En las últimas semanas, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se quejó en más de una ocasión por el número de policías, a su entender excesivo, que la cartera debe destinar a custodia personal, por ejemplo en casos de violencia doméstica. Comentó que hay más de 500 policías destinados a esas actividades, cuando podrían estar patrullando.
Esta percepción se plasmó en el artículo 83 de la Rendición de Cuentas, que establece que “sólo podrá decretarse como medida de protección una custodia personal siempre que la persona se encuentre comprendida en el Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Víctimas y Testigos de Delitos y previo informe del Ministerio del Interior favorable respecto a la efectividad y viabilidad de tal medida”. Actualmente, si el Poder Judicial dispone custodia personal, el ministerio tiene que cumplir con la medida. El artículo de la rendición agrega que “la permanencia del beneficiario en el sistema de protección estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones que suponen la medida de custodia personal”, y sostiene que “en caso de incumplimiento, la medida cesará en forma inmediata, lo cual será comunicado al juez competente”. Finalmente, se aclara que esta disposición se reglamentará en un plazo de 120 días.
Además, en el articulado referente al Ministerio del Interior, se suprimen 101 cargos de policía y se crean 200 cargos de policía para el Programa de Alta Dedicación Operativa, lo que implica un costo de 35,5 millones de pesos.
Asimismo, se incluye nueva regulación sobre celulares. Se prohíbe la importación de aparatos sin número identificatorio de dispositivo móvil internacional válido y se obliga a las operadoras de telecomunicaciones a bloquear en un plazo de 180 días el acceso a la red celular de los aparatos que tengan un número identificatorio no válido, adulterado o repetido, así como de los aparatos que aparezcan como “hurtados en los países de la región” según la base de datos de la Asociación GSM.
Finalmente, en la rendición se establece la creación de la Dirección Nacional de Investigaciones, con jurisdicción nacional y dependiente del director de la Policía Nacional. Abarcará a la Dirección General de Información e Inteligencia, la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, y la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.