La Comisión de Transporte de la cámara baja aprobó el miércoles pasado el proyecto de ley que permite al Poder Ejecutivo enajenar dos predios del dique Mauá para la construcción de una nueva terminal portuaria. La iniciativa no contó con el visto bueno de todos los partidos; el voto disidente fue del diputado colorado Adrián Peña, quien aseguró que la aprobación del proyecto es “un error”.
Peña argumentó que “no es lo ideal” otorgar una terminal a quienes son actualmente operadores, y cuestionó que se utilice la figura jurídica de la enajenación. “No estamos en contra de las concesiones, nunca lo hemos estado. La novedad ha sido que otras fuerzas políticas estén a favor de las concesiones cuando siempre las criticaron. Pero aquí se va más allá; no sólo se concesiona –con lo que estaríamos de acuerdo, si bien no es lo ideal que sea a esta empresa que es la que opera–, sino que se enajena”, manifestó Peña, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los padrones 6.177 y 7.751 de la rambla sur al adjudicatario de la licitación pública. En su momento, Buquebus propuso construir una nueva terminal de pasajeros, un hotel, un estacionamiento subterráneo y algunas obras portuarias. Esta iniciativa fue presentada en el marco de la Ley de Reactivación Económica, lo que le otorga una ventaja con respecto a los otros posibles competidores.
El diputado colorado destacó como positiva la incorporación del artículo 6 –que fue agregado por la Comisión de Transporte del Senado–, en el que se establece que la enajenación solamente se podrá realizar si se constata el efectivo cumplimiento de las obras, y se agrega que, en caso contrario, los inmuebles volverán a ser propiedad del Estado.
Por su parte, el diputado frenteamplista Daniel Caggiani señaló que las modificaciones que se le hicieron en el Senado al proyecto original otorgan una “nueva seguridad” al Estado de que las “obras se hagan y que los padrones que se enajenen no puedan pasar al privado hasta que este no haga las obras correspondientes”. De todas formas, el diputado puntualizó que si bien en un principio la bancada del Frente Amplio se opuso a la enajenación, el Poder Ejecutivo resolvió avanzar con la iniciativa y desde la bancada oficialista consideran que es “importante porque podría revitalizar una zona de la ciudad que está bastante deprimida, y generar puestos de trabajo en un momento en el que también la economía uruguaya lo necesita”. El legislador, además, destacó que se trata de una inversión millonaria en materia de infraestructura.
Peña también arremetió contra la figura del empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus. Destacó que su nombre ha resonado en momentos “nefastos” para el país, como cuando participó en el episodio de la venta de los aviones de Pluna. A su vez, manifestó su preocupación por la forma en que será financiado el proyecto, estimado en unos 200 millones de dólares.
Peña sugirió que una vez que se autorice la iniciativa, “seguramente el empresario va a financiar su proyecto con nuestro Banco República [BROU]. O sea que le vamos a dar a López Mena un proyecto para fortalecer su posición dominante, que lo van a financiar los uruguayos a través del Banco de la República, y todavía le vamos a vender determinados terrenos para comprometer esa posición dominante por los próximos 50 años. Creo que es demasiado”. Recordó, además, que hizo una “maniobra que todo el Uruguay vio en vivo por televisión, con la que hizo una estafa extraordinaria” que terminó con los procesamientos del entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y del ex presidente del BROU, Fernando Calloia. “Eso fue hace escaso tiempo. Cuesta creer que hoy estemos entregando este cheque en blanco a un empresario con esas características”, concluyó.
Caggiani aseguró a la diaria que el proyecto cuenta con las garantías necesarias para dejar bien parado al Poder Ejecutivo en caso de que algo salga mal con la iniciativa privada. También señaló que por la comisión han pasado autoridades, académicos e incluso el empresario argentino, y no existieron mayores críticas al proyecto de ley.