El balance del año 2017 fue deficitario en 58.893 millones de pesos (1.878 millones de dólares) en materia de ejecución presupuestaria, y superavitario en 11.979 millones de pesos (382 millones de dólares) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, según consta en el proyecto de ley entregado por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, a la vicepresidenta Lucía Topolansky.
En la exposición de motivos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destaca que en 2017 la economía uruguaya siguió “desacoplándose de la dinámica regional, continuando la fase de expansión económica más larga en la historia del país”. Agrega que esto fue posible gracias a las políticas de diversificación de mercados de exportación, las políticas de atracción de inversiones productivas de nuevos orígenes, así como las “políticas macroeconómicas prudentes y consistentes que el país ha seguido desde 2005”.
El documento plantea como meta “seguir mejorando gradualmente el resultado fiscal”. El déficit fiscal se ubicó en 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017, cuando en 2016 fue de 3,8% y en 2015 había sido del 3,6%. No obstante, en el año móvil cerrado a abril de 2018, el déficit fiscal alcanzó 3,7% del PIB, “lo que implicó un deterioro de 0,2% del PIB respecto de lo observado en 2017”, advierte el MEF. La cartera insiste en el objetivo de llegar a un déficit de 2,5% para 2020. “Reducir el déficit fiscal es fundamental, por lo cual todo incremento permanente de gasto a ser incluido en la presente Rendición de Cuentas debe ser financiado enteramente con ingresos incrementales permanentes. El Gobierno continúa haciendo todos los esfuerzos posibles para cumplir la meta de resultado fiscal consistente con estabilizar la trayectoria de la deuda pública”, argumenta el proyecto. En 2015, la deuda bruta representaba 58,9% del PIB; en 2017 pasó a representar 65,4%, y el Ejecutivo estima que en 2020 se situará en 65,9% del PIB.
La exposición de motivos indica que el consumo privado y las exportaciones fueron factores que contribuyeron al crecimiento de la economía, pero advierte que el empleo y la inversión “no han logrado despegar”. Recuerda que desde mediados de 2014 se perdieron casi 47.000 empleos. Por tanto, fundamenta que, “en esta coyuntura, sería contraproducente aumentar la presión fiscal sobre las empresas, dado que ello podría lesionar aún más el proceso de inversión y la creación de empleo”. “Así, un criterio central de este proyecto de Rendición de Cuentas es no aumentar la carga tributaria”, acota el texto, en línea con declaraciones recientes del ministro Astori. Agrega que los ingresos tributarios por concepto de Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, Impuesto a la Renta de los No Residentes y Tasa Consular ya aumentaron, “lo que hace difícil establecer incrementos adicionales”. “Particularmente, en la situación macroeconómica actual, con niveles deprimidos de inversión y empleo, incrementos en la presión tributaria sobre los agentes económicos con capacidad de invertir y generar empleo serían altamente contraproducentes”, evalúa el MEF, en respuesta a las propuestas de sectores frenteamplistas que plantean aumentar la carga impositiva.
Los incrementos
La rendición prevé que el país crecerá 2,5% en 2018 y retomará “un ritmo de crecimiento más alto” a partir de 2019, llegando a 3,3% ese año y a 3% en 2020. “Este escenario de crecimiento para el bienio 2019-2020 se estima generaría recursos adicionales por aproximadamente 1.750 millones de pesos a partir de 2019”, apunta el MEF.
En línea con lo anunciado, la rendición propone destinar el incremento presupuestal a algunos gastos ya asumidos, como los derivados del acuerdo salarial con el Poder Judicial y del pago de nocturnidad para los funcionarios policiales. También se otorga una partida de 1.200 millones de pesos (38 millones de dólares) para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para “aumentar la oferta disponible de viviendas, en particular del régimen cooperativo”, y se destinan 1.140 millones de pesos (36 millones de dólares) a proyectos de participación público-privada viales y educativos.
Adicionalmente, la rendición establece un incremento presupuestal de 3.030 millones de pesos (96 millones de dólares), mayormente destinados a la educación (ver tabla), y reasignaciones para cubrir otras áreas prioritarias.
En la exposición de motivos se remarca que los recursos públicos invertidos en la educación aumentaron 165% en términos reales entre 2005 y 2017, y que en lo que va del presente quinquenio se destinó a educación 60% de los recursos adicionales asignados en instancias presupuestales. “En la Rendición de Cuentas que se remite, se propone mantener esta prioridad, asignando para educación casi 80% del gasto incremental propuesto para 2019”, destaca el texto.
Novedades de la Rendición
"Cultura agro". La rendición crea el Programa Nacional de Promoción de la Conciencia Agropecuaria, con el objetivo de “promover la conformación de una cultura del agro” y de “articular la comunicación y la educación”.
Consejo de Comunicación Audiovisual. La rendición crea el cargo de presidente del Consejo de Comunicación Audiovisual, y presupuesta tanto este cargo como los restantes cuatro integrantes del Consejo, que serán designados por la Asamblea General. Asimismo, autoriza de forma excepcional, por un plazo de tres años, el pase en comisión de funcionarios de la Administración Central para desempeñarse en tareas de asistencia directa al Consejo, con un tope de hasta diez funcionarios.
Certificación sanitaria de aves. Se crea un sistema de certificación sanitaria de la cadena avícola de aves y huevos, que incluirá las plantas de incubación, establecimientos avícolas de reproducción, de producción de aves de engorde y de producción y acopio de huevos, así como empresas de intermediación comercial de aves y huevos y establecimientos de faena de aves.
Secretarios. El proyecto crea los cargos de secretario nacional de Ciencia y Tecnología y secretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, con carácter de particular confianza.
Juego online. Se habilita a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas a explotar directamente el juego de lotería online, y se señala que se destinará hasta 10% de lo recaudado por dicho concepto a financiar “gastos de administración, funcionamiento, contralor y fiscalización”.
Firma electrónica. El proyecto dispone que los organismos nacionales que deban resolver sobre trámites migratorios “podrán tener por válidos y eficaces”, sin necesidad de legalización, a los documentos públicos electrónicos extranjeros con firma electrónica.