La venta de los padrones 7.751 y 6.177 de la rambla sur de Montevideo, en el predio del dique Mauá, tuvo un tratamiento rápido en la Cámara de Senadores el año pasado, pero afronta obstáculos en Diputados. El gobierno elaboró la iniciativa a partir de un proyecto presentado en 2016 por la empresa Los Cipreses, del grupo Buquebús, que planea construir allí una terminal fluvio-marítima, un hotel cinco estrellas, un centro comercial y estacionamientos subterráneos. La iniciativa autoriza al Ejecutivo a hacer una licitación pública para vender esos terrenos de la rambla.
La Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de Diputados aprobó este mes el proyecto, pero la votación en el plenario se postergó para setiembre, confirmó el coordinador de la bancada frenteamplista, Carlos Varela (Asamblea Uruguay). El Partido Comunista del Uruguay (PCU) planteó discutir el tema en la bancada, porque “en principio” está en contra de la enajenación, dijo a la diaria el diputado de ese sector Gerardo Núñez.
“Estamos analizándolo en profundidad. En principio, no compartimos la enajenación. Una concesión sí, por un período concreto, a término. Pero así no nos convence”, afirmó Núñez.
No son los únicos con dudas en la bancada del Frente Amplio (FA). El diputado socialista Roberto Chiazzaro escribió el jueves en su cuenta de Twitter que no considera “conveniente” la enajenación. “No debemos enajenar el patrimonio del Estado en la franja de la costa. Se trata de un espacio público al cual es otro el uso que se le debe dar”, opinó. Su posición es compartida por otros diputados de la denominada “ala ortodoxa” del Partido Socialista.
En el Movimiento de Participación Popular, en tanto, hay distintas visiones. El diputado del sector Daniel Caggiani respaldó en comisión el proyecto, pero su par Julio Battistoni se opone: dijo a la diaria que está “en contra de conceder a privados parte de la costa”. “Me parece que el proyecto de ley que se votó no es correcto, que es hasta ilegal”, advirtió. Señaló que hay “una serie de normativas sobre la venta de terrenos sobre la costa” que esta iniciativa violaría. “Lo que correspondería, en todo caso, sería una concesión por algunos años”, acotó. De todos modos, consideró que instalar un puerto en la zona del dique Mauá “fracturaría la continuidad de la rambla, que además está declarada Monumento Histórico”.
Asimismo, un grupo de arquitectos está haciendo circular entre los diputados de todos los partidos una petición para que no voten el proyecto de enajenación. Califican la iniciativa de “gravísimo desacierto, dado que pone de modo irreversible el espacio público en manos privadas y quita al Estado toda capacidad de injerencia en ese tramo de la faja costera, cuyo carácter público es y ha sido de gran significación para todos los uruguayos”. “Como es sabido, la costa en Uruguay es eminentemente pública, pertenece a todos, y por ende no debe ser enajenada bajo ningún concepto. Es además un espacio de valor patrimonial que ha sido consagrado como tal a través de leyes que tienen hoy plena vigencia: la rambla es, de hecho, Monumento Histórico Nacional”, advierten. Piden que los diputados hagan una “justa evaluación” de las consecuencias del proyecto.
Hoy, la bancada departamental de Montevideo del FA analizará el tema. Uno de sus integrantes, el ex intendente capitalino Mariano Arana, se manifestó “muy preocupado” por la venta proyectada, y el PCU expresará allí también sus dudas. “Vamos a utilizar todos los mecanismos orgánicos de discusión, porque este tema no puede pasar desapercibido, sin discusión política”, remarcó Núñez.
En el proyecto de Rendición de Cuentas presentado el año pasado, el Ejecutivo incluyó la venta de los padrones de la rambla, pero el artículo se quitó debido a diferencias internas en el FA.