Las pocas expectativas que había de que se alcanzara con rapidez una solución a la crisis que vive Nicaragua desde mediados de abril se disolvieron el lunes, cuando la Conferencia Episcopal suspendió el “diálogo nacional” que mantenían representantes del gobierno, los estudiantes, los empresarios y la sociedad civil. La institución religiosa, que oficiaba de mediadora y testigo de esas conversaciones, anunció que las mesas de trabajo creadas para superar la crisis en el país iban a quedar paralizadas de inmediato debido a agresiones que sufrieron varios obispos por parte de “grupos paramilitares”.
El primer atentado ocurrió el lunes de tarde cuando paramilitares irrumpieron violentamente en una basílica de la ciudad de Diriamba, al oeste del país, y golpearon al nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, al cardenal Leopoldo Brenes y al obispo Silvio Báez. La agresión ocurrió cuando los obispos ingresaron a la iglesia para liberar a un grupo de enfermeros y misioneros franciscanos que estaban sitiados por los que, según el clero, eran paramilitares afines al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
“Hemos sentido esa acción, dura, fuerte y brutal contra nuestros sacerdotes. Nunca habíamos visto algo así en Nicaragua y verdaderamente es triste”, dijo Brenes, también arzobispo de Managua, después de una oración en la Catedral Metropolitana. “Hemos ido a las parroquias no para hacer violencia, sino para consolar a nuestros sacerdotes, para acompañarlos en el sufrimiento. Sin embargo, hemos recibido esa agresión y todos hemos sufrido por Cristo”, agregó.
Unas horas más tarde, otro grupo de paramilitares “profanó” una iglesia católica en Jinotepe, ciudad ubicada en el centro de Nicaragua, donde otros dos religiosos resultaron heridos, denunció la Conferencia Episcopal, que publicó en redes sociales: “Fuerzas paramilitares profanaron el templo y agredieron a los sacerdotes Jalder Hernández y Eliseo Hernández, en la parroquia Santiago en Jinotepe. El Señor tenga piedad de los necios e insensatos”. En imágenes compartidas por vecinos, puede observarse la destrucción casi total del interior de la parroquia, con vidrios rotos, sillas y escritorios destruidos y papeles tirados en la calle.
Los dos hechos ocurren en el marco de la ola de violencia desatada por actos de represión hacia quienes protestan contra el presidente Ortega. Desde que comenzó la crisis, el 18 de abril, murieron 320 personas, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Las protestas, inicialmente, tenían como objetivo rechazar una reforma de la Ley de Seguridad Social impulsada por el gobierno, pero luego se transformaron en manifestaciones contra la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y contra el gobierno.
Distintas organizaciones internacionales condenaron la violencia en el país y exigieron a Ortega que termine con la represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos responsabilizaron al gobierno por violaciones a los derechos humanos. En tanto, Amnistía Internacional condenó la “impunidad” de los grupos paramilitares, que “andan a sus anchas fuertemente armados, acompañados por cuerpos policiales, cometiendo ataques de forma conjunta en contra de la población civil”. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, se encargó de negar todas las acusaciones.
El lunes, el Ejecutivo de Ortega anunció en un comunicado que está dispuesto a discutir una propuesta de “democratización” presentada en el diálogo nacional, pero sólo si se resuelve antes el “gravísimo problema del terrorismo” en el país. Mientras tanto, con el diálogo suspendido, el futuro es incierto.