“Defender la memoria como una trinchera” es la consigna que utilizan las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que convocaron para hoy a las 18:00 a un acto en repudio por la vandalización de las placas de la memoria. Como se sabe, a finales de junio la justicia procesó a un militar retirado que manchó con pintura verde las placas de la memoria ubicadas en el ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR) y frente al Hospital Militar.
En las últimas horas se registró un nuevo incidente vinculado al tema. El lunes de tarde, el director del hospital militar, coronel Alejandro Salaverry, se comunicó con el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, para transmitirle que una señora había encontrado la placa que está amurada al monolito tirada a pocos metros del lugar.
Tras la conversación, Menéndez le ordenó a Salaverry que presentara la denuncia policial, lo que se concretó un par de horas después en la seccional 9°, ubicada en el Estado Centenario. “Y le solicitó además que funcionarios del hospital la colocaran nuevamente, algo que también ya se concretó, ayer [el lunes] de nochecita. O sea que para el acto de mañana [por hoy] ya está colocada con normalidad”, explicó anoche a la diaria Juan Delgado, director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Según agregó el jerarca, la denuncia policial se presentó “para determinar las razones por las cuales no estaba en el lugar que tenía que estar, porque existe la posibilidad de que alguien la haya desprendido”
“Es algo que no sabemos y que dependerá de la investigación policial. De pronto se pueden usar las mismas cámaras de videovigiliancia que se utilizaron para identificar al responsable de la vandalización”, sugirió el funcionario del Ministerio de Defensa.
Carlos Díaz Vecino, un militar retirado de 56 años, recibió dos sanciones por la vandalización original de las placas. Una administrativa, que consistió en un arresto a rigor de ocho días (que ya cumplió en la región militar número 1) y una penal, que estableció, entre otras cosas, una pena de seis meses de libertad vigilada por dos delitos de “daño agravado en reiteración real”. En esta última, además, se le otorgaba un plazo de 30 días para la reparación y limpieza de ambos monumentos, algo que ya hizo, primero en el CGIOR y luego en el Hospital Militar.