Entre el 13 y el 22 de junio, el Poder Ejecutivo abrió una consulta pública sobre la reglamentación de la ley de riego, en base al borrador de dos decretos. Uno de ellos, redactado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), define el concepto de caudal ambiental, uno de los criterios que se toman en consideración a la hora de otorgar un permiso de riego según la norma aprobada el año pasado. El otro, redactado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), precisa algunos aspectos de la ley, por ejemplo el proceso de otorgamiento de los permisos.
Algunas organizaciones sociales se negaron a participar en el proceso de consulta. En un comunicado, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida calificó la convocatoria del Ejecutivo de “parodia de consulta pública”, “tardía e inútil”. De todos modos, en diez días se recibieron aproximadamente 70 aportes, dijo a la diaria el director general de Recursos Naturales del MGAP, Fernando García Préchac.
Muchos comentarios apuntaron a señalar la inconstitucionalidad de la ley de riego, en lugar de analizar el decreto reglamentario. Pero hubo otros que marcaron carencias del borrador y que serán considerados por las autoridades e incoporados al decreto, aseguró García Préchac. Por ejemplo, escribanos y docentes de Derecho señalaron que no está claro en el decreto cómo se constituyen las asociaciones de regantes y cómo se dan mutuas garantías de que se va a cumplir con lo pactado.
Alcance de la autorización ambiental
El director nacional de Aguas, Daniel Greif, dijo a la diaria que se recibieron “un montón de aportes” que se están sistematizando, para “a la brevedad sacar una versión ajustada del decreto para proponer al Ejecutivo”. Greif comentó que muchos de los aportes eran en realidad solicitudes de aclaraciones sobre el alcance de algunos artículos.
Por ejemplo, en el borrador de decreto se encomienda al MVOTMA hacer una “evaluación ambiental estratégica” a ser incluida en el “programa de promoción del riego” que elaborará el MGAP. Luego se acota que se deberá tener “especialmente en cuenta” ese programa al momento de otorgar permisos de riego, pero que esto no será un obstáculo para el otorgamiento de los permisos. Algunas organizaciones y activistas interpretaron que estos artículos habilitan al Estado a aprobar proyectos sin autorización ambiental, pero la intención del Ejecutivo es establecer que podrán concederse los permisos aun cuando no exista un plan ambiental estratégico para la cuenca en cuestión. Esto no quiere decir que el proyecto esté eximido de obtener la autorización ambiental, puntualizó Greif. “Quedamos en buscar una redacción que fuera más explícita para evitar esa confusión”, señaló el jerarca.
Por otra parte, entre los aportes recibidos se propuso ampliar el alcance de los proyectos de riego que necesitan autorización ambiental, y el gobierno estudiará la sugerencia. El Decreto 349 de 2005, que el proyecto de reglamentación toma como referencia, detalla los casos que necesitan autorización: construcción de represas con una capacidad de embalse de más de dos millones de metros cúbicos o cuyo espejo de agua supere las 100 hectáreas; construcción de canales, acueductos, sifones o estaciones de bombeo que se utilicen para riego, cuando conduzcan más de dos millones de metros cúbicos por segundo; y la instalación de tomas de agua con capacidad para extraer más de 500 litros por segundo respecto de los cursos de agua superficiales y más de 50 litros por segundo para las tomas de agua subterránea.
Asimismo, hubo propuestas para aumentar el caudal ambiental, y otras para disminuirlo. El gobierno optó por mantener el criterio fijado: 60% de probabilidad de excedencia en cada mes en el caso de los embalses, y 80% de probabilidad de excedencia en el caso de las tomas de agua. “Hay gente que opina que es muy poco y otros que opinan que es mucho. Para los que lo miran desde la ecología, lo ideal sería que pasara todo el agua que el río trae. Del otro lado, dicen: ‘Con estos caudales, vamos a tener que tener agua almacenada para cumplir con el caudal ambiental, con una inversión impresionante; y justamente en el momento en que más la vamos a necesitar, que es cuando venga la seca, la vamos a tener que dejar pasar por el caudal ambiental, y probablemente no cierren los números de ningún proyecto’. Entre esos dos extremos hay que navegar”, resumió el director del MGAP.
Sin inversores a la vista
García Préchac adelantó que en sus planes de riego el MGAP se centrará en el desarrollo de tres cuencas antes de abocarse a redactar un plan nacional: la cuenca del Arapey, la del río San Salvador y la del Yi. “Ahí se estudiaron posibles represamientos y formas de conducción de agua, para poner a disposición de los interesados que quieran desarrollar esos proyectos o algunos parecidos”, informó el jerarca.
La nueva ley de riego habilita la constitución de asociaciones de regantes; el MGAP tiene identificado un grupo de regantes potenciales en Colonia Valdense, que quieren hacer una toma directa del río Rosario. Pero todavía no conocen grupos inversores externos a la producción que estén interesados en desarrollar infraestructura de riego. “Sin que haya un grupo de productores interesados en regar, difícilmente eso aparezca”, evaluó García Préchac.