Desde el año pasado, la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA) estudia el proyecto de reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) remitido por el Poder Ejecutivo. La norma fue aprobada en diciembre de 2014 pero todavía no fue reglamentada. La CHASCA terminará a mediados de julio un documento de evaluación y propuestas, dijeron a la diaria dos de sus integrantes, José Imaz, de la Red de Radios Comunitarias, y Gabriel Kaplún, de la Facultad de Información y Comunicación.
El documento que enviarán al Poder Ejecutivo sintetizará los acuerdos y las diferencias que hubo en la comisión, en la que participan representantes del gobierno, una parte del sector empresarial y organizaciones sociales.
Respecto de la propuesta original del Ejecutivo, hubo acuerdo en bajar los montos de las sanciones más leves y en tomar en consideración el tamaño de la empresa mediática para imponer la sanción. Este fue un pedido de la Asociación de Radios del Interior (RAMI), que argumentó que los montos de algunas multas por sanciones leves, que pueden llegar a los 300.000 pesos, podrían hacer cerrar a muchas radios del interior, que son empresas pequeñas.
También hubo acuerdo en clarificar el proceso de adjudicación de frecuencias,porque en la redacción de la reglamentación propuesta “estaba confuso”, explicó Kaplún.
En cambio, no hubo acuerdo sobre los primeros artículos de la reglamentación, que refieren a la distribución de competencias entre el Poder Ejecutivo y el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), organismo encargado de la aplicación de la ley. Las organizaciones sociales, y en particular la Coalición por una Comunicación Democrática, entienden que la reglamentación propuesta minimiza las atribuciones del CCA y otorga mayor poder al Ejecutivo, en sentido contrario a lo dispuesto en la ley. Los representantes del Ejecutivo argumentaron en la CHASCA que no se pretendía limitar al CCA, pero no se llegó a un consenso y en el documento se reflejarán las dos visiones.
Kaplún destacó que la comisión “trabajó relativamente bien, con respeto”. Imaz señaló que hay aspectos de la ley que precisan reglamentación y no se incorporaron en esta propuesta, por lo que será necesario seguir reglamentando la norma.