Una delegación de la Fundación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental “Caminantes” asistió el viernes 20 a una de las subcomisiones de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados, en la que ayer estuvo la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, para pedir recursos para la Ley de Salud Mental. En diálogo con la diaria, Hugo Achugar, integrante de Caminantes, resumió que solicitaron dos partidas de 100 millones de pesos –una para 2019 y otra para 2020– para implementar parte del plan piloto del área de Salud Mental de ASSE, fundamentalmente para contratar médicos y psicólogos, y para crear seis estructuras alternativas a los asilos. Esos recursos se destinarían a crear, en estos dos años, tres casas de medio camino (estructuras sanitarias de rehabilitación que cuentan con equipo técnico las 24 horas, de mediana estadía, a las que se puede recurrir luego de hospitalizaciones largas o períodos de crisis) y tres residencias con apoyo, que también cuentan con supervisión las 24 horas y son de media estadía.
En la reunión con los diputados, Achugar dijo que es un error pensar que se pueden usar los recursos que hoy están en las colonias psiquiátricas y en el Vilardebó “porque hay una etapa de transición”, y sostuvo que se necesita invertir en recursos humanos porque el cambio de paradigma “implica reciclar profesionales y cabezas porque se trata de un cambio de tratamiento y de concepción”.
Achugar también comentó que se reunió con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, para la creación de residencias asistidas, y recordó que el Ministerio de Desarrollo Social y otras instituciones también tienen competencias en esta ley, que es integral.
En su boletín semanal, el colectivo Radio Vilardevoz manifestó el martes su preocupación por que sólo se esté pensando el tema desde una perspectiva sanitarista. “La apuesta debería ser no sólo por recursos específicos para la salud sino también por la construcción de políticas intersectoriales para garantizar acceso a vivienda, trabajo y educación”. El colectivo también advirtió: “Prevenir es mejor que curar’”.