoyaremos, si así lo decide, la recolección de firmas propuesta por Jorge Larrañaga. Vamos a apoyar toda instancia que signifique un cambio en la fracasada política de seguridad humana”. Así decía un tuit escrito por Luis Lacalle Pou el 3 de abril, que el propio legislador luego borró. También en la cámara, el senador hizo declaraciones similares asegurando que apoyaría a Larrañaga en su campaña si este la lanzaba. Sin embargo, Lacalle Pou actualmente no está apoyando la recolección de firmas. “El tema puntual es que si hoy se está incendiando una casa no podemos llamar a los bomberos para dentro de dos años”, afirmó el senador en Dolores, en declaraciones recogidas por el diario El País el sábado 26 de mayo. “La reforma nuestra para dentro de dos años es reformar el gobierno, cambiarlo, y ahí recuperar el mando político de las fuerzas policiales y decirle claramente a la delincuencia que se le terminó el recreo”, agregó.