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Wilson Netto. (archivo, febrero de 2016)

Foto: Pablo Vignali

ANEP asegura que no debe pedir aval de padres para dar educación sexual

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La solicitud de un grupo de padres “pone en juego los planes de estudio”, aseguró Netto.

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En noviembre de 2017, la Red de Padres Responsables presentó ante el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) un petitorio que argumentaba que en materia de educación “en el área afectivo sexual se transmiten contenidos y se ofrecen modelos desde una visión antropológica particular pero no consensuada”. En cambio, esta red planteó que quería para sus hijos “una formación afectivo-sexual positiva e integral, en el marco de una educación gradual en la responsabilidad y el amor, y en la consideración del matrimonio y la familia como el ámbito natural de ese amor y de esa educación”. En ese sentido, la red pedía que no se impartiera educación sexual “sin el previo consentimiento informado y expreso de los padres, que debe necesariamente incluir la información detallada de qué tipo de educación afectivo-sexual se pretende transmitir (especificando contenidos, valores, actividades, material didáctico, etcétera)”. Incluso planteó que los padres puedan “negarse a que se dé cualquier tipo de educación afectivo-sexual” y que, en caso de que lo soliciten, “se permita que esta formación afectivo-sexual se ofrezca a través de talleres para padres, docentes y/o alumnos, dirigidos por esta red de padres”.

En una resolución que fue notificada esta semana a la red, el Codicen rechazó el petitorio, en base a los informes presentados por un grupo de trabajo conformado por el Programa de Educación Sexual y la Asesoría Letrada de ANEP. La resolución recuerda que desde 2006 es obligatorio aplicar el Plan Nacional de Educación Sexual en los diferentes niveles y que la Ley General de Educación “establece como línea transversal la educación sexual”. A su vez, indica que el programa del Consejo de Educación Inicial y Primaria incluye la educación sexual desde 2008, y que tanto la Ley General de Educación como el programa “no prevén la posibilidad de que los padres puedan exigir brindar un previo consentimiento y tampoco puedan optar entre distintas propuestas de educación sexual para sus hijos”. Los padres que quieran conocer el tipo de educación sexual que se imparte, señala el texto, “pueden analizar los planes y programas aprobados por la ANEP y los materiales de apoyo”. Si bien en la resolución el Codicen manifiesta “su disposición a generar espacios de diálogo y de reflexión técnica en relación a estas temáticas”, considera que “no surgen elementos que ameriten suspender esta formación, ya que ello además vulneraría normativa nacional de aplicación que establece la necesidad de contemplar, en todas las modalidades educativas, líneas transversales entre las cuales se encuentra la educación sexual”.

El presidente del Codicen, Wilson Netto, afirmó ayer en conferencia de prensa que el petitorio del grupo de padres significa “poner en juego todo lo que involucra desde el punto de vista académico los planes de estudios: es como que para cualquier área que desarrolla la administración, validado en función de las competencias, tengan que ser consultados cada uno de los estudiantes, y sus familias, si están en condiciones de recibir o no ese aporte de la propuesta educativa en su conjunto”, cuestionó. Luego ilustró: “Hoy estamos hablando de esta temática, mañana podríamos estar hablando de ciencia o de otras áreas de conocimiento”.

La respuesta del Codicen, si bien fue discutida por los integrantes, fue adoptada en acuerdo. La integrante del Codicen elegida por los docentes, Elizabeth Ivaldi, aseguró que la educación sexual “es un tema que no puede dejarse de trabajar con participación y comunicación con las familias, pero tampoco podemos decir que no se trabaje en la escuela”. “El niño no deja colgado su cuerpo y su sexualidad en la puerta de la escuela”, afirmó.

Desde la Red de Padres Responsables respondieron que continuarán con el proceso administrativo, por lo que presentarán primero un recurso de revocación para que el Codicen modifique su postura, y luego elevarán el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

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