El proyecto de ley de Rendición de Cuentas ingresará este sábado al Parlamento, al límite del plazo constitucional. La iniciativa prevé un incremento de recursos de 4.700 millones de pesos (aproximadamente 150 millones de dólares). Según comunicó a principios de mes a la bancada frenteamplista el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, el gobierno tiene previsto incrementar el presupuesto en 1.700 millones de pesos para rubros ya comprometidos –fondos para cooperativas de vivienda, el acuerdo salarial con los funcionarios del Poder Judicial, pagos por nocturnidad en el Ministerio del Interior y pagos por disponibilidad de las obras por participación público-privada– y 3.000 millones para educación, salud, vivienda, seguridad pública y los salarios de los cargos más bajos del Ministerio de Defensa Nacional.
Por otra parte, los diarios El País y El Observador informaron ayer que el Poder Ejecutivo comunicó en el Consejo Superior del sector público su intención de reasignar dinero que iba a destinarse a llenar vacantes en las Fuerzas Armadas para poder regularizar a 350 auxiliares de primaria, un compromiso que se arrastraba de la Rendición de Cuentas anterior. Esto implica que el incremento presupuestal previsto para la Administración Nacional de Educación Pública pasaría de 1.942 millones de pesos a 2.042 millones. Parte del dinero de las vacantes en las Fuerzas Armadas también se destinaría a cumplir con la ley integral contra la violencia basada en género, aunque por ahora se está lejos de los 943 millones de pesos solicitados por el Poder Judicial para instrumentar la norma.
Más allá de esta reasignación de recursos, que los gremios públicos consideran insuficiente, Astori remarcó ayer que el gobierno pretende que los legisladores procesen la discusión de la Rendición de Cuentas en forma “prudente” porque “las restricciones fiscales son muy importantes”. El ministro dijo al programa Fuentes confiables, de la radio Universal, que la Rendición de Cuentas se elaboró en base a “dos grandes principios”: “no hay impuestos nuevos, ni aumento de los existentes”, y “cada gasto debe tener su correspondiente financiamiento”. “El impacto fiscal tiene que ser igual a cero. Cuando decimos 'no más impuestos' es porque Uruguay necesita más fuentes de trabajo e inversión. [...] No poner impuestos no es sólo por los empresarios, sino por Uruguay en general”, argumentó Astori.
Podemos ir a más
Algunos sectores del Frente Amplio (FA) no están conformes con los lineamientos anunciados. El Partido Comunista del Uruguay (PCU) solicitó una reunión con el presidente Tabaré Vázquez que se concretará hoy a las 9.00, antes de la movilización del PIT-CNT, informó a la diaria el diputado del sector Gerardo Núñez. Acotó que el PCU destaca que el proyecto no es “Rendición de Cuentas cero, a pesar de las enormes dificultades que hay en las economías regionales y que inciden en la nuestra”, y que “hay una apuesta a intentar cumplir mayoritariamente los compromisos programáticos asumidos”. De todos modos, el sector entiende que “son insuficientes los esfuerzos para el conjunto de las expectativas y necesidades que hoy existen”. En particular, el PCU considera que debe haber un incremento en los recursos destinados a salarios para la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE); que hay que aumentar los recursos para la educación –si bien se reconoce que la reasignación para la regularización de los auxiliares es “un esfuerzo importante”, acotó Núñez– y llegar al objetivo de “estar próximos al 6% del Producto Interno Bruto [PIB]”; así como incrementar el gasto en infraestructura.
El PCU, junto con otros sectores del FA, ha hecho propuestas en rendiciones de cuentas anteriores para establecer nuevos impuestos o incrementar los existentes, de modo de financiar el aumento del gasto. El gobierno –y en particular Vázquez– ya se negó públicamente a tomar este camino. Por lo tanto, los comunistas le sugerirán hoy al presidente la posibilidad de “desacelerar” el proceso de reducción del déficit fiscal. “0,1% del déficit representa 55 millones de dólares, aproximadamente. Nos parece que no mueve la aguja demasiado a favor del déficit y sí puede cubrir necesidades concretas que existen en Uruguay, que para nosotros son centrales”, argumentó Núñez.
Por su parte, la lista 711 entiende que si no hay posibilidad de cumplir con los compromisos programáticos, hay que “explicarle” a la ciudadanía “por qué” no se hizo, dijo el senador del sector Leonardo de León. Acotó que la 711 está convencida de que es necesario llegar a 6% del PIB para la educación e invertir en infraestructura y vivienda.
El diputado Saúl Aristimuño, del mismo sector, opinó que los lineamientos de la Rendición de Cuentas “no colman para nada las expectativas nuestras y de la gente en general”. “Es más de lo mismo; la política económica no cambia. Esto va a generar mucho descontento”, pronosticó. Aclaró, de todos modos, que el respaldo del sector no está en cuestión. “Lo contrario sería comprometer algunas mejoras que algunos sectores van a recibir, y para eso nosotros no estamos, más allá de que consideramos que es un volumen insuficiente para algunas áreas”, señaló.