La Comisión de Vivienda del Senado analiza el proyecto de ley de desalojos colectivos, ya aprobado por la Cámara de Diputados. Existe consenso favorable a la iniciativa entre el oficialismo y la oposición, y se prevé que pasará al plenario de la cámara alta la próxima semana.
El proyecto tiene dos grandes ejes. El primero establece que los desalojos colectivos –definidos como aquellos que impliquen a un núcleo de cinco o más personas– se harán a partir de una demanda, y que “sólo se tramitarán por este procedimiento aquellas acciones [...] iniciadas sobre inmuebles que se encuentren ocupados en forma precaria por un período mínimo de 24 meses continuos, sin que el propietario haya iniciado acciones judiciales tendientes a su recuperación” (esto significa que el propietario ha incumplido las obligaciones establecidas por la Ley de Ordenamiento Territorial). Además, se obliga al demandante a “acompañar y acreditar un proyecto sobre las obras o destino que le dará a el o los inmuebles” de su propiedad de los que reclama que se desaloje a personas. El segundo eje refiere a los cambios en el régimen de prescripción adquisitiva de inmuebles, para facilitar que los ocupantes, si cumplen con una serie de exigencias, puedan volverse propietarios de los inmuebles o predios que ocupan.
El senador frenteamplista Charles Carrera explicó a la diaria que si bien se le realizarán algunas modificaciones al proyecto enviado por la Cámara de Diputados, existe consenso entre los integrantes de la comisión para aprobarlo. Las ocupaciones colectivas, sostuvo, son una “problemática social”, y de esta definición se desprende que el proceso para resolver la situación “tiene que darles garantías a las dos partes”. Actualmente hay un procedimiento breve: el propietario presenta la demanda y el juez decreta el desalojo. En cambio, aplicar las normas del proceso ordinario, con las correspondientes audiencias, “es más garantista”, según Carrera, ya que no es tan sólo “un decreto de desalojo y listo”. Asimismo, el proyecto asume que “si hay un terreno ocupado, es porque hay un propietario que no cumplió sus obligaciones, las que establece la ley de Ordenamiento Territorial”, y por lo tanto se obliga al demandante “a decir qué va a hacer con ese terreno”.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha detectado que algunos propietarios especulan con las ocupaciones de sus predios, tolerándolas para que luego las instituciones del Estado decidan su expropiación y los compren. El director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, explicó que esta iniciativa busca “proteger los derechos de todas las partes”, estableciendo, entre otras cosas, ciertas previsiones para que los desalojos no se desarrollen de una semana a la otra, dejando desamparados a los ocupantes.
El senador nacionalista Jorge Saravia adelantó que su partido comparte el “espíritu del proyecto” porque se establecen las “garantías necesarias” del proceso, permitiendo al desalojado contar con un tiempo prudencial para realojarse, y también se fijan ciertos requisitos pertinentes para quienes hacen la demanda. Saravia estimó que es “probable” que la comisión lo apruebe la semana que viene y que pase a ser votado por el Senado.