Con votos de todos los partidos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre publicidad oficial, que ahora pasará a ser considerado por la Cámara de Senadores.
El texto original fue redactado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Púbica (Cainfo), y tomó estado parlamentario a inicios de este período de gobierno, con la firma de legisladores del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente (PI). Tras más de un año de tratamiento en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, fue finalmente aprobado, mediante un acuerdo interpartidario y tras algunas modificaciones en su redacción.
El proyecto establece que cuando los organismos públicos de alcance nacional, departamental o municipal contraten pauta publicitaria en medios de comunicación social, servicios o plataformas tecnológicas de información y comunicación, deberán guiarse por criterios objetivos definidos en el articulado, entre ellos el público al que se destina la publicidad, el tiraje o rating del medio y el precio. Además, con el objetivo de promover la descentralización y la diversidad de medios, se dispone que 30% de la pauta deberá asignarse a medios del interior, y se crea un Fondo para la Promoción de la Diversidad de Medios de Comunicación Audiovisual, que se financiará con 1% del monto total presupuestado para publicidad oficial por los órganos del Poder Ejecutivo, entes autónomos y servicios descentralizados.
El miembro informante, Javier Umpiérrez, destacó que la iniciativa responde a las “mejores prácticas internacionales en materia de libertad de expresión y gobernanza”, y que evita el uso de la publicidad oficial para “premiar o castigar a los medios en función de su línea editorial” o en “una línea de censura”. Resaltó también el “régimen de contratación minucioso y específico de la ley, en coordinación con las normas del TOCAF [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado], las disposiciones constitucionales y el Tribunal de Cuentas”. Asimismo, recordó que el proyecto alcanza a las sociedades anónimas que sean integradas por el Estado en por lo menos 50% de su paquete accionario.
Por su parte, el nacionalista Pablo Abdala valoró que el sistema político haya sido capaz de construir un acuerdo multipartidario. Según dijo, se trata de un sistema “transparente y honesto”, aunque no debe ser complaciente. Abdala acotó, sin embargo, que su partido no votaría tres artículos: el que establece que los beneficiarios de la publicidad deben transparentar cuánto dinero reciben por ella y qué hacen con él, el que crea el Fondo para la Promoción de la Diversidad de Medios de Comunicación Audiovisual y el que asigna competencias relacionadas con el cumplimiento de las normas a la Agencia de Contrataciones y Compras del Estado. “Hubiésemos preferido que fuera la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones”, porque tiene contralor parlamentario, explicó.
Por su parte, Daniel Radío (PI) fue uno de los más críticos con la iniciativa. Manifestó que, si bien la apoya, en el fondo se trata de un “proyecto de ley de subsidio a los medios mediante la publicidad oficial”, algo que “hoy ya se hace”.
También hubo lugar para las advertencias: el frenteamplista José Carlos Mahía opinó que el proyecto debe ser “mejorado” en el Senado, dado que hoy en día los “medios electrónicos interpelan los diseños de las campañas publicitarias y esto no está contemplado en este proyecto de ley”.